Organizaciones de derechos humanos criticaron la decisión de Trinidad y Tobago de retirarse de dos convenciones internacionales con el fin de facilitar la ejecución de las condenas a muerte.
Tras una campaña liderada por el fiscal general, Ramesh Maharaj, el gobierno denunció la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo Opcional (relacionado con la pena de muerte) del Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos.
"Era necesario que Trinidad y Tobago tomara estas medidas para cumplir el mandato constitucional estipulado por el Consejo Privado", explicó Maharaj a la Cámara de Representantes.
Maharaj se refería a una decisión adoptada en 1994 por el Comité Judicial del Consejo Privado de Gran Bretaña, que impuso límites de tiempo a la aplicación de la pena de muerte.
"Para cumplir con la resolución del Comité Judicial, deben reducirse los plazos de las revisiones (de condenas a muerte) por los organismos internacionales de derechos humanos. Si no se reducen, las demoras podrían impedir la ejecución de la sentencia", arguyó Maharaj.
Trinidad y Tobago se adhirió al Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1978 y al Protocolo Opcional del Convenio en 1980. También ratificó en 1991 la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, Maharaj arguyó que cuando los tratados fueron firmados, "no había base legal para las demoras en el proceso de apelación o en la presentación de la solicitud de revisión por parte del condenado".
"Esta situación cambió radicalmente, ya que los plazos son ahora utilizados como obstáculo a la aplicación de las leyes sobre pena de muerte de Trinidad y Tobago", agregó.
Amnistía Internacional (AI) y Caribbean Lifelines, dos organizaciones defensoras de los derechos humanos con sede en Gran Bretaña, exhortaron al gobierno a "reconsiderar la medida retrógrada adoptada".
"La razón aparente de la decisión del gobierno es su deseo de poder ejecutar personas en condiciones que escapen al control internacional", señaló con alarma AI, que pretende que la OEA presione al gobierno trinitario para que revierta su decisión.
Caribbean Lifelines fue más allá en su condena a la medida. "La historia demuestra que los gobiernos que intentan aislar a sus ciudadanos apartándose del escrutinio internacional en general tienen algo que esconder", señaló el grupo.
A nivel nacional, donde la pena de muerte goza de amplio apoyo, el gobierno recibió duras críticas del opositor Movimiento Nacional del Pueblo, que acusó a la administración de Basdeo Panday de "planear en secreto la denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para excluirse de la jurisdicción del tratado".
Trinidad y Tobago es el primer país que notifica su retiro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aunque ésta nunca fue ratificada por Estados Unidos ni por las Bahamas. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/ml/hd/98
