Un general retirado de Argentina que sorteó un juicio por la desaparición de 600 personas durante el régimen militar recuperó esta semana su cargo de gobernador provincial, del que había sido destituido hace 42 días por enriquecimiento ilícito y otros delitos probados por la legislatura.
En medio de un escándalo en el que no faltaron insultos y amagues de golpes, 16 diputados de la legislatura de Tucumán votaron por destituir al gobernador Antonio Bussi tras haber probado su culpabilidad durante el juicio político. Solo 12 legisladores de su partido votaron por su continuidad.
Sin embargo, la Carta constitucional de la provincia, reformada a instancias del propio Bussi, requiere para la destitución del mandatario provincial los votos de dos tercios de la legislatura.
Aunque quienes lo condenaron en la sesión realizada el viernes fueron mayoría, no se alcanzó ese porcentaje.
Bussi fue comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y operó en la provincia norteña de Tucumán durante la última dictadura (1976- 1983).
Bajo su férrea conducción desaparecieron unas 600 personas, y a pesar de los cargos en su contra, el general retirado fue bendecido con las leyes de amnistía sancionadas en 1985.
Su popularidad entre sectores tradicionalistas de la provincia le permitió presentarse como dirigente político de "mano dura" en los comicios para diputados nacionales de 1993. Tras desempeñarse dos años como legislador, fue elegido gobernador de la provincia en 1995.
Pero este año, a raíz del juicio que lleva adelante en España el juez Baltasar Garzón por los desaparecidos en Argentina, se supo que Bussi tenía una cuenta secreta en un banco suizo que no había declarado como parte de su patrimonio.
El gobernador lo negó, pero luego admitió la veracidad de la información. La legislatura decidió entonces suspenderlo mientras se sustanciaba el juicio político en su contra.
Durante el proceso se probó que el militar había incrementado su fortuna en forma extraordinaria durante los últimos años mediante la adquisición de propiedades a nombre de familiares y testaferros.
También se probó que apeló a subterfugios, omisiones y maniobras de ocultamiento de su verdadero patrimonio antes de asumir el cargo de gobernador, por lo que fue acusado de incumplir sus deberes de funcionario público.
No obstante ello, el partido Fuerza Republicana, que lidera el general retirado, manifestó un apoyo sin fisuras al gobernador suspendido y, con sus votos a favor de su continuidad, consiguió evitar que este viernes la destitución a pesar de todas las pruebas recogidas en su contra.
Sin embargo, el general no podrá dormir tranquilo. No sólo el juez Garzón podría pedir su captura internacional. La justicia federal, en forma paralela al proceso que le seguía la legislatura provincial, continúa reuniendo pruebas sobre el enriquecimiento ilícito del gobernador. (FIN/IPS/mv/mj/ip/98
