El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó en Colombia el asesinato de 25 rehenes tomados por paramilitares de derecha en el centro petrolero de Barrancabermeja.
La nueva masacre es un delito de lesa humanidad, "que enluta no solamente a los familiares y el pueblo de Barrancabermeja, sino que escandaliza a toda Colombia", advirtió Almudena Masarrasa, delegada en este país del Alto Comisionado para los derechos humanos.
Masarrasa afirmó que el "carácter de barbarie" de los episodios ocurridos el jueves pasado lesionan "la conciencia de la sociedad y de la comunidad internacional" y demuestran el desprecio de los responsables por el anhelo de paz de todos los colombianos.
Barrancabermeja, situada en el nordeste de Colombia, quedó paralizada el viernes a iniciativa de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato único de los trabajadores del petróleo, y de grupos cívicos.
Los participantes en la jornada de protesta pidieron al gobierno garantías para asegurar la vida de los habitantes de la localidad, principal centro de refinación de petróleo del país.
La sede de la USO en Barrancabermeja se convirtió en sitio de duelo para las madres y esposas de las víctimas de los paramilitares, que habían sido secuestradas el 16 de mayo.
Por su parte, la estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) puso en marcha un plan de contingencia para mantener la producción de hidrocarburos pese al paro.
"La población de Barrancabermeja no resiste más actos de guerra ni asesinatos que por lo general quedan en la impunidad", dijo a IPS Gabriel Albis, presidente de la USO.
Albis afirmó que la protesta del viernes busca "llamar la atención de la comunidad nacional e internacional sobre estas masacres, que han bañado en sangre todo el territorio nacional"
También exhortó a los dirigentes sindicales y activistas sociales a buscar "por todos los caminos" el fin de la violencia y de la impunidad de los responsables de las matanzas.
Barrancabermeja fue atacada el 16 de mayo por el grupo paramilitar Autodefensas de Santander, cuyos miembros afirmaron falsamente ser guerrilleros de izquierda y, tras matar a 11 personas, se llevaron 25 rehenes.
Según testigos, cerca de 50 hombres armados llegaron en horas de la noche hasta los barrios obreros de El Campestre, 9 de Abril, María Eugenia, Villarelys, y el Paraíso, del sudeste de la ciudad, donde sorprendieron a sus víctimas.
Autodefensas de Santander afirmó que las 25 víctimas fueron sometidas "a un juicio" en el que se estableció que "eran subversivos del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y del EPL" (Ejército Popular de Liberación), y que los cadáveres fueron incinerados.
El presidente Ernesto Samper consideró el hecho "la más grave barbarie" y la peor violación a las normas del derecho humanitario conocida en muchos años en Colombia.
En opinión del ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, la masacre es "una prueba de la intolerancia, rencor y odio que se está apoderando de la población colombiana".
El jefe del ejército, Mario Galán, informó que los militares y la Fiscalía iniciaron actuaciones para capturar a los asesinos.
Galán afirmó que los hechos de Barrancabermeja "merecen el repudio de todos los colombianos de bien y en especial del gobierno y las fuerzas armadas".
El ELN denunció el viernes en un comunicado "una alianza" entre miembros de las fuerzas armadas y el grupo paramilitar al que se atribuye la matanza.
El grupo guerrillero señaló que Barrancabermeja está en el área de operaciones del jefe paramilitar conocido con el alias de "Camilo", quien presuntamente ordenó el secuestro y el de las 25 personas.
Una fuente del no gubernamental Comité de Defensa de los Derehos Humanos que pidió no ser identificada dijo el viernes a IPS que los hechos de Barrancabermeja son "una notificación de guerra" de los paramilitares, que deberá ser tenida en cuenta por el gobierno a la hora abrir negociaciones de paz.
Según la fuente, para nadie es un secreto que el puerto petrolero ha sido considerado "un fortín de la guerrilla", y los paramilitares lo eligieron de objetivo para desafiar a la vez al gobierno y a los rebeldes de izquierda.
El gobierno aseguró estar dispuesto a negociar la paz con la guerrilla y con los grupos paramilitares, con la salvedad de que no considera a estos últimos delincuentes políticos, sino comunes.
Algunos analistas creen que los paramilitares buscan con sus sangrientas operaciones lograr un espacio en la aguardada negociación política.
Según organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, los paramilitares perpetraron más de 80 matanzas en el último año, y la mayoría de las víctimas eran civiles no combatientes. (FIN/IPS/yf/ff/ip hd/98
