El gobierno de Estados Unidos teme que un proyecto de ley en el Congreso para sancionar a gobiernos extranjeros acusados de persecución religiosa en Africa, Asia y el mundo árabe perjudique a fieles de esas zonas.
El presidente Bill Clinton, círculos empresariales y varias iglesias Protestantes comparten esta opinión.
"Nos preocupa en extremo que el proyecto proponga medidas que harán más daño que bien, sobre todo a los cristianos y fieles de grupos religiosos que sufren persecución en otros países", expresa una carta firmada por líderes de 12 iglesias Protestantes y el Consejo Nacional de Iglesias, organización que las engloba.
El propio Clinton se manifestó en contra del proyecto en una reunión esta semana con líderes de la Asociación Nacional de Evangelistas, que respalda la iniciativa.
Clinton se quejó en reiteradas ocasiones de que el proyecto, la Ley de Exención de la Persecución Religiosa, le niega la flexibilidad que necesita para ejercer la política exterior. Pero los partidarios del proyecto lo defienden ante el Congreso.
La semana pasada, el presidente de la Coalición Cristiana, Donald Hodel, vinculado al ala derecha del Partido Republicano, advirtió en un foro de la industria petrolera que las compañías que se opongan a la iniciativa sufrirán represalias.
El proyecto, presentado por Frank Wolf en la Cámara de Representantes y Arlen Specter en el Senado, fue aprobado el mes pasado por 31 votos frente a cinco en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja.
El Senado y otros comités de la Cámara de Representantes lo discutirán en breve.
Presentado el año pasado, el proyecto fue revisado para contemplar las objeciones planteadas por el gobierno, intereses comerciales y organizaciones religiosas.
La iniciativa requiere que Clinton sancione a los gobiernos que realizan o permiten la persecución religiosa, definida como secuestro, esclavitud, violación, crucifixión y otras formas de tortura.
La propuesta crea una Oficina de Persecución en el Departamento de Estado (cancillería), cuyo director, designado por el presidente, debe informar cada año al Congreso sobre los países que practican persecución.
El presidente se vería obligado a prohibir las importaciones del país en cuestión, cancelar la ayuda no humanitaria, negar la visa de ingreso a personas responsables de persecución e impedir la autorización de préstamos de instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, entre otras sanciones.
A diferencia de una versión anterior, el proyecto brinda al presidente la opción de prescindir de las sanciones si considera que su aplicación puede socavar la "seguridad nacional" de Estados Unidos o fomentar, en vez de limitar, la persecución.
El proyecto actual excluyó las disposiciones que exigían un análisis especial de Arabia Saudita, China, Pakistán y otros países con los que Washington mantiene importantes vínculos comerciales.
Pero la iniciativa mantuvo la disposición que prohibe la inversión y la mayor parte del comercio con Sudán, a cuyo gobierno islámico se le acusa de librar una guerra contra cristianos que residen en la zona austral del país.
El proyecto también ofrece protección a solicitantes de asilo que dicen ser víctimas de persecución religiosa.
Grupos empresariales que durante más de un año presionaron contra las docenas de sanciones comerciales unilaerales de Estados Unidos que existen en otros países se oponen fuertemente al proyecto.
El gobierno también se mueve hacia la oposición. El portavoz de la Casa Blanca, Mike McCurry, dijo esta semana que la aplicación automática de las sanciones priva al presidente de la flexibilidad necesaria para llevar adelante la política exterior.
El obispo Sammy Azariah, moderador de la Iglesia Cristiana de Pakistán, expresó preocupación ante el proyecto, "el cual definitivamente creará problemas para iglesias minoritarias en otras tierras". (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq-lp/ip cr/98
