El ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez apeló hoy la nueva detención a la que fue sometido para iniciarle un juicio por enriquecimiento ilícito, subrayó su inocencia y se declaró víctima de persecución política.
El ex gobernante socialdemócrata (1989-1993 y 1974-1979) respondió a los cargos en el Tribunal Superior de Salvaguarda, que le abrió un juicio por la supuesta existencia de cuentas conjuntas con su compañera sentimental, Cecilia Matos, en que existirían sumas por encima de sus ingresos legales.
La Corte Suprema de Justicia será la que decida la apelación, basada, según detallaron los abogados de Pérez, en causales constitucionales, indefensión, incompetencia del tribunal para juzgarlo, el principio de "cosa juzgada" y falta de elementos delictivos en el expediente.
La decisión de enjuiciar a Pérez y su inmediata y segunda detención se produjo el 14 de abril y evitó que el llamado caso de las cuentas mancomunadas prescribiera el 20 de mayo, al cumplirse cinco años de investigación sin abrirse el proceso.
El arresto domiciliario del que goza Pérez por tener más de 70 años lo alejó de las calles en un año electoral. El ex mandatario aspira a una senaduría por dos estados en los comicios del 6 de diciembre y es el gran referente del partido Apertura, conformado por antiguos socialdemócratas y tecnócratas.
El dos veces presidente concluyó su segundo mandato ocho meses antes de lo previsto, cuando en mayo de 1993 la Corte Suprema estableció que había elementos para procesarlo por manejos ilegales de 17 millones de dólares de una partida secreta tres años antes.
El primer juicio contra un presidente en ejercicio de la historia de Venezuela se produjo en un clima interno de gran inestabilidad, tras dos cruentos golpes de Estado en 1992, con Pérez sumido en la impopularidad por un duro ajuste fiscal y atenazado por un duro cerco de la oposición a su mandato.
Pérez estuvo primero encarcelado y después en arresto domiciliario entre mayo de 1994 y septiembre de 1996 y la Corte le condenó en mayo de ese año a 28 meses por el desvío ilegal de fondos secretos para cooperar con el gobierno nicaragüense de Violeta Chamorro.
El ex presidente ha negado siempre que los 17 millones de dólares fueran usados para otros fines que los de seguridad interna del Estado, pero también se ha mostrado orgulloso de que lo único que se halló en su contra fue que cooperó con la estabilidad democrática de un país centroamericano.
Sobre el nuevo caso en su contra, Pérez dijo este jueves que demandó al tribunal que reconozca su inocencia, al responder a la acusación en su contra.
Pérez se declaró víctima de "persecución política" por parte de los participantes de "una conspiración de odios", a los que sumó al presidente Rafael Caldera, e insistió en que no tiene cuentas conjuntas con Matos, con quien tiene dos hijas adolescentes.
El ex presidente indicó que el mismo tribunal fija en el expediente que se requiere una experticia para determinar el monto real de los depósitos en las cuentas de Matos en Estados Unidos, pero decidió que había elementos para procesarlo sin esa prueba elemental.
La nueva detención causó sorpresa en el país y comentaristas políticos, e incluso adversarios a la figura más carismática de las últimas décadas en Venezuela, criticaron que Pérez sea el "chivo expiatorio" de una dirigencia política corrupta.
El Tribunal Superior de Salvaguarda tiene como única instancia de alzada la Corte Suprema y su función es procesar los casos de delitos de corrupción de altos funcionarios y miembros del parlamento, una vez allanada su inmunidad.
Los delitos de salvaguarda son juzgados con el procesado detenido y el caso contra Pérez puede durar hasta dos años y medio y terminar con una condena de tres a seis años.
Si Pérez es condenado a más de tres años, será inhabilitado políticamente, lo que demandaron sin éxito sus enemigos en el anterior juicio. La Corte lo desestimó al no hallar elementos de apropiación de los fondos investigados por el ex presidente.
En caso de que sea elegido senador, Pérez gozará de inmediato de inmunidad y el proceso deberá paralizarse en tanto la Cámara Alta del Congreso no decida un eventual allanamiento del fuero.
Alberto Arteaga, abogado del ex presidente, precisó a IPS que los argumentos contra la orden de detención se dividen en los vinculados a violados derechos humanos y constitucionales, graves errores procesales e inexistencia de pruebas de delito.
Entre los primeros, Arteaga detalló que no se le pidió justificar los supuestos montos excesivos en las cuentas de Matos, sobre la que pesa también una orden de detención por complicidad y permanece en el exterior desde 1992.
Además se usó por vez primera el delito de enriquecimiento ilícito para abrir un proceso. Hay planes para eliminar ese delito por considerarlo inconstitucional, ya que presume la culpabilidad y determina que toca al acusado demostrar su inocencia y no al tribunal probar la culpabilidad.
"Se violaron derechos humanos fundamentales", dijo Arteaga, quien recordó que además el nuevo código procesal penal obliga al procesamiento en libertad de presuntos delitos sin sangre.
El abogado, un jurista muy respetado en Venezuela y ex decano de la principal facultad de derecho del país, aseguró que el Tribunal Superior de Salvaguarda es incompetente para juzgar a Pérez, por lo que se violó el derecho al juez natural.
Ese argumento deriva del hecho de que Pérez no es ni funcionario ni miembro del Congreso, ya que tras su condena la Cámara Alta le quitó el cargo de senador vitalicio que tienen los ex presidentes en el país, en forma que Arteaga consideró ilegal.
La ley de salvaguarda no asigna al tribunal el procesamiento de los ex presidentes. "Pérez es un ciudadano común, con derecho a ser juzgado por los tribunales penales comunes", aeguró.
Pérez sí era senador cuando el tribunal comenzó a investigar, pero si por ello se consideró competente para iniciar el proceso debió demandar el permiso al Congreso o derivar la situación a la Corte Suprema.
Además, Arteaga recordó que la Fiscalía General ya presentó el caso de las cuentas de Matos vinculadas a Pérez en el caso de la partida secreta y la Corte consideró que no había elementos para sumarlo al proceso, pero sí lo adjuntó al expediente de la condena, lo que lo convertiría en algo juzgado.
Pérez y Arteaga coincidieron en que en el expediente del tribunal no aparece nada que muestre que las cuentas de Matos eran conjuntas con el ex mandatario, salvo una de monto menor y cerrada al comienzo de su segundo mandato.
Añadieron que adicionalmente se asume que en las cuentas en Estados Unidos a nombre de Matos se manejaron cifras de entre seis y 12 millones de dólares en veinte años, al duplicar sumas totales y parciales de los saldos suministrados por los bancos.
"Una vez más la justicia está siendo usada con Pérez como un instrumento político y esto es grave para todos los ciudadanos", dijo Arteaga, quien se mostró confiado en que los recién nombrados magistrados de la sala penal de la Corte Suprema se decidan a "hacer justicia". (FIN/IPS/eg/mj/ip/98
