El Congreso de Estados Unidos, dominado por el opositor Partido Republicano, acometerá esta semana el acuerdo celebrado entre el presidente Bill Clinton y la Unión Europea (UE) pero no llegará a bloquearlo, según miembros del gobierno.
El acuerdo, anunciado el lunes en Londres tras conversaciones de última hora entre altos funcionarios de Washington y la UE, suspende efectivamente las sanciones de Estados Unidos contra empresas europeas que realicen inversiones en Cuba e Irán.
Aunque el tratado ya suscitó reacciones airadas de algunos legisladores de derecha, la mayoría de los observadores consideran que no será desafiado frontalmente en el Capitolio.
"El hecho es que nuestra política hacia Irán y Cuba está cambiando, y todo el mundo lo reconoce", comentó un colaborador de un influyente senador demócrata.
El acuerdo pone fin a desgastantes disputas entre Washington y la UE, remitidas por Bruselas a la Organización Mundial del Comercio.
Por el tratado, Clinton excluirá de las sanciones económicas a un consorcio de compañías petroleras de Francia, Malasia y Rusia que firmaron en septiembre un contrato de 2.000 millones de dólares para explotar yacimientos de gas natural en Irán.
Las sanciones, dirigidas contra firmas petroleras extranjeras que invierten más de 20 millones de dólares por año en el sector iraní de petróleo y gas, fueron previstas por la Ley de Sanciones contra Irán y Libia, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y promulgada por Clinton en 1996.
A su vez, la UE aceptó limitar aún más las exportaciones a Irán de tecnología que se pueda utilizar para fabricar armas de destrucción masiva y acordó adoptar medidas para combatir el supuesto terrorismo iraní.
El acuerdo también debilita la ley Helms-Burton, ratificada por Clinton a comienzos de 1997, luego de que aviones de guerra cubanos derribaran sobre aguas internacionales cercanas a Cuba a dos aeronaves civiles al mando de activistas cubano- estadounidenses opuestos al presidente Fidel Castro.
Una disposición de esa ley aún no aplicada por el presidente Clinton, la Sección Tres, permite a ciudadanos de Estados Unidos litigar contra compañías extranjeras que obtengan beneficios de sus propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano después de la revolución de 1959.
Otra disposición, la Sección Cuatro, exige que el presidente cancele las visas de los ejecutivos de esas compañías y sus familias. La ley tiene el fin de desalentar la inversión extranjera en Cuba.
Por el acuerdo anunciado en Londres, Clinton le pedirá al Congreso que modifique la ley Helms-Burton para brindar al presidente la facultad de omitir la aplicación de la Sección Cuatro.
La mayoría de los legisladores republicanos no aprobarán la medida, pero los analistas dudan de que se opongan a ella.
"La modificación (de la ley) no es imposible porque el ambiente con respecto a Cuba cambió mucho" en Washington, señaló el colaborador del Congreso.
A cambio, la UE aceptó "desalentar" la adquisición por parte de europeos de bienes estadoundienses nacionalizados, en parte mediante la creación de un registro de propiedades confiscadas que deberán consultar las firmas interesadas en invertir en Cuba.
Los gobiernos europeos no ofrecerán subsidios, préstamos ni garantías a las compañías interesadas en las propiedades confiscadas, aseguraron funcionarios de Washington.
Legisladores de derecha reaccionaron con ira. "Para mí, aceptar el acuerdo ofrecido por la UE sería tolerar la delincuencia y la falta de honestidad", arguyó el senador Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores que presidiría las sesiones para modificar la ley Helms-Burton.
"A nuestros amigos europeos les digo esto: No hay acuerdo", añadió.
Pero la mayoría de los observadores estuvieron de acuerdo con la secretaria de Estado Madeleine Albright en que el tratado era necesario para impedir un daño mayor a los vínculos entre Washington y Bruselas, que se oponía radicalmente al alcance extraterritorial de ambas leyes en cuestión. (FIN/IPS/tra-en/jl/fah/ml-aq/ip/98
