La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, inició esta semana su décimo cuarto período de sesiones con audiencias públicas sobre cinco denuncias contra Perú, dos contra Ecuador y una contra Guatemala.
En el caso de Guatemala, la Corte escuchará a los testigos en el juicio interpuesto contra el país centroamericano por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la presunta desaparición, tortura y ejecución extrajudicial del guerrillero Efraín Bámaca.
Sobre Perú, también se escucharán los argumentos de las partes en los casos Cantoral Benavides, Castillo Petruzzi, Durand Ugarte, Loayza Tamayo y Castillo Pérez.
El primero de ellos se refiere a supuestas violaciones de las que habría sido víctima Luis Alberto Cantoral Benavides, quien según la denuncia de la Comisión Interamericana, fue encarcelado ilegalmente y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Comisión alega que Cantoral fue enjuiciado dos veces con base en los mismos hechos y sus garantías judiciales fueron violadas.
El segundo caso contra Perú es el de los chilenos Jaime Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga, condenados por un tribunal militar peruano a cadena perpetua por el delito de traición a la patria.
Los chilenos fueron vinculados con una organización guerrillera peruana, capturados, enjuiciados por un tribunal sin rostro y condenados en 1994.
La demanda contra el Estado peruano fue presentada ante la Corte por la Comisión el 22 de julio de 1997. Según la misma, Perú violó varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de las víctimas.
Asimismo, la Comisión pide a la Corte que disponga la anulación de los procesos seguidos contra los ciudadanos chilenos en el fuero militar, se les deje en libertad y se les repare e indemnice.
Dos de los casos contra Perú están ya en fase de reparaciones, es decir, que ya fueron fallados en contra del Estado y ahora se trata de definir la forma de resarcir a las víctimas o sus familiares, en caso de asesinato.
Uno de estos casos es el de Ernesto Castillo Páez, a quien el Estado privó de su derecho a la libertad personal, a la integridad y a la vida.
El 17 de septiembre de 1997, la Corte determinó que "el Estado de Perú está obligado a reparar las consecuencias de las violaciones e indemnizar a los familiares de la víctima y resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus actuaciones con ocasión del proceso".
De la misma forma, se seguirá la fase de reparaciones en el caso de María Elena Loaiza Tamayo, a quien las autoridades peruanas privaron de su derecho a la libertad, integridad personal y garantías judiciales.
A raíz de la sentencia emitida por la Corte, la víctima fue liberada el 16 de octubre de 1997, un mes después de la sentencia, pero aún no se concluye la fase de reparaciones.
Finalmente, la Corte tendrá una audiencia pública sobre una opinión consultiva solicitada por México sobre el trato que deben recibir los inmigrantes ante la pena de muerte.
México quiere saber si todo detenido extranjero que enfrente el riesgo de la pena de muerte tiene derecho a ser notificado, desde el momento del arresto, de la facultad de recurrir a la asistencia de las autoridades consulares de su país y de contar con las garantías de un debido proceso.
En este caso, harán observaciones varios países miembros de la OEA y organizaciones no gubernamentales.
México pretende que se resuelva la situación de los inmigrantes en Estados Unidos. Dos mexicanos han sido condenados a muerte y sólo después de recibir la sentencia, las autoridades han informado del caso al consulado del país latinoamericano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no dictará sentencia en ningún caso en este período de sesiones que concluye el día 20. (FIN/IPS/mso/ag/hd/98
