Estados Unidos reiteró que el tratado de creación de una Corte Penal Internacional (CPI), bajo negociación en Roma, no debe socavar la autoridad del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Departamento de Estado (cancillería) también declaró que la CPI debe delegar a los sistemas jurídicos nacionales "la voluntad y la capacidad" de juzgar ciertos casos.
De otra manera, correspondería a la competencia del tribunal internacional decidir sobre genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Los diplomáticos de 186 países presentes en Roma "deben distinguir con cuidado entre el ideal de una Corte Penal Internacional y la realidad del mundo actual", dijo el portavoz del Departamento de Estado, James Rubin, el lunes pasado, día inicial de la conferencia de cinco semanas sobre la CPI.
"Las negociaciones sobre la creación de la corte no deben ignorar a las instituciones existentes que puedan reforzar los objetivos del tribunal o los problemas engorrosos que podrían determinar su politización", señaló Rubin, quien añadió que la "corte no debe socavar la autoridad del Consejo de Seguridad".
La posición de Washington seguramente alejará a Estados Unidos de la mayoría de sus aliados europeos y de las múltiples organizaciones no gubernamentales (ONG) que se pronunciaron a favor de una CPI fuerte e independiente, opinaron observadores.
ONG como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos apoyan una CPI cuyo fiscal tenga amplias potestades para investigar y procesar casos ante el tribunal por propia iniciativa.
"Al fiscal de la PCI se le debe permitir decidir la competencia de la corte según su parecer, sin presión del Consejo de Seguridad o un estado parte del tratado", señaló un comunicado del Comité de Abogados por los Derechos Humanos.
"Ello es necesario para fortalecer la efectividad de la corte para disuadir y castigar delitos graves que afecten a la comunidad internacional", añadió.
Pero el gobierno de Bill Clinton, aunque asegura que respalda la creación de una corte fuerte, objeta con energía la posibilidad de que la CPI y su fiscal actúen en los casos por iniciativa propia.
La posición del gobierno respondió a la presión del Pentágono (Ministerio de Defensa) y legisladores republicanos de derecha temerosos de que, sin algún tipo de control estadounidense, la CPI se constituya en una amenaza a la soberanía nacional de Estados Unidos.
Un tratado que no otorgue potestad de veto a Washington sobre cuáles casos podrá asumir la CPI estará "muerto antes de llegar" al Senado, que debe ratificar los tratados internacionales, advirtió el influyente presidente del comité de relaciones exteriores de la cámara alta, Jesse Helms.
El Pentágono, que hace dos meses mantuvo reuniones con agregados militares extranjeros sobre la CPI, expresó su preocupación porque un fiscal demasiado entusiasta pueda, por ejemplo, procesar a soldados estadounidenses participantes en misiones de paz de la ONU.
El control del Consejo de Seguridad sobre el fiscal y los casos de la CPI otorgaría a Estados Unidos y los demás miembros permanentes del organismo -China, Francia, Gran Bretaña y Rusia-, el poder de veto sobre la competencia del tribunal internacional.
Con la excepción de Gran Bretaña, los demás miembros permanentes se oponen a otorgar al fiscal amplios poderes.
"El Consejo de Seguridad debe tener la capacidad de remitir situaciones a la investigación de la corte y recomendar a los países a cooperar con el tribunal cuando sea necesario y adecuado", enfatizó Rubin el lunes.
"Cuando los estados signatarios del tratado remitan un caso a la CPI, el Consejo de Seguridad debería tener la autoridad para revisarlo", añadió.
Los partidarios de una CPI independiente argumentan que esta posición debilitaría fatalmente a la corte y minaría su credibilidad.
"El Consejo de Seguridad es un órgano político, aun más debido a la potestad de veto de los cinco miembros permanentes", observó Jerry Fowler, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos.
"El control sobre la Corte minaría su credibilidad al crear la percepción, si no la realidad, de una influencia política inadecuada. Lo peor es que el veto de cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad podría frustrar la justicia internacional", añadió.
En Washington se comenta que Estados Unidos podría aceptar una fórmula de transacción sobre la cuestión del control del Consejo de Seguridad, como la propuesta por Singapur.
Esa propuesta concede al Consejo de Seguridad la facultad de detener o aplazar el paso de un caso de la etapa de investigación a la del proceso. Pero aun esa fórmula complicaría la capacidad del gobierno para obtener la ratificación del tratado por el Senado.
Fuentes del Congreso aseguran que cualquier tratado sobre la CPI tendría dificultades en el Congreso mientras los republicanos sean mayoría en el Senado.
Rubin enfatizó en reiteradas ocasiones que la administración apoya la creación de lo que denominó una "corte penal internacional seria, fuerte, efectiva y constituida en forma adecuada" y que su establecimiento sería un "acontecimiento revolucionario, sin precedentes". (FIN/IPS/jl/mk/aq-lp/hd-ip/98
