La decisión del gobierno de Pakistán de suspender derechos fundamentales de la población al imponer una emergencia militar y económica fue menos festejada que las cinco pruebas nucleares de la semana pasada.
Poco después de sumarse por la fuerza al exclusivo club nuclear, al responder a los cinco ensayos nucleares de India el 11 y 13 de mayo con un número igual de pruebas atómicas, el presidente pakistaní, Rafique Tarrar, declaró el 28 de mayo el estado de emergencia nacional.
La medida puso fin a un período de 13 años de libertades democráticas, y fue justificada por la amenaza a la seguridad nacional planteada por los supuestos planes de India de atacar las instalaciones nucleares de Islamabad.
Pakistán sostuvo también que India se propone llevar la guerra contra los insurgentes en Cachemira dentro de fronteras pakistaníes.
Pero grupos civiles afirman que la decisión "no tiene justificación", según dijo el analista político Aziz Siddiqui, ex editor y ahora director conjunto de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
"Ya fue suficientemente malo que Pakistán siguiera adelante (con las pruebas), pero suspender derechos económicos y humanos de los ciudadanos empeora las cosas", observó el abogado y activista Asma Jahangir.
La situación de emergencia da al gobierno la potestad para suspender los derechos de libre expresión, de realizar manifestaciones políticas y reuniones públicas de grupos políticos, empresariales, comerciales y profesionales, de libertad de prensa y a la protección de derechos de propiedad.
Los ciudadanos tampoco tienen derechos a garantías en relación al arresto y el encarcelamiento, y a la esclavitud y el trabajo forzado, suprimido no por primera vez en la historia del país asiático. Más de la mitad de los 50 años de historia de Pakistán han transcurrido bajo dictaduras militares y regímenes marciales.
Grupos de ciudadanos y los medios expresaron sorpresa y malestar, ya que el estado de emergencia fue impuesto por un gobierno civil y electo que llegó al poder con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional.
Un editorial del diario Dawn sostuvo que el estado de emergencia refleja "una falta de confianza fundamental" en la misma gente a la que se le pide que haga sacrificios y ajuste sus cinturones ante las esperadas sanciones económicas.
Con alrededor de 30 por ciento del presupuesto financiado por donantes extranjeros, después de las sanciones, el Consejo Económico Nacional decidió cortar 50 por ciento de todos los gastos, a excepción de los fondos para el desarrollo y los salarios.
El gobierno detuvo las transacciones en divisas y congeló las cuentas en moneda extranjera, una medida considerada como un medio de controlar el pánico que podría haber seguido a la aplicación de las sanciones internacionales, cuyo costo se estima en 2.000 millones de dólares.
Los principales partidos políticos protestaron contra la anulación de los derechos constitucionales.
La emergencia nacional hundió la euforia inicial que celebró las pruebas nucleares en las calles de las principales ciudades de Pakistán, realizadas el 28 y 30 de mayo, y expuso al primer ministro Sharif a acusaciones de que sus ambiciones nucleares destruyeron el espíritu nuclear. (FIN/IPS/tra-en/bs/an/lp/ip hd/98
