Estados Unidos pidió perdón a más de 2.000 latinoamericanos de origen japonés por haberlos recluido en campos de concentración hace 56 años y ofreció a cada sobreviviente o a sus herederos 5.000 dólares como compensación.
El histórico acuerdo entre el Departamento de Justicia y una coalición de grupos de derechos civiles con sede en California, Campaña por la Justicia, intenta cerrar uno de los capítulos más desconocidos de la política de Washington contra los americanos de origen japonés durante la segunda guerra mundial.
"Este acuerdo tiende a subsanar la injusticia padecida por los latinoamericanos de origen japonés que fueron recluidos" en Estados Unidos, señaló el presidente Bill Clinton en una declaración emitida por la Casa Blanca.
El acuerdo, anunciado en Los Angeles el fin de semana pasado, también tiene por fin tapar una rendija de la Ley de Libertades Civiles de 1988, que otorgó 20.000 dólares a cada uno de los 80.000 japoneses- estadounidenses que fueron encerrados en campos de concentración tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Hawai.
El hecho, ocurrido en diciembre de 1941, motivó la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial.
La histeria racista resultante hizo que más de 120.000 japoneses-estadounidenses fueran detenidos en los estados de California, Oregon y Washington y enviados a 10 campos de concentración en el suroeste del país, a comienzos de 1942.
Sin embargo, el gobierno no tomó medidas similares contra los ciudadanos de origen alemán o italiano, pese a que Estados Unidos también se enfrentó en la guerra a Alemania e Italia.
La mayoría de las víctimas japonesas-estadounidenses perdieron sus hogares y otros bienes, y lo que menos se conoce es que las redadas se extendieron hacia América Latina.
Bajo presión de Washington y con la ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), México también recluyó a ciudadanos de origen japonés, mientras otros 12 estados latinoamericanos detuvieron a muchos de ellos y los deportaron a Estados Unidos.
La mayoría de los 2.250 latinoamericanos de origen japonés procedían de Perú, Bolivia y Colombia, pero también se realizaron deportaciones en Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Las víctimas fueron metidas a la fuerza en barcos, donde se las roció con DDT y se las despojó de sus pasaportes y documentos de ciudadanía.
La mayoría fueron embarcadas hacia un campo de concentración en Crystal City, Texas, donde pasaron toda la guerra, pero más de 300 hombres fueron recluidos inicialmente en una base militar estadounidense en Panamá, donde realizaron trabajos forzados antes de ser trasladados a Estados Unidos.
El principal propósito de las detenciones extraterritoriales, según un comité parlamentario, consistía en mantener las víctimas como rehenes para intercambiarlas por prisioneros de guerra.
Unos 850 latinoamericanos-japoneses fueron posteriormente entregados a Japón durante la guerra a cambio de ciudadanos estadounidenses capturados en Asia oriental.
Tras la guerra, la mayoría de los prisioneros, privados de sus documentos, no pudieron regresar a sus países latinoamericanos de origen.
Al menos 112 bolivianos, costarricenses y ecuatorianos, y más de 900 peruanos de origen japonés fueron deportados a Japón, devastado por la guerra y desconocido para ellos. Unos 300 lucharon activamente contra su deportación con la ayuda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
"Decían que éramos extranjeros ilegales, aunque el ejército de Estados Unidos nos había secuestrado, embarcado y despojado de nuestros pasaportes", relató a un diario de San Francisco Art Shibayama, quien tenía 13 años cuando fue llevado de Perú a Estados Unidos.
Unos 100 peruanos-japoneses, la mayoría casados o relacionados de otra forma con ciudadanos peruanos, pudieron regresar a Perú como resultado de negociaciones directas entre Washington y Lima, pero un golpe militar en el país andino detuvo abruptamente el proceso, explicó Julie Small, copresidenta de Campaña por la Justicia.
Casi nada se sabía del destino de los latinoamericanos japoneses hasta fines de la década del 70.
En 1982, un informe del Congreso sobre la política de reclusión de Washington durante la guerra se refirió a la situación de los latinoamericanos como "una de las historias extrañas, infelices y olvidadas de la segunda guerra mundial".
El informe dio lugar en 1988 a una ley de compensaciones de la que se beneficiaron unos 81.000 estadounidenses-japoneses, pero el gobierno sostenía, hasta principios de este año, que la ley no cubría a los japoneses-latinoamericanos porque no eran ciudadanos ni residentes permanentes de Estados Unidos cuando fueron traídos al país.
En 1996, sin embargo, Carmen Mochizuki y otras cuatro víctimas presentaron una demanda conjunta contra el gobierno federal cuestionando su interpretación de la ley. Las negociaciones sobre un acuerdo comenzaron el pasado febrero y terminaron a fines de la semana pasada.
Según el acuerdo, el gobierno enviará una carta de disculpas firmada por Clinton a cada sobreviviente o a sus herederos y una compensación de 5.000 dólares. Las víctimas deberán solicitar el beneficio antes del 10 de agosto, fecha en que vencerá la ley de 1988.
"Estoy decepcionada porque no recibiremos la misma suma que los estadounidenses-japoneses", manifestó Mochizuki, quien tenía ocho años cuando fue llevada a Texas desde su nativo Perú.
"Sin embargo, siento que logramos una victoria al hacer que el gobierno de Estados Unidos finalmente aceptara la responsabilidad por sus acciones contra nosotros", agregó. (FIN/IPS/tra- en/jl/mk/ml/hd-ip/98
