La ley de sindicalización aprobada em Puerto Rico divide al movimiento de los trabajadores en un sector que la considera un logro histórico y otro que la ve como una de las leyes laborales más restrictivas del país.
La ley, entre otras cosas, otorga a los empleados del sector público, unos 234.000, el derecho a integrarse a sindicatos. Pero prohíbe las huelgas, aunque quienes respaldan la nueva norma afirman que sus carencias pueden superarse con posibles enmiendas.
Los opositores sostienen que la Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO) de Estados Unidos utilizará la nueva norma para desplazar a sindicatos locales que organizan a trabajadores del sector público. Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos.
Los sindicatos que lideraron la campaña de presión por la nueva ley están afiliados a AFL-CIO, al igual que la Federación Americana de Empleados de Estado, Condado y Municipales (AFSCME) y la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) de Estados Unidos.
Un total de 31 sindicatos puertorriqueños están afiliados a AFL- CIO, representando a 50.000 trabajadores.
Los opositores de la ley de sindicalización afirman que los sindicatos estadounidenses sólo están interesados en el dinero, y destacan que si cada empleado público de Puerto Rico fuera miembro de AFL-CIO y aportara 10 dólares mensuales, la AFL-CIO reuniría 28 millones de dólares en aportes anuales.
El analista político y ex presidente del Partido Socialista de Puerto Rico, Carlos Gallisa, afirma que la influencia política que ejercen los sindicatos de AFL-CIO en Washington no debe ser subestimada.
"AFSCME es el sindcato que entregó más dinero para el Partido Demócrata, sus representantes en el Congreso y las dos campañas presidenciales de Bill Clinton", destacó.
En 1997, la influencia política de la federación sindical fue clave en derrotar la propuesta de Clinton de legislación comercial para la "vía rápida".
Los críticos de la ley sostienen que responde a un acuerdo secreto entre el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rossello, y la AFL-CIO para convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos. Rossello también es presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas de Estados Unidos.
Según el presidente del Partido Democrático Popular (PDP), Aníbal Acevedo Vila, AFSCME presiona en el Congreso estadounidense a favor de una ley de plebiscito en Puerto Rico. A cambio de esto, Rossello promovió la ley de sindicalización.
La ley de plebiscito, auspiciada por el representante de Alaska Don Young, propone un plebiscito a fin de este año, en el cual los puertorriqueños decidirían entre el estatuto de estado, la independencia o mantenerse como estado libre asociado.
El 4 de marzo el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes por el margen de un voto, y ahora espera la aprobación del Senado.
El PDP se opone a la ley del plebiscito porque, según afirma, se inclina contra el estado libre asociado y favorece la integración de Puerto Rico como estado de Estados Unidos. Parte del movimiento independentista también la boicotea por su supuesta naturaleza colonialista.
Rossello, legisladores de su Nuevo Partido Progresista y líderes del sindicato de empleados públicos (SPU), afiliado puertorriqueño de AFSCME, niegan que esas presiones hayan existido o tengan lugar. Los miembros de SPU pertenecen a todas las ideologías políticas, afirman líderes de la organización.
«AFSCME no tomará posición sobre el tema del estatuto de Puerto Rico. Los miembros de SPU, pertenecientes a todos los partidos políticos, no permitirían esa imposición", dijo el director ejecutivo de SPU, José La Luz.
Cuando el presidente del Instituto de Educación Laboral, Carlos Quirós, presentó en un diario local un artículo sobre supuestos vínculos de AFSCME y AFL-CIO con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), SPU respondió con un largo y detallado desmentido.
SPU negó cualquier vínculo con la CIA y sostuvo que hay una clara diferencia entre una organización infiltrada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como se documentó en el caso del trabajo organizado estadounidense, y ser un frente de la CIA, según acusa Quirós.
También señaló que la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), opositora de la ley de sindicalización, está afiliada a la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), la cual, según afirmó, fue utilizada por la CIA e intereses conservadores para neutralizar el activismo progresista y militante.
Según la respuesta de SPU a Quirós, AFSCME fue opositor de la política del ex presidente estadounidense Ronald Reagan, mientras la CPT emitía declaraciones condenando a los sandinistas y la guerrilla salvadoreña, y acusando a otro sindicato, la Unión General de Trabajadores, de ser una organizaicón comunista.
SPU también destacó que la Federación Puertorriqueña de Maestros, otro opositor de la ley de sindicalización está afiliada a la Federación Americana de Maestros (de Estados Unidos), la cual acusó a AFSCME de estar controlada por los comunistas por criticar la intervención de Estados Unidos en América Central. (FIN/IPS/tra-en/cr/cb/lp/lb/98
