El proyecto de estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) que se comenzó a discutir esta semana en Roma configura un tribunal que "será en la práctica un arma geopolítica de las grandes potencias", comentó un miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
La CPI diseñada por el proyecto de estatuto en debate se convertirá en "un instrumento del Consejo de Seguridad" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo el abogado Alejandro Teitelbaum, representante en Ginebra de la AAJ.
El jurista, residente en Francia, llamó a las organizaciones no gubernamentales y a la comunidad internacional a impedir que en la Conferencia de Roma se instaure un tribunal que puede servir como "nuevo instrumento de dominación de las grandes potencias".
Con la actual redacción del proyecto, opinó, la CPI se agregará al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio, al Consejo de seguridad y al proyectado Acuerdo Multilateral de Inversiones.
"No hay que descartar la eventualidad de que en la Conferencia de Roma una minoría de estados intenten crear un tribunal de tales características", advirtió Teitelbaum.
La conferencia diplomática de plenipotenciarios de la ONU para la creación de una Corte Penal Internacional fue inaugurada el lunes pasado por el secretario general del foro mundial, Kofi Anan, en presencia del presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro.
La conferencua debatirá durante cinco semanas un proyecto de estatuto de la CPI elaborado inicialmente por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Al borrador de la iniciativa se sumaron propuestas de reforma presentadas en sucesivos comités preparatorios.
El articulado del proyecto establece que no podrá presentarse a la CPI ninguna denuncia relativa a un acto de agresión o directamente relacionada con ese acto sin que el Consejo de Seguridad confirme que un estado ha cometido la agresión señalada.
"No es difícil imaginar qué puede ocurrir si el estado agresor tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad", una prerrogativa exclusiva de los cinco miembros permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, dijo Teitelbaum.
Según el proyecto, las grandes potencias podrán denunciar a ciudadanos de cualquier otro estado aunque no acepten la eventualidad de que sus propios nacionales estén alguna vez en el banquillo de los acusados, observó.
El jurista comentó que "ya se ha visto en los últimos años con qué latitud ha manejado el Consejo de Seguridad la Carta de la ONU, utilizándola como pretexto para convertirse en un gobierno mundial".
También lamentó que entre los crímenes que serían competencia de la CPI no se cuenten las desapariciones forzadas, la violencia sexual ni otros delitos como el tráfico de niños y las adopciones ilegales internacionales.
El proyecto tampoco contempla las violaciones graves y masivas de los derechos económicos, sociales y culturales, ni la persecución sistemática a las organizaciones sindicales y a los sindicalistas.
Así mismo, se señala que el proyecto no ha recogido el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo ni ha tratado de inspirarse en los sistemas europeo y americano.
La Corte Interamericana y el tribunal Europeo de derechos Humanos conceden a los particulares el derecho a la presentación de denuncias, comentó Teitelbaum.
Las víctimas, sugirió, en forma individual o colectiva deben tener la posibilidad de formular denuncias ante la CPI, ya sea en forma directa, como en el sistema europeo, o indirecta, como en el interamericano.
En el caso de la CPI, la vía indirecta de denuncia de las víctimas podría establecerse a través de los Comités de los Pactos y Convenciones de Derechos Humanos, que se pronunciarían sobre su admisibilidad.
Teitelbaum sostuvo que la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y los Comités de los Pactos y Convenciones Internacionales, deberían tener la facultad de presentar denuncias al tribunal
Una de las deficiencias del proyecto de estatuto, estimó, es que ni la Corte ni el Fiscal tendrán iniciativa alguna, pues sólo podrán actuar si hay denuncia de un estado o del Consejo de Seguridad.
El proyecto debe reformarse, como lo solicitó en marzo el Parlamento Europeo, para que la CPI cuente con un fiscal independiente que pueda investigar los casos y presentar acusaciones por propia iniciativa, sin el previo consentimiento de los estados parte.
El jurista de la AAJ evaluó que el proyecto "no representa progreso alguno" con relación al estado actual del derecho internacional de los derechos humanos y de algunos derechos nacionales en la materia.
Teitelbaum dirigió un mensaje a las organizaciones populares y no gubernamentales, a los juristas y a la comunidad internacional, para que se mantengan vigilantes y dispuestas a intervenir.
Esa actitud, dijo el jurista, impedirá que "aprovechándose de la legítima aspiración de los pueblos a que se cree una CPI que castigue a los violadores de los derechos humanos, en la Conferencia de Roma se instaure un nuevo instrumento de dominación de las grandes potencias". (FIN/IPS/pc/ff/hd/98
