El gobierno de Argentina apoya con firmeza la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para delitos contra la humanidad, pero mantiene su negativa a colaborar con la justicia de otros países que persiguen a ex dictadores argentinos por violaciones de derechos humanos.
"Este país está lleno de contradicciones. El oficialismo dice haber sido víctima de la última dictadura (1976-1983) pero al mismo tiempo elogia a quienes lo victimizaron", señaló a IPS Estela Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, organización dedicada a buscar niños secuestrados por el régimen.
Si el TPI hubiera sido creado antes de la última dictadura, habría correspondido que juzgara a los ex comandantes argentinos. Pero su constitución está en debate hoy en Roma, cuando estos ex militares fueron condenados y luego indultados por el gobierno, razón por la cual no pueden volver a ser juzgados.
No obstante, las Madres de Plaza de Mayo, presididas por Hebe de Bonafini, estuvieron en desacuerdo con esta postura e irrumpieron en el plenario que se realiza en la capital de Italia con pancartas, insultando a los delegados oficiales argentinos.
Las mujeres fueron obligadas por los vigilantes a retirarse de la reunión de representantes de los 156 gobiernos que participan en la reunión, que comenzó el día 15 y continuarán hasta mediados de julio con el objeto de definir la creación del TPI y sus normas de funcionamiento..
Carloto, que censuró la irrupción de las Madres en el plenario, fue invitada por una organización suiza a las deliberaciones en Roma, donde celebró la detención del ex dictador Jorge Videla ordenada por la justicia argentina en una causa por apropiación de niños secuestrados en la dictadura.
El juez debe decidir en los próximos días si libera o procesa al ex dictador.
"La idea era proponer a los delegados de los gobiernos la inclusión en las deliberaciones los casos de niños violentados en el mundo y la necesidad del juzgamiento de los responsables", explicó Carloto quien, no obstante, coincidió con el gobierno argentino en que no deba juzgarse el pasado reciente.
La represión ilegal a opositores puesta en marcha por la dictadura argentina terminó con al menos 10.000 desaparecidos, cifra que organizaciones humanitarias elevan a 30.000, y alrededor de 500 niños secuestrados o nacidos en cautiverio de sus padres, a los que luego se les cambió la identidad.
El ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, defendió en Roma la postura argentina de respaldar la creación del TPI, e incluso propuso extender su soberanía a los crímenes relacionados con el narcotráfico, una iniciativa que no contó con suficiente apoyo.
Sin embargo, el gobierno es reacio a colabrar con la justicia de España, Francia, Italia, Alemania, Suecia y Finlandia, donde se desarrollan procesos contra ex militares argentinos que actuaron durante el régimen, amparándose en el principio de la territorialidad de los delitos, que rige en Argentina.
En Argentina, los ex comandantes fueron condenados a reclusión perpetua por violaciones de derechos humanos, pero en 1990 el presidente Carlos Menem los indultó. A su vez, los suboficiales que intervinieron en la represión fueron liberados de todo proceso antes de ser condenados mediante dos leyes de amnistía.
Ante estas sucesivas decisiones, que fueron resistidas y muy criticadas por los organizaciones de derechos humanos, cobraron fuerza en los últimos años los procesos contra los militares argentinos por la desaparición en este país de ciudadanos extranjeros.
En España, el juez Baltasar Garzón conduce un juicio que comenzó tratando el caso de los españoles desaparecidos y ahora se extendió a otras víctimas, en base a principios de derecho internacional que permiten el juzgamiento en cualquier país de crímenes contra la Humanidad.
El gobierno argentino no colabora con información acerca de los militares acusados. Además, Menem criticó a Garzón, a quien considera un "juez vedette" que actúa guiado por "maniobras de ultraizquierda" e incurre en "acoso judicial" contra las Fuerzas Armadas argentinas.
En Francia, la justicia condenó a Alfredo Astiz, un ex capitán que fue destituido de la Armada este año, y pidió su captura internacional por el secuestro y muerte de dos monjas francesas, pero en Argentina fue absuelto por las leyes de amnistía, por lo que puede vivir en libertad dentro de su país.
El gobierno argentino y el de Francia estuvieron al borde de una crisis diplomática cuando el oficialismo prestó su apoyo a un ascenso a Astiz, y el jefe de la Armada elogió al capitán condenado en ausencia por la justicia francesa como uno de los mejores elementos de su fuerza.
También en Italia se desarrolla un juicio por la desaparición de ciudadanos de doble nacionalidad (argentino-italiana). Uno de ellos es la hija de Carloto, quien además tuvo un hijo en prisión.
Este mes, el Estado italiano se presentó como parte querellante en ese proceso contra siete ex militares argentinos. (FIN/IPS/mv/mj/hd/98
