Las cárceles de Venezuela son las más violentas del mundo, a juzgar por el número de homicidios en relación con su población reclusa, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
En 1997 se registraron 336 homicidios, en una población carcelaria que supera apenas las 26.000 personas, por lo que pereció 1,3 por ciento de los presos, dijo en Caracas el abogado José Vivanco, director para América de la organización humanitaria.
Además, 1.438 reclusos resultaron heridos graves, comentó el directivo de HRW, con sede en Washington, en una rueda de prensa convocada el martes pasado.
Brasil tiene una situaciónn carcelaria difícil, pero por los datos que maneja de un estudio todavía en curso "los crímenes tras las rejas son mucho menos que en Venezuela", según Vivanco, un abogado de nacionalidad chilena.
Colombia "tiene la situación de derechos humanos quizás más grave de todo el hemisferio, pero principalmente por los crímenes cometidos por los grupos paramilitares, en ocasiones con la cooperaciónn de militares, y también por la guerrilla", apuntó.
"Pero no hablamos de las cárceles colombianas porque su situación, aún si difícil, no tiene punto de comparación en cuanto a violencia con las de Venezuela", insistió.
Vivanco estuvo el martes en Venezuela para denunciar la situación carcelaria y entregar una carta al presidente Rafael Caldera, sobre otro grave y creciente problema de derechos humanos en el país: las ejecuciones extrajudiciales.
El activista apeló a ejemplos de países industrializados para ilustrar el triste récord venezolano de violencia carcelaria.
En Estados Unidos, con un millónn de reclusos (1,7 millones según otras fuentes) se produjeron en 1997 sólo 67 muertes y en Canadá, con 36.000 presos, sólo dos en ese año.
HRW coincide con otras organizaciones no gubernamentales y la Comisiónn Interamericana de Derechos Humanos en que las cárceles son el mayor problema de Venezuela en materia de respeto del derecho humanitario.
La organización suma ahora el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales.
HRW alerta que la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones policiales), la Policía Técnica Judicial (cuerpo de detectives) y la Policía Metropolitana de Caracas recurren a "uso excesivo de fuerza mortífera" y se benefician de actitudes de encubrimiento e impunidad.
En la carta a Caldera, que fue recibida por Asdrúbal Aguiar, ministro de la Secretaría y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Vivanco le instó a tomar medidas para evitar la impunidad en ocho casos de ejecuciones extrajudiciales imputadas a funcionarios policiales.
Se trata de "una lista no exhaustiva" de casos ocurridos entre 1993 y 1997 "que sugieren una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales", para las que se pide una comisión independiente de investigación.
Ello porque los procedimientos vigentes para investigar presuntos excesos policiales, el "nudo hecho" seguido del "secreto sumarial" ha retrasado las investigaciones y lo seguirá haciendo hasta que en julio de 1999 rija un nuevo Código Procesal Penal que los suprime, recordó Vivanco.
Pese a que las ejecuciones extrajudiciales sugieren una práctica sistemática, seguida de las de encubrimiento de crímenes e intimidación de testigos, Vivanco negó que se esté "ante un cuadro de escuadrones de la muerte en Venezuela".
Vivanco dijo que Aguiar, le aseguró que Caldera estudiará tanto la carta como el informe sobre la situación carcelaria, titulado "Castigados sin condena".
HRW asegura que la situación sólo podrá superarse si se hace de ella una prioridad y se la enfrenta con un plan de emergencia.
Las condiciones físicas de las cárceles venezolanas son deplorables, el hacinamiento es intolerable -fueron construidas para 16.000 presos- y los establecimientos están en manos de bandas de presos que abusan y explotan a los detenidos más débiles.
En algunos casos, los guardianes también actúan en la explotación y abuso de los detenidos, y a veces son cómplices de los homicidios perpetrados, alega el informe.
Pero sobre todo las cárceles son dominadas por las bandas ante la impotencia de los 600 vigilantes con que cuentan las 32 prisiones, setencia HRW que ha definido al sistema penitenciario local como medieval.
Es frecuente que un solo vigilante deba cuidar a 100 presos, comentó Vivanco.
Los reclusos están, por lo demás, amontonados en las celdas o en los espacios entre éstas sin atención alguna, sin clasificaciónn entre detenidos peligrosos o no, y ni siquera clasificados entre procesados y penados.
Más de 70 por ciento de los presos en Venezuela son procesados sin sentencia "que ni siquiera deberían estar presos", recordó Vivanco.
Según el activista, es preciso un plan de emergencia que atienda la situación de los presos a partir del principio de que están "bajo la custodia del Estado".
Añadió que el ejercicio de esa custodia no corresponde sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, garante de la legalidad, y otras instancias.
El parlamento debe aprobar los recursos para que el sistema penitenciario funcione y la Fiscalía cumpla su papel, y el Poder Judicial tiene que ser más diligente para descongestionar las cárceles, acotó.
En cuanto a la Fiscalía, "no puede seguir escudándose en que carece de suficientes abogados, dinero o equipos de computación. Su papel no es el de describir la situación como si fuera una ONG. Debe seguir casos concretos y sentar precedentes para mejorar la situación", concluyó Vivanco. (FIN/IPS/jz/ag/hd/98
