Unas 600 organizaciones no gubernamentales de América Latina difundieron en la conferencia de la ONU en la capital de Italia, su apoyo a la creación de una Corte Penal Internacional (CPI) permanente para procesar casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Ministros y representantes de 186 países participan en la conferencia convocada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para aprobar el estatuto que regirá a esta corte.
Unos 5.000 delegados asisten a la reunión, inaugurada el lunes pasado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que se desarrolla en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hasta el 17 de julio. Participan además los representantes de 260 organizaciones no gubernamentales (ONG).
El coordinador de estos grupos, el peruano Eduardo González Cueva, explicó que han solicitado a los Estados del mundo la creación de una corte justa, eficaz e independiente.
A juicio de las ONG, la corte deberá tener jurisdicción en materia de genocidio, otros crímenes contra la humanidad, exterminio, desaparición forzada de personas, tortura, violación aplicada en guerras, deportación arbitraria, esclavitud, persecución política, racial o religiosa.
El órgano, tal como es concebido por los activistas, también juzgaría violaciones de leyes humanitarias tanto en tiempo de paz como en guerras internacionales o civiles, cometidas por los Estados o por grupos armados opositores o con su consentimiento.
El estatuto de la CPI debe garantizar los derechos de los niños, para impedir que sean víctimas de crímenes de guerra, de reclutamiento forzado y castigo y encarcelamiento, sostuvo González Cueva.
La CPI, afirmó, debe ser una efectiva alternativa a los tribunales nacionales cuando éstos no puedan o no deseen someter a la justicia a los responsables de crímenes o cuando actúen de manera parcial.
Las ONG latinoamericanas consideran que la corte no deberá requerir para su actuación del consentimiento de los Estados.
El Estatuto y el Reglamento de la Corte deben garantizar que las investigaciones y procedimientos sean realizados por un fiscal independiente e imparcial, afirmó.
González Cueva sostuvo que la independencia de la corte de toda instancia política debe estar garantizada, y que, en ese sentido, ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni los Estados podrán frenar o retrasar cualquier investigación o procedimiento.
"No debemos aceptar que la justicia se convierta en objeto de negociación de los procesos de paz, ni que las amnistías y perdones nacionales, que han negado el acceso a la justicia y la verdad, impidan a la CPI someter a juicio a los responsables de graves crímenes contra la ley internacional", dijo.
El documento de las ONG de América Latina señala que la pena de muerte debe ser rechazada como castigo aplicable por la corte y que la ONU debe aportar el financiamiento del órgano por un largo plazo con fondos estables provenientes de su presupuesto regular.
Esos fondos deberán complementarse con los procedentes de misiones de paz y voluntarios.
González Cueva destacó la unidad que existe en las ONG latinoamericanas en torno al tribunal, en contraposición con los gobiernos de la región, que tienen distintas posiciones y no coordinaron sus acciones a través del Grupo de Río, como en el pasado.
En teoría, todos están de acuerdo con la creación del tribunal, pero algunos países plantean objeciones que lo harían inoperante.
Argentina, Chile y Costa Rica apoyan la creación de un tribunal independiente y fuerte, en el cual el fiscal pueda iniciar investigaciones de oficio. En cambio, México pone enfásis en el control de la corte y las garantías que debiera dar a los estados.
México "tiene muchas reservas sobre un organismo transnacional, que podría tener facultad de intervenir sobre actos cometidos dentro del país", dijo González Cueva.
Este país "considera que su sistema judicial es suficiente para resolver cualquier problema" y "se opone a que la corte tenga injerencia en casos de violaciones graves cometidas en conflictos internos", agregó.
México "seguramente está condicionado por el conflicto de Chiapas", sostuvo González Cueva, quien acusó además a Estados Unidos de presionar a los ejércitos latinoamericanos para impedir la creación de un tribunal fuerte e independiente. (FIN/IPS/jp/mj/hd/98
