Trinidad y Tobago se negó hoy a respaldar el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado en la Asamblea General de la OEA, como reacción ante la decisión del organismo de ordenarle la suspensión de cinco ejecuciones.
El ministro de Relaciones Exteriores trinitobaguense, Ralph Maraj, dijo durante la última de las tres jornadas de la asamblea de la OEA (Organización de Estados Americanos) en Caracas que la demora impuesta a las ejecuciones es contraria a sus leyes.
Trinidad y Tobago denunció el 26 de mayo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como parte de su retiro de las obligaciones supranacionales que le imponen trabas a la aplicación de condenas a muerte en un plazo máximo de cinco años.
Maraj no bloqueó la aprobación del informe de la CIDH y de la Corte Interamericana de Justicia, en que aparece la decisión de acoger la demanda de condenados a muerte en Trinidad para estudiar denuncias de ilegalidad en los procesos.
Pero el canciller trinitobaguense dejó expresada su reserva a la aprobación y afirmó que las demandas de los condenados a muerte se han convertido "en un abuso" y una tergiversación del sistema de justicia internacional.
Maraj recibió la explícita simpatia de Jamaica, que en enero se apartó de la aplicación del Protocolo Facultativo sobre Pena de Muerte de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos.
La medida jamaiquina se hizo efectiva después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, ordenara en octubre suspender la ejecución de varios condenados a muerte.
La mayoría de las delegaciones en la OEA expresaron preocupación ante la eventualidad de que el caso de los condenados a muerte determine la renuncia de un creciente número de países caribeños a las normas que el continente aprobó para preservar los derechos humanos y que obligan a los 34 miembros del organismo.
El gobierno de Barbados también informó que estudia la denuncia de la convención interamericana, pero su canciller, Billie Miller, no hizo en Caracas pronunciamientos al respecto.
El presidente de la CIDH, el venezolano Carlos Ayala, dijo a IPS que la denuncia de la convención y la posición de Maraj ante la asamblea son "un serio retroceso" para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.
Ayala precisó que acoger las peticiones de revisión de procesos realizados en Trinidad y en otros países caribeños que mantienen la pena de muerte en su legislación "es un derecho de la CIDH que se basa en la convención y sus reglamentos".
La CIDH dispuso el 8 de mayo, durante una sesión de sus siete juristas independientes que se realizó también en Caracas, que el gobierno de Basdeo Panday debía suspender la ejecución de cinco condenados a muerte, en tanto la Corte Interamericana revisaba alegados vicios en las sentencias.
El vicepresidente de la CIDH, el estadounidense Robert Goldman, puntualizó que, según las normas de la convención, la denuncia se hará efectiva en un año, y que ello no supone que Trinidad quede fuera de los dictámenes de la Comisión, que son de oligatorio acatamiento en la OEA.
Goldman también indicó que el derecho consagrado mundialmente establece claramente que las normas supranacionales prevalecen n sobre las nacionales y que ningún Estado puede promulgar leyes contrarias a tratados internacionales que acató libremente.
Ayala y Goldman mantuvieron contactos con Maraj y con otros delegados caribeños para "frenar la tendencia" a intentar marginarse del acatamiento a los derechos de los condenados a muerte, algo que la propia Carta de la OEA imposibilita.
La crisis entre los países del Caribe, que mantienen mayoritariamente la pena de muerte, y los organismos humanitarios internacionales tiene su raíz en una decisión de 1991 del llamado Consejo Privado de Gran Bretaña, el máximo órgano jurisdiccional para los miembros de la Comunidad Británica de naciones.
El Consejo privado estableció un precedente, en base al reclamo de un condenado a muerte jamaiquino, Pratt Morgan, al dictaminar que era cruel e inhumano mantener largamente a una persona en espera de la ejecución de su sentencia a muerte.
En base a ese pronunciamiento, varios países caribeños establecieron plazos máximos para los recursos tras una sentencia a muerte y dispusieron que la pena se conmutará por cadena perpetua si el reo no fuera ejecutado al cabo de cinco años.
Jamaica argumentó, al denunciar el protocolo de la ONU, que los reclamos a instancias interancionales de los condenados a muerte provocan un problema de hacinamiento en los llamados "corredores de la muerte".
Maraj aseguró este miércoles ante la Asamblea General de la OEA que los sentenciados a la máxima pena abusan de los reclamos ante instancias internacionales y que cuando su demanda es rechazada por la CIDH recurren al Comité de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
Organizaciones humanitarias que actuaron como observadoras en la asamblea criticaron ácidamente la posición de Puerto España y le demandaron que reconsidere su decisión de denunciar la convención interamericana.
La doctrina americana es abolicionista, pero admite la aplicación de la pena de muerte en los países que la tenían antes de ratificar la convención. (FIN/IPS/eg/ff/ip hd/98
