El principal obstáculo para la acusación por violación contra el ex presidente de Nicaragua y actual diputado Daniel Ortega será el poder legislativo, que deberá considerar su desafuero, advirtieron allegados a la acusadora, Zoilamérica Narváez.
Narváez, hijastra de Ortega, acusó el miércoles ante la justicia al líder del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por los delitos de abuso deshonesto, violación, y acoso sexual, un caso que dividió a la sociedad nicaragüense.
Al mismo tiempo, la joven planteó ante un juzgado civil la anulación del trámite que la convirtió en 1986 en hija adoptiva del ex presidente de Nicaragua (1984-1990), con el fin de romper el último vínculo que la unía a él.
Narváez, de 31 años, concurrió a los juzgados acompañada de representantes organizaciones de derechos humanos y la Red de Mujeres contra la Violencia Sexual, que manifestaron su respaldo a la acusación.
Un grupo de simpatizantes de la joven se manifestaron en los juzgados con carteles que rezaban "¡Ortega, violador!", mientras otro grupo le gritó "mentirosa" y "vaga".
Narváez entregó a las organizaciones que la respaldan un documento de 40 páginas en el que describe con detalle 18 años de supuesto acoso y abuso sexual a manos de Ortega.
"Vamos a seguir la denuncia y a observar que no se produzca una obstrucción a la justicia, ya sea por parte del poder judicial o del poder legislativo", dijo a IPS Lino Hernández, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
"Si hay alguna obstrucción, vamos a recurrir a los organismos internacionales de justicia", agregó Hernández.
A juicio de Hernández, el principal obstáculo podría presentarse en la Asamblea Nacional (congreso legislativo), ya que Ortega, en su calidad de diputado, goza de inmunidad y, por lo tanto, no puede ser arrestado ni encausado.
"A nadie se le ha suspendido la inmunidad hasta ahora, a pesar de que hay alrededor de 30 solicitudes (de desafuero) acumuladas desde 1997. Hay una especie de entendimiento tácito entre los diputados para no dejar pasar estos casos, porque temen que les rebote a ellos", comentó Hernández.
De acuerdo con el reglamento del Poder Legislativo, la solicitud de desafuero debe ser planteada por escrito a la Secretaría de la Asamblea Nacional, la cual deberá informar sobre el asunto a la Junta Directiva, de mayoría oficialista.
La Junta Directiva, de seis miembros, deberá valorar si la solicitud es fundada o no. De acuerdo con eso, decide si se integra una Comisión Especial para preparar el dictamen.
El legislador demandado dispone de un período de ocho días para defenderse, y la Comisión abre un período de pruebas por espacio de 20. Diez días después tiene que emitir un dictamen.
Sin embargo, es el plenario de la Asamblea Nacional el que resuelve la suspensión del diputado o no. Se requerirían 47 votos para aprobarla o rechazarla.
La ex asesora legislativa Angela Rosa Acevedo sostuvo que la demanda de desafuero de Ortega sería una "prueba de fuego" para la Asamblea Nacional, sobre todo ante la sociedad.
"El plenario (legislativo) es soberano. Ellos podrían rechazar la solicitud de desafuero, argumentando que carece de suficiente fundamento, pero eso sería el colmo. Públicamente, de cara a la sociedad, sería contraproducente", afirmó Acevedo.
No obstante, pronosticó que podría producirse un "acuerdo político" entre la bancada oficialista y la opositora, como ya sucedió en el pasado. Eso abonaría la imagen negativa que, según las encuestas, tiene el poder legislativo.
El Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN) reveló, en un estudio efectuado en 1997 con el auspicio de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), que 58,7 por ciento considera que el Poder Legislativo "no les sirve en nada". Apenas 31,2 por ciento opinó que "les sirve un poco".
Narváez dijo temer por su vida y la de sus colaboradores. La Red de Mujeres contra la Violencia Sexual le expresó su apoyo luego de conocer su testimonio, en el cual describe a Ortega como un sádico.
"Yo lloré cuando escuché el testimonio y tengo cinco años de trabajar con niños y niñas abusados. Es una historia desgarradora. Es el grito de una niña que fue abusada desde corta edad, y que refleja aún las secuelas imborrables", dijo a IPS Lorna Norori, psicóloga de la Red.
"En 1986, teniendo 19 años, de los cuales ocho eran de abusos en mi contra, fui adoptada como hija de Daniel Ortega con el consentimiento de mi madre", relató Narváez.
"Días después, él me dijo que ese acto debía significar un vínculo parecido al del matrimonio. Pasábamos a ser enlazados. Era una forma de casamiento, es decir, que llevaba su apellido no por ser hija de él, sino por ser su objeto sexual", añadió en su testimonio.
Mientras tanto, el FSLN rechazó el testimonio de Narváez. Rafael Ortega, hermano de la acusadora, la acusó de "desequilibrada mental", "mitómana", y hasta de "extraterrestre".
"Todo esto ha sido una campaña politica, un show publicitario para destruir al líder máximo del Frente Sandinista. Mi hermana es mitómana y le gusta presentarse como víctima. Esa es la verdad", comentó Rafael Ortega, quien durante años fue parte del cuerpo de escoltas de su padrastro, en rueda de prensa. (FIN/IPS/rf/mj/ip hd/98
