El ex dictador argentino Jorge Videla se negó a declarar al comparecer ante el juez federal a cargo de una de las causas por sustracción de menores en los años 70, Roberto Marquevich, quien dispuso su envío a una cárcel común.
Videla se negó a reconocer autoridad al magistrado federal para indagarlo, y durante más de dos horas se limitó a decir que debió haber sido juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y no por la justicia ordinaria.
En verdad, Videla, de 73 años, no puede ser procesado por un tribunal militar, ni tampoco puede ser recluido en una unidad castrense como reclamó, porque en 1986 fue expulsado de las Fuerzas Armadas y la cúpula militar lo considera "un civil".
El juez, que celebró la audiencia el jueves, tiene ahora 10 días para disponer el procesamiento. Videla fue insultado por manifestantes y familiares de sus víctimas que se acercaron hasta el tribunal y le gritaton "asesino" a su ingreso y salida, mientras le arrojaban objetos.
El ex comandante del régimen militar (1976-1983) había sido detenido el martes pasado por una causa en la que se investiga la sustracción de cinco menores en 1976, presuntos hijos de detenidos durante la represión clandestina.
El juez Marquevich intenta demostrar que este delito, que según las Abuelas de Plaza de Mayo afectó a cerca de 300 niños durante la dictadura, fue cometido de forma sistemática por las fuerzas de seguridad de acuerdo con un plan preconcebido.
Videla, que encabezó el golpe de Estado de 1976, fue condenado a reclusión perpetua en 1985 por gravísimas violaciones de derechos humanos. Durante el régimen se registraron al menos 10.000 casos de desapareciones.
No obstante, el ex comandante fue indultado, junto con otros jerarcas de la dictadura, por el presidente Carlos Menem en 1990 aunque el delito de sustracción de menores, ocultamiento, supresión de estado civil y falsificación de documento público siguen vigentes.
Durante el juicio a los ex jerarcas, este delito no pudo ser probado como un hecho sistemático de la dictadura, y por eso, el indulto no alcanzó a estos crímenes sino sólo a aquellos por los que los militares fueron juzgados y condenados.
Por otra parte, los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo explicaron que el secuestro no prescribe en tanto se sigue cometiendo mientras las víctimas permanezcan bajo la tutela de sus apropiadores o no sean restituidos a sus familias de sangre.
Según datos recogidos por el juez, que ya procesó y detuvo a una decena de personas, entre ellos militares, por esta causa, los encargados de los operativos de secuestro tenían instrucciones precisas para actuar con los menores.
Autoridades sanitarias del Hospital Militar y de Campo de Mayo, principal predio del ejército argentino, donde funcionó un campo clandestino de detención durante la dictadura, admitieron ante la justicia que las detenidas embarazadas eran asistidas en esos centros.
Luego del alumbramiento, las mujeres aún convalecientes eran "trasladadas", un eufemismo que en la jerga represiva era sinónimo de muerte, en tanto los recién nacidos eran retirados por personal militar sin ser registrados y con destino desconocido.
Uno de los detenidos por la causa que investiga Marquevich es el mayor médico del Ejército Norberto Bianco, que junto a su esposa se apropió de dos menores que hoy tienen más de 20 años y responden a los nombres de Carolina y Pablo.
Bianco huyó a Paraguay con su esposa y los menores en 1986, cuando la justicia le requirió un análisis genético a los niños.
Finalmente fue extraditado y detenido. Desde la prisión, aseguró el jueves que los menores son adoptados pero "no son hijos de desaparecidos" sino de "una persona" que se los dio.
"Así como hay gente que deja a sus hijos en un baldío o detrás de un árbol, a mí una persona me los ofreció y, como no podíamos tener hijos con mi esposa, los adoptamos y criamos con todo nuestro amor", remarcó el médico militar.
Los supuestos hijos adoptivos de Bianco son reclamados por familias de desaparecidos que pidieron al juez que ordene un examen genético. Pero los jóvenes, que se niegan a someterse al estudio y se consideran hijos adoptivos, no quieren indagar su pasado. (FIN/IPS/mv/ff-mj/hd/98
