Los argentinos asisten cada semana a un nuevo escándalo que involucra a jueces del fuero federal con competencia en temas sensibles para el poder, mientras se cuentan más de 90 pedidos de juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La Alianza de oposición, integrada por la centrista Unión Cívica Radical y el centroizquierdista Frente País Solidario, estudia presentar este viernes un escrito de 200 páginas con el pedido de juicio político a cinco de los nueve integrantes de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones y falta de independencia.
El informe se basa en las solicitudes de juicio político ya presentadas contra la Corte Suprema, que suman más de 90 desde 1991, cuando el presidente Carlos Menem propuso ampliar de cinco a nueve el número de miembros del alto tribunal, introduciendo así una mayoría favorable a los asuntos del oficialismo.
La crisis de la justicia se expresa en las encuestas de opinión. Los jueces merecen la confianza de sólo 10 por ciento de los encuestados, en tanto una enorme mayoría desconfía de su voluntad de investigar sin aceptar presiones y de sus sentencias.
Las acusaciones de la prensa y de los dirigentes de la oposición a los jueces agravan esta crisis de credibilidad del Poder Judicial, que se debe especialmente al tratamiento de causas radicadas en el fuero federal.
Esta semana el turno fue del juez federal Carlos Liporacci, que investiga irregularidades en los contratos entre la Dirección General Impositiva y la transnacional informática IBM.
Liporacci fue acusado por un ex secretario de cohecho (soborno) amenazas, prevaricato (incumplimiento malicioso de funciones públicas) y abuso de poder, y un legislador pidió su juicio político.
Las denuncias contra Liporacci se suman a otros procesos contra una mayoría de jueces federales de instrucción que atienden investigaciones por narcotráfico, lavado de narcodólares, tráfico de armas y otros casos en que están involucrados funcionarios y legisladores.
"La mayoría de los 12 jueces federales que hacen la instrucción no tuvieron una carrera dentro del Poder Judicial sino que fueron designados por el 'dedo' político", aseguró a IPS una funcionaria judicial que pidió reserva de identidad.
En cambio, los jueces a cargo del proceso oral, encargados de dictar sentencia, "son independientes, pero se quejan de que nunca les llega una causa importante", dijo la fuente.
Antes del caso de Liporacci -que, según su ex secretario, se reunía frecuentemente con el ministro del Interior Carlos Corach para recibir instrucciones- el juez federal Norberto Oyarbide fue denunciado por amenazas.
Oyarbide era extorsionado con un video en el que se lo veía en un prostíbulo manteniendo relaciones sexuales. Los diputados estudian someterlo a juicio político, mientras se suman pruebas de sus vínculos con policías que protegían una red de prostíbulos.
El juez Hernán Bernasconi fue procesado por mal desempeño y ahora podría ser juzgado por la Cámara de Diputados, y el ahora destituído Carlos Branca fue denunciado como miembro de una asociación ilícita dedicada al contrabando. Hoy está preso junto a otro ex colega, Francisco Trovato, que estuvo prófugo por el delito de cohecho.
El diario La Nación, con más de 100 años de presencia continuada en Argentina, advirtió este jueves que la Cámara Federal debe prestar más atención también al desempeño de otros dos jueces federales, Roberto Marquevich y Guillermo Tiscornia, que cerraron sin pruebas causas polémicas.
Del mismo modo, el diputado Guillermo Francos, abogado del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, informó este miércoles que estudia el pedido de juicio político de Rodolfo Canicoba Corral, Claudio Bonadío y Jorge Urso, otros tres jueces federales cuestionados por sus fallos.
Cavallo fue el primero que denunció abiertamente la dependencia de la justicia federal respecto del gobierno. Lo hizo en 1996, y aseguró que Corach, junto a quien integró el gabinete de Menem, le dibujó un organigrama para explicarle de qué manera el Poder Ejecutivo controla a cada magistrado.
Las declaraciones del ex ministro provocaron escándalo, pero Corach no renunció al Ministerio del Interior ni Cavallo pudo probar sus denuncias. Es más, desde entonces debió afrontar una serie de denuncias penales, hasta que obtuvo fueros parlamentarios, al ser elegido diputado en 1997. (FIN/IPS/mv/ff/ip/98
