El gobierno de Venezuela pactó finalmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo acuerdo, del tipo sombra, que no incluye recursos y con el que espera reforzar la alicaída confianza de los inversores en la economía nacional.
El titular de Hacienda, Freddy Rojas, hizo este miércoles el anuncio al concluir el Consejo de Ministros, un día después de lograr en Washington el apoyo del director gerente del FMI, Michel Camdessus, a las metas planteadas por Venezuela.
La supervisión del FMI va a eliminar las dudas que la comunidad financiera internacional ha expresado en los últimos meses sobre la economía del país por el duro impacto de la caída de los precios petroleros, aseguró Rojas.
Venezuela verá reducidos sus ingresos del petróleo, puntal de su economía, en un nivel de entre 4.200 y 4.600 millones de dólares, según cifras de Rojas y del ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, que también participó en la misión que se entrevistó con Camdessus el martes.
Petkoff explicó que el llamado Programa Sombra sólo requiere la aprobación de Camdessus y no de todo el directorio del FMI, que únicamente tiene que ser informado por el director gerente, lo que se producirá en la reunión del 17 de junio.
El ministro de Planificación, artífice junto con Rojas del plan aprobado por Camdessus, aseguró que el preacuerdo representa "un espaldarazo al esfuerzo de austeridad y reequilibrio" realizado "tras el tremendo impacto de la crisis petrolera".
El gobierno esperaba lograr el acuerdo sobre el Programa Sombra en febrero, pero la volátil situación petrolera y el rechazo del presidente Rafael Caldera a establecer un nuevo incremento de los combustibles demoró las negociaciones.
Caldera llegó al poder en febrero de 1994 con una programa neopopulista titulado "Carta de Intención con el Pueblo Venezolano", que rechazaba el esquema neoliberal de ajuste del FMI y mantuvo una política de controles durante el primer bienio.
Pero el aislamiento y la recesión económica, el hundimiento de las reservas, la crispación social por la alta inflación y el deterioro en los ingresos y la revaluación insostenible del bolívar forzaron al gobierno a un viraje que lo condujo al FMI en julio de 1996.
El gobierno pactó entonces un acuerdo "stand by" (préstamo de contingencia) de 1.500 millones de dólares, del que sólo usó 500 millones, a cambio de un duro ajuste fiscal que supuso una devaluación lineal superior a 100 por ciento, la cuadriplicación de los precios de la gasolina y una inflación ese año de 103 por ciento.
Rojas dijo que en ningún momento durante la cita decisiva con Camdessus se mencionó ni siquiera como posibilidad que el FMI realice ahora un aporte 1.600 millones de dólares. Añadió que el gobierno mantiene su decisión de no pedir aportes al organismo, al desmentir versiones en ese sentido de la prensa nacional.
Según lo trascendido, entre las exigencias del FMI para cobijar bajo su sombra de credibilidad al gobierno de Caldera durante seis meses está que el deficit fiscal de 1998 no supere 3,5 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Además, las reservas internacionales del país deberán cerrar el año con un nivel mínimo de 15.000 millones de dólares, 500 millones más de su rango actual.
Entre enero y abril las reservas cayeron en 4.000 millones de dólares, debido a la caída de los precios del petróleo y a las erogaciones que hizo el Banco Central para sostener al bolívar, acosado por la inestabilidad del complejo año electoral y la expectativa de una devaluación, pese al desmentido oficial.
El petróleo aporta 40 por ciento del presupuesto, 77 por ciento de las divisas y entre 22 y 24 por ciento del PIB, situado al cierre de 1997 en 100.000 millones de dólares.
La meta de crecimiento de la economía se mantiene en un desacelerado 2,5 por ciento del PIB, después que en 1997 se rompió un trienio recesivo con un aumento de 5,1 por ciento y que antes de estallar la crisis petrolera se esperaba superar en dos puntos este año.
La inflación comprometida por el gobierno es de 28 por ciento, una meta que se considera incumplible después que en el primer cuatrimestre el indice de precios al consumidor se situó en 10,7 por ciento, lo que lleva a los analistas a pronosticar una tasa de entre 35 y 40 por ciento este año.
Camdessus afirmó el martes en Washington que el plan presentado por Venezuela "tiene viabilidad" y que el FMI se mantiene dispuesto a respaldarlo con un aporte de recursos, si el gobierno llegase a solicitarlo.
Fuentes cercanas al FMI comentaron, sin embargo, que Camdessus espera recibir antes del 17 de junio algunas cifras que la misión ministerial no le entregó en el encuentro, en lo que da a entender que aún faltaría alguna exigencia por cumplir.
El gobierno y la estatal Petróleos de Venezuela redujeron en conjunto 3.500 millones de dólares de sus respectivos presupuestos del año, para equilibrar las cuentas a la caída de ingresos.
Además el gobierno impuso hace una semana una serie de medidas adicionales para contener el gasto y promover el ahorro del sector público y privado y frenar así el exceso de liquidez que alimenta la inflación, tal como le pedía el FMI.
También decidió incrementar 1,5 puntos el impuesto a las ventas al mayor, para situarlo en 18 por ciento, algo que demandó la misión técnica del FMI que preparo el Programa Sombra, pero que el Congreso ya anticipó que no recibirá su aprobación. (FIN/IPS/eg/mj/if/98
