/BOLETIN-DROGAS/ URUGUAY: Drogas, alcohol y violencia en debate

El gobierno de Uruguay busca controlar el aumento del consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes, no sólo por razones de salud pública, sino porque en los últimos años incidió en mayor número de delitos violentos.

Entre 25 y 30 por ciento de los jóvenes de 18 años pueden estar vinculado a alguna forma de drogadicción y, a diferencia de lo que sucedía años atrás, el consumo se extendió de las clases media y alta a todos los sectores sociales, dijo el ministro del Interior, Luis Hierro.

Hierro reveló la semana pasada ante una comisión parlamentaria que técnicos de ese Ministerio estiman que uno de cada cuatro jóvenes está vinculado "en forma habitual" a alguna droga.

Ese hecho ha generado "preocupación y alarma" en el gobierno, por lo que se decidió buscar en forma conjunta con el Poder Judicial y las autoridadees de la enseñanza los mecanismos que permitan controlar esta situación.

El ministro destacó la vinculación del consumo de drogas y alcohol con el aumento de los delitos violentos que se ha registrado en Uruguay en la última década. Esto ha creado "un circuito terrible que tenemos la obligación de cortar", afirmó.

Con respecto al consumo de alcohol y a infracciones menores que pueden convertirse en delito, el gobierno cree que algunos sectores de la justicia no actúan con la debida severidad para sancionar esas conductas.

Además de la sanción a delitos, el Código Penal prevé sanciones a "faltas" que se penan con multa en lugar de prisión. Entre ellas están los desórdenes por consumo de alcohol en la vía pública.

"La evidencia indica que lo que antes era un hábito de sectores altos de la sociedad, hoy lamentablemente afecta a toda la población" y la drogadicción está "vinculada a situaciones de violencia creciente" con la participación de jóvenes de zonas marginales.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en Uruguay, seguido por los psicofármacos, los solventes volátiles -que los jóvenes mezclan con alcohol-, la marihuana y la cocaína.

Aunque un estudio nacional del Ministerio de Salud Pública en poder de IPS indica que el alcohol es la sustancia psicoactiva de más utilizada, el uso de sustancias ilegales registra una tendencia progresiva de aumento.

Cerca de 80 por ciento de la población consume bebidas alcohólicas y más de seis por ciento se encuentra en situación de "consumo peligroso", dice el informe.

La población adolescente de Uruguay, entre 10 y 19 años, que representa casi 500.000 de los 3,1 millones de habitantes, es la más vulnerable, según el estudio del Ministerio de Salud Pública.

Hierro dijo a los parlamentarios que expertos de su Ministerio señalaron los riesgos existentes para ese sector de la población y en particular para los marginados.

"Un joven que no tiene trabajo ni familia, que no está estructurado ni continentado, es vinculado a las drogas por organizaciones delictivas", indicó el ministro y sostuvo que esas organizaciones "entrenan y preparan" a personas de esos sectores sociales para cometer delitos.

A comienzos de este año, la policía descubrió que un recluso coordinaba desde la cárcel la distrubución de drogas y otras acciones delictivas teniendo como centro de esa actividad un barrio marginal de la zona norte de la capital.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia Gervasio Guillot, el segundo en la historia cercano al izquierdista Frente Amplio, introdujo recientemente un nuevo ingrediente al debate, al declararse partidario de despenalizar el consumo de drogas blandas como la marihuana.

La despenalización abarataría el producto y si éste tiene el costo de un paquete de cigarrillos, "una joven que consume marihuana no tendrá necesidad de prostituirse para pagarla", arguyó.

"Penar el consumo me parece medieval y bárbaro", dijo Guillot, y aunque en Uruguay no está sancionado el consumo, considera exagerada la pena mínima de cuatro años de prisión a quien comercializa pequeñas cantidades de droga.

Por esa razón respalda un proyecto del gobierno que "flexibiliza" las penas mínimas para esos casos, porque generalmente las sanciones altas no permiten reeducar a una persona y se la está crucificando. (FIN/IPS/rr/ag/ip/98

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