La privatización del sistema telefónico de Brasil fijada para el 29 de julio, dos meses antes de las elecciones presidenciales, afronta una politización que podría reducir el ingreso que pretende obtener el gobierno.
El principal candidato opositor, Luis Inacio Lula da Silva, reiteró este jueves la acusación de que el gobierno apura la venta de la antigua Telebrás para una posible recaudación de recursos ilegales destinados a la campaña electoral del presidente Fernando Henrique Cardoso.
Su sospecha, indicó, se basa en el precio mínimo establecido para el sistema, 13.470 millones de reales (unos 11.600 millones de dólares), y recordó que las autoridades preveían precios muy superiores, de más de 30.000 millones de dólares, algunos meses antes.
La reducción del precio favorece a posibles compradores, que más tarde podrían hacer generosas contribuciones para la reelección de Cardoso, insinuó José Dirceu, presidente del Partido de los Trabajadores, del que Lula es el principal dirigente.
Antes de su muerte, el 19 de abril, el ex ministro de Comunicaciones Sergio Motta estimaba en al menos 18.000 millones de dólares la suma a ser obtenida. Esta cifra fue ratificada por su sucesor, Luiz Carlos Mendonza de Barros, y otras autoridades ejecutoras del Programa Nacional de Desestatización.
Cardoso rechazó, a través de su vocero, Sergio Amaral, la declaración de Lula como "irresponsable e inaceptable", asegurando la transparencia del proceso.
Además de la sospecha sobre el precio, el candidato opositor, condenó la venta del sistema Telebrás como "perjudicial para el pueblo brasileño".
Su compañero de fórmula, Leonel Brizola, candidato a la vicepresidencia, ha denunciado que la licitación busca favorecer al grupo Globo, que controla la mayor red de televisión y otros medios de comunicacin, concentrando fuerte poder de influencia en la opinión pública.
Telebrás fue dividida en 12 "holdings", siendo tres de telefonía fija, ocho de teléfonos celulares y uno de comunicación a larga distancia, para su transferencia al sector privado.
La empresa más cara será la Telefónica de Sao Paulo (TELESP), cuyo precio mínimo se fijó en 3.030 millones de dólares, por servir el mayor mercado brasileño, donde se concentra más de la mitad del producto industrial del país y la agricultura más desarrollada.
El gobierno indicó que el precio se redujo en relación a las estimaciones iniciales, porque se está eliminando el monopolio en la privatización. Además, se comprobó que la parte estatal de Telebrás, antes calculada en 21 por ciento, es efectivamente de sólo 19,26 por ciento.
Todo el sistema de telecomunicaciones, antes dividida en 26 empresas estaduales, tuvo su valor total estimado en 103.500 millones de dólares, pero considerando el monopolio del sector.
La competencia entre inversores interesados, sin embargo, es la que determinará el precio final de cada empresa privatizada. El temor radica en que el ambiente mundial inestable, con la crisis asiática y rusa afectando los mercados emergentes como el brasileo, reduzca la disputa por las telefónicas locales.
La caída de Cardoso en las encuestas también puede alejar interesados, ante la incertidumbre política por un posible triunfo de Lula, manifiestamente contrario a las privatizaciones.
La politización de la mayor privatización brasileña también debe multiplicar las acciones judiciales con que opositores intentarán suspender la subasta.
Telebrás ya enfrentó dificultades para realizar una Asamblea de su administración para definir la reestructuración del sistema telefónico el mes pasado. Medidas judiciales retardaron la formalización de la decisión.
A la larga, sin embargo, ésta debe ser la privatización que cuente con la más fuerte legitimación ante la opinión pública. Los servicios prestados por el sistema estatal son uno de los principales motivos de queja entre la población.
Millones de personas esperan por teléfonos pedidos y en centenares de miles de casos el derecho a una línea ya fue pagado hace varios años.
La privatización busca atender a una demanda reprimida de más de 10 millones de teléfonos, a precios incomparablemente más bajos. Además, obliga a las empresas compradoras a realizar abultadas inversiones en los próximos años, universalizando el servicio. (FIN/IPS/mo/ag/ip-if/98
