Un plan del gobierno de Uruguay para que los militares colaboren con la Policía en materia de seguridad pública abrió un fuerte debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en un país que vivió una dictadura de 12 años.
El proyecto "Asfalto", encabezado por el jefe del Ejército, teniente general Fernán Amado, se filtró esta semana a la prensa y generó más oposición que respaldo.
El plan busca que los militares colaboren en la vigilancia de algunas zonas de Montevideo con fines de disuación para combatir la delincuencia y optimizar el uso de los recursos del Estado.
Luego de la dictadura (1973-1985), el papel de los militares en la sociedad uruguaya ha sido objeto de frecuentes debates debido al peso que éstos tienen en el presupuesto de un pequeño país ubicado entre Brasil y Argentina, los gigantes de la región.
El recelo ante un eventual nuevo desborde institucional no se hizo esperar. "No hay que olvidar que Amado declaró que la Policía esta siendo desbordada como en 1973 y esa es una fecha triste para todos los uruguayos", dijo a IPS el diputado Luis Gallo, del izquierdista Frente Amplio.
En Uruguay aún existe una fuerte confrontación ante la presión de organizaciones sociales por conocer el destino de los detenidos- desaparecidos durante el régimen militar, luego que una ley de 1989 puso fin a las investigaciones contra militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos.
Durante la dictadura, más de 5.000 presos políticos establecieron una cifra récord con relación a la población de Uruguay, de 3,1 millones de habitantes.
El diputado Marcos Abelenda, tambien del Frente Amplio, en el que participan los ex guerrilleros Tupamaros, sostuvo que las soluciones que ofrece el gobierno "eluden la necesidad de encarar el tema económico y social que figura en le génesis del delito".
"No hay que discutir lo accesorio ni referirse al pasado, sino contribuir con ideas concretas para mejorar la seguridad pública. El patrullaje es un elemento disuasivo y eficiente", replicó el Ministro del Interior, Luis Hierro.
Según datos del Poder Judicial, en la última década los delitos violentos, entre los cuales están la rapiña (hurto con violencia), el homicidio y las violaciones, tuvieron un aumento de más de 10 por ciento.
Una fuente cercana al presidente Julio Sanguinetti declaró el día 28 al semanario Búsqueda que "sería inexplicable que las Fuerzas Armadas no pudieran cooperar con la tarea de los cuerpos policiales.
El primer paso de los militares fuera de los cuarteles se dio en octubre de 1997, cuando un decreto dispuso que se hicieran cargo del control externo de las prisiones, que hasta ese momento registraban frecuentes fugas.
El mismo decreto se encomendó a los ministerios de Interior y Defensa la coordinación de la vigilancia de las sedes diplomáticas.
La oposición al plan "Asfalto" no se limitó a la izquierda. El ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95) sostuvo que la iniciativa no solucionará el problema de la delincuencia y lanzó "un no rotundo a todo intento de convertir en guardias nacionales al Ejército o cualquiera de sus armas".
"No podemos pensar en otros conflictos, más allá de los que se generen por la custoria de nustro espacio aéreo o por problemas fronterizos que pueden derivar en conflictos sociales explosivos en al país del norte", dijo en alusión a la proximidad fonteriza del movimiento "sin tierra", en Brasil.
Lacalle, líder de un sector del Partido Nacional, rival histórico del Partido Colorado de Sanguinetti, se perfila para ganar las elecciones internas de esa fuerza, que definirán al candidato presidencial para los comicios de noviembre de 1999.
Uno de sus fuertes rivales en esa elección interna, Alberto Volonté, principal socio político de Sanguinetti en la actual coalición de gobierno, tiene una visión diferente.
Volonté no descartó que se concrete la intervención militar en la custodia callejera, pero advirtió que "deberá ser extraordinaria y circunstancial". El ministro de Defensa, Raúl Iturria, es integrante del sector de Volonté.
El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Estudios Geopolíticos (Geosur), el uruguayo Bernardo Quagliotti, dijo a IPS que la existencia de las Fuerzas Armadas en la región "tiene plena justificación".
"Son parte fundamental, junto con la cultura y la permanencia del sector económico estratégico bajo control estatal, para sostener el estado-nación, renovado pero siempre vigente, en este mundo globalizado", afirmó.
Según Quagliotti, los estados tienen en las Fuerzas Armadas básicamente un poder de disuasión, que muchas veces evita la confrontación y actúa como barrera para el control de migrantes. A esto apeló Uruguay en 1997, para persudir a los "sin tierra' a no cruzar la frontera. (FIN/IPS/rr/ag/ip/98
