Un ex fiscal federal e incluso abogados vinculados a organismos humanitarios de Argentina temen que el juez que ordenó la detención del ex dictador Jorge Rafael Videla no tenga elementos jurídicos suficientes para condenarlo por sustracción de menores.
En un ambiente en el que tres de cada cuatro argentinos quiere que se continúen investigando las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1976-83), según las encuestas, las dudas del ex fiscal Luis Moreno Ocampo sobre la legalidad del proceso contra Videla fueron una mala noticia.
Los organismos de defensa de los derechos humanos estiman que durante la dictadura militar desaparecieron unos 300 niños que fueron secuestrados o nacieron en cautiverio. Se sospecha que estos menores -de los cuales 59 fueron encontrados- viven con identidad cambiada y en algunos casos con sus apropiadores.
Videla fue detenido el martes pasado por orden del juez federal Roberto Marquevich, quien investigaba a los autores materiales de la apropiación de cinco menores, presuntamente hijos de desaparecidos.
El juez lo consideró "autor mediato" y busca probar que hubo un plan criminal para apoderarse de los niños.
Sin embargo, a medida que pasan los días en los que Videla permanece detenido en una cárcel común, aumenta el número de juristas que consideran que la intervención del juez federal carece de sustancia, y podría ser un retroceso que debilite la causa por menores secuestrados.
Por el momento, Videla espera que el juez decida si lo procesa y mantiene la detención o si lo deja en libertad, luego de que desafiara la autoridad del magistrado al negarse a declarar sobre los cargos que se le imputan.
Moreno -que fue asistente del fiscal en el juicio a los ex comandantes militares en 1985- sostuvo que Videla y los demás ex dictadores no pueden ser imputados porque "fueron absueltos del delito de sustracción de menores" por la Cámara Federal, en un fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia.
"Es cosa juzgada, la Cámara no quiso incluir el robo de niños como parte de un plan criminal de la dictadura, porque había pocos casos probados entonces y los consideró como delitos aislados, por lo tanto absolvió a los ex comandantes por este delito", remarcó Moreno.
"Como habían sido condenados a reclusión perpetua por homocidios y tormentos, no importaba mucho que hubieran sido absueltos por el secuestro de niños. Esto, no obstante, cobra interés a partir del indulto -dado por el presidente Carlos Menem en 1990- porque entonces se lo quiere ver a Videla preso de cualquier modo", añadió.
Para Moreno, hubo "cosa juzgada" para los ex comandantes y una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito porque se estarían violando sus garantías constitucionales, aunque admitió que podrían seguir siendo juzgados los autores inmediatos del secuestro: apropiadores, médicos y parteras.
Con el ex fiscal coincidió el apoderado de las Abuelas de Plaza de Mayo, el abogado Alberto Pedroncini.
"En principio hay cosa juzgada porque los ex comandantes fueron absueltos del delito de sustracción de menores, y porque la Cámara, en un fallo inusual, aclaró que no se los podría perseguir en el futuro por estos delitos", dijo.
Pedroncini consideró que se podría analizar si la Cámara tenía derecho a extender los efectos de su fallo más allá del límite de la propia sentencia, afectando la eventual plenitud de otros jueces que luego encontraran elementos para volver sobre estos temas, pero cuestionó la competencia de Marcquevich en la causa.
Las Abuelas de Plaza de Mayo habían radicado la demanda por robo de menores ante el juez federal Antonio Bagnasco, quien había comenzado a reunir pruebas y obtenido declaraciones de reconocimiento del delito del personal militar del Hospital de Campo de Mayo, usada como prisión ilegal en los años 70.
Pedronicini coincidió con Moreno en que la única forma de llegar a los autores mediatos de este delito, que estarían en la cúspide de la pirámide represiva, es comenzando por el nivel más bajo en la cadena de mandos.
"Sin embargo, Marquevich de pronto saltea todos los eslabones, y captura a Videla antes que a otros responsables", afirmó.
Si Marquevich quería probar que Videla fue el autor mediato, debió seguir avanzando desde abajo sobre la cadena de mandos, desde las autoridades del hospital militar al jefe de zona, de allí al jefe del Ejército y recién allí al Comandante en Jefe.
"Esta es la primera causa de mi inquietud, por qué Marquevich que estaba investigando la base de la pirámide y había detenido a apropiadores directos, salta de repente al autor mediato, no reconstruye la cadena de mandos. Saltear esos eslabones puede debilitar el proceso de manera sumamente peligrosa", advirtió.
"Desde el punto de vista emocional y ético, yo como apoderado de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo comparto plenamente con ellas la satisfacción por la detención de Videla, pero como abogado creo que hay una construcción insuficiente o inmadura de la teoría del autor mediato", añadió.
Para el abogado, este apresuramiento daría argumentos a los abogados de Videla, que ya comenzaron a utilizar, sosteniendo que su defendido, que se negó a declarar el jueves ante Marquevich, ya fue juzgado y condenado, y que la autoría mediata no formaba parte de la imputación inicial del proceso.
La posición de Pedroncini sintoniza con el clima general en Argentina de sospecha hacia la repentina determinación de un juez sospechado de parcialidad y vulnerabilidad ante el poder político.
En los últimos días circularon con insistencia versiones acerca de una estrategia gubernamental para que Menem consiga su reelección mostrando una actitud más subordinada respecto de las decisiones del Poder Judicial, una de las faltas que más se le critica.
Una encuesta de Catterberg y Asociados señala que 73 por ciento de la población aprueba la detención de Videla, pero más de la mitad cree que la detención es "una maniobra política". (FIN/IPS/mv/ag/ip-hd/98
