El Banco Mundial ofreció a Paraguay ayuda para reubicar a miles de personas desplazadas por la construcción de la represa hidroeléctrica de Yaciretá, una de las mayores del mundo, si el país sudamericano paga la cuenta.
El Banco, que en parte financió la represa, elabora propuestas para ayudar a reubicar a decenas de miles de paraguayos cuyas viviendas quedaron o quedarán bajo las aguas del embalse de 67 kilómetros cuadrados de la represa binacional perteneciente a Argentina y Paraguay, señalaron funcionarios de la institución.
La represa, ubicada sobre el río Paraná, en la frontera común de ambos países, fue en parte financiada con 1.800 millones de dólares en préstamos concedidos a Argentina por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Entre las propuestas se encuentran una "mezcla de préstamos e ingresos redirigidos" por la venta de electricidad generada por la represa, explicó Tony Gaeta, portavoz del departamento para América Latina del Banco Mundial.
Según las propuestas, "el pueblo paraguayo pagará el daño provocado por los préstamos del Banco Mundial concedidos a Argentina", advirtió Dana Clark, del Centro para una Ley Ambiental Internacional (CIEL).
Los funcionarios del Banco Mundial, en conocimiento de los problemas de Yaciretá desde hace cinco años e investigados desde 1996 por violar la política de la institución, aún tienen que ultimar los detalles de la propuesta, según fuentes internas.
"Queremos hacer todo lo posible, lo antes posible", aseguró Gaeta a IPS.
El Panel de Inspección del Banco, un organismo independiente, concluyó el año pasado que para cubrir las necesidades de la población afectada se necesitarán 130 millones de dólares y la iniciativa se prolongará hasta el año 2000.
Los funcionarios están trabajando "con fervor para presentar un plan general" al gobierno del presidente electo Raúl Cubas, quien asumirá la presidencia de Paraguay en agosto, dijo Gaeta.
La represa es administrada por la Entidad Binacional Yaciretá (EBY), también criticada por corrupción y por reprimir a la oposición a los opositores del gigantesco embalse.
En febrero, EBY llevó policías antidisturbios desde Asunción para reprimir a grupos que protestaban por la inundación de sus localidades. Unos 20 manifestantes fueron hospitalizados tras ser atacados con caños de plomo, según informes de los medios de comunicación.
El costo de Yaciretá se había calculado en 2.600 millones de dólares, pero en la actualidad se estima que el monto se encuentra entre 8.500 y 12.000 millones de dólares. La represa se construyó para brindar electricidad a Argentina y generar ingresos a Paraguay, mediante la venta de energía al país vecino.
Sin embargo, documentos del Banco Mundial revelan que la demanda de energía descendió 25 por ciento, aun antes del comienzo de la construcción en 1983, y sugieren que el costo de la obra quizá no se recupere jamás.
Mientras, más de 50.000 personas, en su mayoría paraguayos, perdieron o podrían perder sus viviendas.
Las últimas gestiones para responder a los problemas tuvieron lugar tras una serie de embarazosas maniobras del Banco Mundial que obligaron al presidente de la institución, James Wolfensohn, a reunirse con representantes de Sobrevivencia, sucursal paraguaya de la organización ambientalista Amigos de la Tierra.
El mes pasado, Wolfensohn abrió una línea directa de comunicación con los representantes de las víctimas y envió a Yaciretá a Shahid Javed Burki, vicepresidente para América Latina y el Caribe.
"Vengo de uno de los países más pobres del planeta, y nunca he visto tanta miseria como hoy", sostuvo Burki, economista paquistaní, luego de visitar el lugar.
El Panel de Inspección del Banco Mundial, actuando frente a una queja realizada por Sobrevivencia en 1996, confirmó en septiembre que el personal del proyecto había perjudicado a la población de la ciudad de Encarnación y sus alrededores.
El personal del Banco violó una serie de políticas del organismo sobre ambiente, reubicación y supervisión de obras, señaló el Panel de Inspección.
El Panel criticó a los funcionarios por llenar el embalse aunque la reubicación de la población y las medidas de mitigación del impacto ambiental aún no se habían implementado, creando una situación de peligro para los habitantes.
El personal también recibió críticas por "tolerar" gruesas violaciones de las condiciones de los préstamos, en lugar de suspender los fondos.
Los planes del Banco Mundial para enmendar esos errores no fueron suficientes y carecieron del aporte de la población, indicó el Panel. La población afectada recibió la traducción al español del informe del panel de inspección recién este mes, informaron fuentes del Banco.
Isabel Guerrero, entonces vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial, se aprovechó de la falta de información en Paraguay cuando, en febrero, escribió que el informe del Panel no mostraba evidencia de irregularidades.
"El Banco está satisfecho con las conclusiones del informe confirmando que la política sobre reubicación, ambiente, participación de la comunidad y otros aspectos fue cumplida e implementada en el caso de Yaciretá", dijo.
EBY publicó la carta de Guerrero en un aviso de una página en la prensa paraguaya.
El Banco Mundial, bajo presión de 90 organizaciones de todo el mundo, reconoció el mes pasado que Guerrero había "brindado una descripción errónea de las conclusiones del Panel".
Directores y altos funcionarios del Banco Mundial expresaron su malestar con la Entidad Binacional de Yaciretá, pero decidieron que el organismo y su personal implementarán las medidas para enmendar la situación.
El Banco Mundial también prohibió el retorno del Panel de Inspección a Yaciretá, con la excusa de haber recibido protestas del gobierno paraguayo. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/aq/pr/98
