Ecuador entró, en las postrimerías de la presidencia de Fabián Alarcón, en un agujero negro del que sólo podrá salir si el mandatario que entre en funciones en agosto aplica un ajuste económico que será severo e impopular, según expertos.
Esa crisis se refleja en las cuentas fiscales, que de un superávit de 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a fines del año pasado amenazan hoy con bordear un déficit de seis por ciento. Uno de los factores que ha contribuido a ese resultado es la política de gasto.
Según Fidel Jaramillo, director de la Consultora Multiplica y gerente del Banco Central que renunció a fines del mes pasado por discrepancias con Alarcón, la política de gastos no presupuestados "ha sido una constante del gobierno interino".
Al desorden de las cuentas fiscales se suman los devastadores efectos del fenómeno climático de El Niño, que destruyó 2.500 kilómetros de carreteras y casi 25.000 hectáreas de cultivos hasta abril. Las pérdidas suman unos 500 millones de dólares.
Como si fuera poco, el desplome de los precios internacionales del petróleo privó a Ecuador de otros 400 millones de dólares, en una economía donde las ventas del hidrocarburo sostienen casi la mitad del presupuesto. En 1997, los ingresos petroleros de Ecuador alcanzaron 1.540 millones de dólares.
Alarcón asumió la jefatura de gobierno interina en febrero de 1997, cuando ejercía la presidencia del Congreso unicameral y el entonces mandatario Abdalá Bucaram, en funciones desde 1996, fue destituido por el cuerpo legislativo denunciado por mal uso de fondos, nepotismo y abuso de autoridad.
El gobierno provisional intentó sin éxito aumentar ciertos impuestos y también dio marcha atrás a la hora de adoptar decisiones impopulares como la eliminación de los subsidios al gas y la electricidad.
Toda la población se beneficia de estos subsidios que bajan los precios de esos productos básicos, pero todos los análisis calculan que quienes más los aprovechan se ubican en el 20 por ciento de mayores ingresos.
La campaña electoral contribuyó a la inestabilidad económica, pues el Congreso, dominado por partidos de derecha, se opone a las medidas propuestas por el gobierno de centroderecha para financiar el déficit por temor a perder votos en la primera vuelta de los comicios presidenciales del día 31.
Los empresarios se oponen a pagar más impuestos, los sindicatos a la eliminación de los subsidios, los partidos tienen la mira puesta en los comicios y el gobierno ha llegado a los niveles más bajos de aceptación.
Por todas estas razones se prevé que, hasta que el próximo presidente asuma sus funciones el 10 de agosto, poco o nada se moverá en la economía ecuatoriana.
En su último informe, la Consultora Multiplica proyecta dos posibles escenarios para el futuro inmediato. Se trata de uno "realista", que prevé un "deterioro máximo" de la economía ecuatoriana hasta el cambio de gobierno, y otro "optimista", en el cual el deterioro es "moderado".
En el primer escenario la inflación, que ya se ha disparado, puede llegar a fin de año a 38 por ciento anual, fuera de todas las previsiones, y, en el segundo, a 32 por ciento. La inflación de 1997 fue de 31 por ciento.
En ambos escenarios el país recibe menos ingresos por la pérdida de su producción para exportaciones y por la caída de precios petroleros.
El próximo presidente recibirá un país en bancarrota. Multiplica cree que el próximo gobierno no podrá evitar la aplicación de un fuerte ajuste económico, cualquiera sea su signo político.
El paquete incluiría la eliminación de los subsidios a la electricidad y el gas, el recorte del gasto público, la eliminación de exoneraciones al impuesto al valor agregado (IVA), que benefician a algunos productos como agrícolas y alimentos, y el aumento de los combustibles, hoy indexados al dólar.
Pero la población pobre, que constituye más de mitad de los 12 millones de habitantes del país, está poco dispuesta a aceptar una medicina tan amarga, pues ya sufren los efectos de El Niño.
Las poblaciones sobre la costa del océano Pacífico se han convertido en grandes lagunas de aguas estancadas y lodazales. Solo el último fin de semana casi 20 personas murieron cuando se vino abajo un cerro en el que se asentaba un barrio pobre en la ciudad de Bahía de Caráquez, a 400 kilómetros de Quito.
Muchos pueblos están aislados por la destrucción de carreteras, y en ellos se teme que se produzcan epidemias de cólera y enfermedades infecciosas.
El gobierno no tiene fondos para asistir a la población y, aunque obtuvo préstamos internacionales por más de 300 millones de dólares, el dinero y la ayuda humanitaria llegan con lentitud.
Ante ese panorama, los candidatos a la presidencia centran sus campañas en ofrecer la rápida reconstrucción de las poblaciones de la costa, operación que requerirá no menos de 1.500 millones de dólares.
La mayoría de los aspirantes a la presidencia dicen que el país conseguirá esos fondos con una mejor recaudación de impuestos (la evasión en este país alcanza 60 por ciento) y créditos externos de diversas fuentes.
Ninguno se arriesga en público a proponer la receta de un "paquetzao" ortodoxo, aunque casi todos admiten en privado que el ajuste fiscal será necesario, con su inevitable costo social inmediato.
El demócratacristiano Jamil Mahuad se ubicó en el primer lugar de las encuestas, seguido por el populista Alvaro Noboa, allegado al depuesto ex presidente Abdalá Bucaram. (FIN/IPS/amr/mj/if ip/98
