La sequía en el nordeste de Brasil provocó una nueva ola migratoria, aunque limitada por el desempleo en las metrópolis de destino, en el sur, y por la reacción de autoridades municipales, que intentan devolver a los desplazados al punto de origen.
La sequía provocada por el fenómeno climático de El Niño agravó este año el hambre en zonas del interior del nordeste brasileño habitadas por diez millones de personas.
"La gente se cansa de esperar la ayuda del gobierno, que no llega, y se marcha", señaló Josefa Gomes, que este año ya recibió a diez primos procedentes de Serra Redonda, un pobre municipio de Paraíba, uno de los nueve estados del nordeste.
Gones, que vive desde hace 15 años en Río de Janeiro como empleada doméstica, dice que más de 30 primos suyos dejaron su tierra natal para radicarse en esta ciudad, la segunda de Brasil, la mayoría como obreros de la construcción y porteros de edificios.
"Este sábado llegarán otros tres", anunció Gomes, explicando que las olas de migración responden a la pérdida por falta de lluvias de las cosechas de maiz, arroz, frijoles y yuca.
Este año ocurrió la llamada "sequía verde", la más perjudicial. Engañados por lluvias esporádicas que mantienen la vegetación aparentemente sana, verde pero improductiva, los agricultores realizan la siembra y pierden entonces hasta las semillas.
Pero los nuevos migrantes son mal recibidos, especialmente en Sao Paulo, el principal destino de los "nordestinos" en el pasado, donde el desempleo alcanzó a 18,9 por ciento, según el último índice medido por un instituto sindical.
La municipalidad de Sao Paulo ofrece pasajes gratuitos en autobús para que los migrantes vuelvan a sus tierras de origen. De enero a mayo fueron devueltas al nordeste 560 personas, frente a 915 en los 12 meses del año pasado. El promedio mensual aumentó 47 por ciento.
El alcalde Celso Pitta justificó su medida, acusando sus colegas del nordeste de estimular la migración pagando pasajes para Sao Paulo a los damnificados por la sequía.
El masivo desplazamiento hacia el sur es una de las alternativas para aliviar el hambre y sus consecuencias. Los saqueos proliferaron en la región afectada desde abril, llevando el gobierno central a promover una gran operación de asistencia al nordeste.
El gobierno intenta también acelerar la jubilación de trabajadores del nordeste y ofrece crédito preferencial a pequeños agricultores de la región.
Promover ahora el desplazamiento de pobres a Sao Paulo "es un absurdo", dado que se aproxima el invierno, advirtió Pitta. El arribo de migrantes aumenta la cantidad de habitantes sin techo de la ciudad, entre quienes el frío causa numerosas víctimas.
La municipalidad duplicó la capacidad de sus albergues y puede acoger hasta 3.600 personas sin abrigo. Incluso está en condiciones de multiplicar por 10 esa cantidad, pero aún esa capacidad podría ser desbordada por un arribo masivo de "nordestinos", dijo el alcalde.
Los migrantes son también atraídos por una disposición votada por el Concejo municipal, que asegura ayuda financiera a familias muy pobres, señaló Pitta, cuya oposición a esa iniciativa fue derrotada.
Esa "ley del ingreso mínimo" es un mecanismo ya aprobado por el gobierno central y varios municipios, como forma de combatir la miseria. Pero en general, se exige que los aspirantes al subsidio acrediten cinco años de residencia en el lugar, una condición no prevista en Sao Paulo.
El rechazo a los migrantes se verifica también en otras ciudades. Santos, el mayor puerto brasileño, a 70 kilmetros de Sao Paulo, ya "devolvió" a 1.300 personas procedentes de varias regiones, especialmente del nordeste, según informaron las autoridades municipales.
Sorocaba, a 100 kilómetros de Sao Paulo, ofrece a los migrantes, además del pasaje gratuito en autobús, alimentos para el viaje de regreso. En Indaiatuba, un municipio vecino, la policía presiona a los que llegan para persuadirlos a buscar otro destino.
Tales medidas provocan un movimiento constante de migrantes por el país. Algunos abogados advirtieron que esos mecanismos de "expulsión" de migrantes son contrarios a la Constitución, que asegura a todos el derecho "de ir y venir", y que los municipios gastan fondos públicos en esa tarea de forma irregular. (FIN/IPS/mo/ff/pr/98
