Los organismos del gobierno federal de Estados Unidos no protegen los recursos naturales de Puerto Rico, y en algunos casos violan sus propias normas, afirmaron defensores del ambiente de este estado libre asociado.
"Los organismos que tendrían que proteger el ambiente, tanto locales como federales, fueron igualmente negligentes en Puerto Rico. Ni siquiera cumplen con sus propias normas, y los tribunales no son mejores", sostuvo el activista Ismael Guadalupe, de la ciudad de Vieques.
Vieques está situada en una isla entre las Islas Vírgenes de Estados Unidos y la isla principal de Puerto Rico. La Armada estadounidense ocupa más de dos tercios de la pequeña isla desde los años 40, y la utiliza para hacer práctica de tiro.
El constante bombardeo de barcos y aviones de guerra contaminó el agua y el aire en Vieques, y dañó seriamente la vida marina, aseguran los ecologistas puertorriqueños. Pero el Departamento de Defensa de Washington afirma que estas actividades son esenciales para la "seguridad nacional".
En 1978, Guadalupe fue detenido y pasó varios meses en una prisión de Estados Unidos por organizar manifestaciones contra la presencia militar estadounidense en Vieques, pero la experiencia no lo amedrentó.
"Organismos del gobierno de Washington, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y el gobierno de Puerto Rico no hicieron nada para poner fin al bombardeo militar de Vieques", dijo. Estas actividades también tuvieron un efecto negativo en la salud de los residentes, añadió.
El mes pasado, el gobierno de San Juan reconoció públicamente que la incidencia de cáncer en Vieques es 26 por ciento superior al promedio nacional.
Sin embargo, el Departamento de Salud puertorriqueño se rehusó a vincular este dato con las actividades militares de Estados Unidos en la isla, aunque accedió realizar nuevos estudios.
"La EPA nunca hizo nada para impedir que las compañías farmacéuticas contaminen el agua subterránea", dijo Pablo Santos, ecologista de la ciudad septentrional de Arecibo.
"La RCA Corporation cerró su fábrica en la vecina ciudad de Barceloneta y dejó atrás un desastre tóxico. La EPA no hizo nada al respecto", aseguró.
El peor ejemplo de la actitud de la EPA es su relación con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, el peor agente contaminante del ambiente en el estado asociado, según Santos.
Funcionarios de EPA dijeron a la prensa puertorriqueña que la compañía de electricidad es una de las empresas de energía más ineficientes y contaminantes del territorio estadounidense.
Pero la compañía "convenció de alguna manera a EPA que su planta de energía de Cambalache (Arecibo) no se estaba construyendo en un pantano", dijo Santos.
La planta de Cambalache, cuya construcción terminó hace dos años, se encuentra en Cano Tiburones, pantanal donde el agua tiene al menos cinco metros de profundidad. "Es una violación flagrante de las propias normas de la EPA, pero la agencia lo autorizó de todas formas", expresó Santos.
En 1993, EPA demandó a la compañía de electricidad por 60 millones de dólares por violar la Ley del Aire Limpio y otras leyes federales de Estados Unidos.
Tras cinco años de negociaciones, la causa se limitó a una multa de seis millones de dólares y la empresa tuvo que realizar mejoras en sus instalaciones.
Pero las localidades directamente afectadas por la contaminación de la compañía no están conformes con el acuerdo alcanzado y aseguran que no es un avance para resolver el problema en forma adecuada.
Pero la activista Wanda Colón, de San Juan, cree que no todos los organismos del gobierno estadounidense tienen malos antecedentes en materia ambiental.
"Cada caso se debe analizar por separado. Por ejemplo, algunas personas del Servicio Forestal de Estados Unidos demostraron un compromiso ejemplar hacia el ambiente de Puerto Rico", sostuvo.
"En algunos casos, incluso se pronunciaron públicamente sobre cuestiones controvertidas, como la carretera propuesta que atravesará el bosque tropical El Yunque", explicó Colón.
"Pero en términos generales, las agencias federales fueron laxas y negligentes para aplicar las leyes ambientales de Estados Unidos en Puerto Rico", agregó.
Alexis Massol, fundador de Casa Pueblo, organización que protege el ambiente en el pueblo de montaña de Adjuntas, dijo que no tiene sentido pedir a las agencias del gobierno que protejan la ecología. La movilización popular es un método mucho más efectivo, en su opinión.
Massol y su organización fueron esenciales para derrotar el plan que pretendía convertir la cadena montañosa central de Puerto Rico en una serie de minas.
"Durante la lucha contra las minas nunca pedimos ayuda a las agencias de gobierno o los legisladores de Washington y San Juan. En su lugar, movilizamos a la población en defensa del ambiente", explicó Massol.
Los miembros de Casa Pueblo creen que recurrir a los organismos del gobierno para resolver problemas genera una mentalidad de dependencia que, aseguran, satura la vida social de Puerto Rico.
"Pero otras tácticas, como recurrir a los tribunales, no son necesariamente erróneas", opinó Massol.
Aunque Massol defiende fervientemente la independencia de Puerto Rico de la tutela de Estados Unidos, cree que el estatuto político del territorio no está directamente vinculado con las luchas populares y las cuestiones ambientales.
"El pueblo puertorriqueño puede provocar grandes transformaciones sociales bajo cualquier estatuto político. Después de todo, aun como país independiente, podríamos tener gobiernos irresponsables en materia ambiental", aseguró. (FIN/IPS/tra-en/cr/cb/aq-lp/en/98
