PERU: La ágil cintura prelectoral de Fujimori

Los partidarios del presidente de Perú, Alberto Fujimori, consideran que sus rápidos cambios de timón son evidencia de sensibilidad democrática. En cambio, sus detractores afirman que son muestra de que gobierna con un ojo en las encuestas para alcanzar la reelección.

En las últimas semanas, Fujimori volvió a demostrar sus ágiles reflejos al modificar, cuatro días después de aprobarlo, un decreto que limitaba el derecho de los padres a elegir nombre a sus hijos y que había provocado una intensa ola de protestas de todos los sectores.

Tres días después, rectificó su estrategia para enfrentar la inseguridad urbana, uno de los asuntos que más preocupa a la población.

Fujimori y el ministro de Trabajo y Promoción Social, Jorge González, anunciaron esta semana su disposición a introducir cambios en otras leyes para combatir la inestabilidad laboral en las empresas subcontratistas promovidas por su gobierno.

Cuatro días después de emitir el controvertido Decreto Supremo que reglamentaba la inscripción de nombres ante el Registro Civil, Fujimori dijo que su gobierno estaba dispuesto a corregir los errores "que a veces pasan inadvertidos en los proyectos que nos presentan los ministros".

"La opinión pública tiene razón en su protesta. El gobierno no puede decirle a los padres de familia que nombre deben poner o no poner a sus hijos. De acuerdo con esa norma, mis hijos no hubiera podido ser registrados como Keiko y Kenyi", dijo el presidente.

A su lado, impertérrito pero con las orejas rojas, el ministro de Justicia, Alfredo Quispe, aprobó la rectificación del presidente con un gesto, aunque el día anterior él mismo había apoyado el polémico decreto sosteniendo que era correcto y estaba inspirado en leyes italianas, españolas y argentinas.

Enrique Zileri, editor del semanario político opositor Caretas, comentó al respecto que Quispe "se olvidó de decir que esas leyes fueron dictadas bajo las dictaduras de Benito Mussolini, Francisco Franco y Domingo Perón".

Otra demostración de rápido giro político se produjo en torno a la inseguridad urbana. El jefe de Estado anunció el 2 de mayo que enviaría al Congreso un paquete de medidas para enfrentar la ola de delicuencia y la brutal expansión del crimen organizado.

En las últimas semanas, 12 cambistas callejeros de dólares fueron asesinados por bandas provistas de fusiles AKM o FAL y vestidas con lo que parecía ser uniformes policiales.

Grupos de delicuentes, en los que se sospecha que intervienen algunos de los 300 policiales expulsados desde enero de 1997 por delitos menores o actos de corrupción, han secuestrado a decenas de ejecutivos, algunos de los cuales pagan el rescate ofrecido sin dar cuenta a las autoridades.

El éxito de las grandes bandas es imitado por delicuentes de menor calibre, y aun por jóvenes, que realizan los llamados "secuestros al paso" en barrios pobres o de clase media. En ellos, las víctimas deben comprar su libertad por sumas que, ascienden a 500 dólares promedio, según la policía.

Esta situación ha colocado en las últimas semanas el problema de la inseguridad urbana al primer nivel de la preocupación social, lugar que años atrás tenía el terrorismo y después ocupó el desempleo.

Sorpresivamente, tres días después de presentar el paquete al Congreso, Fujimori decidió no dejar en manos de los legisladores la responsabilidad de discutir las leyes de emergencia contra la expansión de la violencia criminal y anunció que pediría facultades legislativas para dictarlas por su cuenta.

"Esta ley es reclamada con urgencia. Si la encomendamos al Congreso, el tema se politizará, la oposición aprovechará para criticar al Servicio de Inteligencia y a la policía y las discusiones serán interminables. Para ganar tiempo y eficacia, el Ejecutivo dictará las medidas adecuadas", dijo.

Sus detractores sostienen que estas rectificaciones revelan la voluntad de Fujimori de mejorar sus posibilidades de cara al referéndum promovido por la oposición para cerrar el paso a su postulación a una segunda reelección consecutiva.

"Fujimori no ha proclamado aún su candidatura, pero todos sabemos que esa es su obsesión principal. A pesar de que la Constitución prohíbe una segunda reelección consecutiva, Fujimori forzará las cosas para postularse", afirmó el diputado opositor Fernando Olivera.

La socióloga Elena Morán sostuvo, por su parte, que el presidente gobierna con un ojo en las encuestas, "en las que el respaldo a su gestión sube y baja con rapidez y en casi inmediato reflejo de los problemas de su administración y a sus iniciativas para resolverlos".

Según la última encuesta difundida en Lima, elaborada por el instituto privado Datum, la aprobación a la gestión presidencial fue a fines de abril de 39 por ciento, siete puntos menos que el nivel que mostró el mes pasado, luego de un leve repunte.

"Especialmente cuando está en dificultades, Fujimori tiene un agudo instinto para hacer, decir o callar en función de su imagen, que ya habíamos advertido cuando derrotó en 1990 a su primer adversario electoral importante, el escritor Mario Vargas Llosa", añadió Morán.

El analista independiente Francisco Loayza afirmó, por su parte, que "desde el año pasado, Fujimori aprovecha todo para mejorar su imagen preelectoral".

"Al precipitarse el fenómeno atmosférico de El Niño, trató de asumir él solo la dirección de las tareas de defensa de los damnificados", agregó.

"Cuando comenzaron las críticas porque su excesivo personalismo estaba trabando la eficacia de las medidas de apoyo, rápidamente descentralizó las decisiones e hizo intervenir al Ejército. Pero siempre trató de ser visto a la cabeza de las esfuerzos gubernamentales", añadió.

El comentarista televisivo opositor Federico Salazar sostuvo que la errática forma de gobierno que asume Fujimori "lo convierte en un 'presidente bombero', que atiende a los problemas a medida que aparecen".

Fujimori "suele ser considerado jefe de un regímen autoritario y gendarme", agregó.

"La ventaja de ese método es la celeridad y la atención de los subordinados en cada caso concreto, pero la desventaja es que cuando el presidente no toma el caso, o lo abandona, queda desatendido o baja el ritmo de atención", concluyó Salazar. (FIN/IPS/al/mj/ip/98

Archivado en:

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe