Funcionarios de ONU y grupos de derechos humanos y desarme reclaman a los ocho países más industrializados del mundo la adopción en la cumbre de este mes medidas para restringir el comercio legal y clandestino de armas ligeras.
Los líderes del Grupo de los Ocho (G-8), que se reunirán en Birmingham, Gran Bretaña, entre los días 15 y 17, ya accedieron a considerar un "régimen internacional más severo para la importación y autorización de armas ligeras" como parte de un "instrumento internacional" de combate al tráfico ilegal.
Las organizaciones dedicadas a los derechos humanos y el desarme estiman que el tráfico ilegal representa hasta la mitad de la comercialización de armas ligeras en el mundo.
El Consejo Británico-Estadounidense de Información para la Seguridad (BASIC), grupo dedicado al desarme radicado en Londres y Washington, estima que el tráfico contribuyó a que las ligeras constituyeran la mayor parte de las armas usados en los 49 conflictos internacionales de 1995 y las únicas en 46 de ellos.
Pero para las organizaciones no gubernamentales no basta el esfuerzo de varios países del G-8, sobre todo Canadá y Estados Unidos, para limitar el comercio ilegal de las armas.
Los países del G-8 son responsables de 90 por ciento de la venta lícita de armas que, según BASIC, con frecuencia es el punto de partida del tráfico ilegal.
"El control de las armas ilícitas en el contexto de la delincuencia no basta. La mayoría de las armas ilegales se vendieron legalmente, en un principio", aseguró este martes Carol Bellamy, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Gran parte del problema, declaró Bellamy, es la facilidad con que se obtienen las armas, ya sea por medios lícitos o ilícitos. En Uganda, se puede adquirir un fusil AK-47 por el precio de una gallina y "en Mozambique se puede canjear por una o dos cajas de maíz".
"El tráfico ilícito de armas ligeras es sólo un aspecto del problema", arguyó Joost Hiltermann, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
"Son los gobiernos los que suministran las armas, en forma abierta o encubierta, a clientes que violan los derechos humanos, y son los gobiernos que no prohiben la venta de armas a este tipo de clientes", afirmó.
Como resultado, BASIC y HRW, entre otros grupos, arguyen que la próxima cumbre del G-8 debe intentar limitar el tráfico de armas legales mediante la destrucción de arsenales requisados y la inclusión de cuestiones de derechos humanos en la definición de transferencia ilegal, entre otras medidas.
Algunos países intentaron destruir sus arsenales en forma unilateral. Hace poco, la policía de Sudáfrica fundió 20 toneladas de armas ligeras y destinó el metal obtenido a la fabricación de autopartes, informó Jean du Preex, consejero de la misión sudafricana ante la ONU.
Pero pocos diplomáticos de la ONU creen que una campaña contra el tráfico de las armas ligeras tenga éxito y muchos exhortan a que se concentre el esfuerzo de desarme en la transferencia ilegal.
"Debemos ser más realistas. Es probable que sea más fácil comenzar con el comercio ilícito que en el lícito", argumentó Andras Vamos Goldman, consejero de la misión de Canadá ante la ONU.
Canadá y Estados Unidos unieron sus esfuerzos en una convención interamericana, firmada en noviembre por la Organización de Estados Americano (OEA), para controlar la venta de armas con mayor celo e impedir su uso ilícito. Washington pretende que el G- 8 adopte un instrumento similar.
La convención de la OEA solicita a los países importadores de armas que autoricen formalmente el movimiento de las armas y que las marquen para que su traslado se pueda rastrear después de la transferencia inicial.
"Significa que cuando las armas se desvían, y algunas invariablemente lo hacen, se pueden rastrear de nuevo al último vendedor", declaró el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Jonathan Winer.
Los partidarios del control de las armas defienden estas medidas porque son pasos iniciales en la campaña contra el tráfico ilegal. Pero también exhiben cautela frente a la lucha contra la corriente que se libra por las armas ligeras.
Oxfam, la organización benéfica británica, acusó al gobierno de Gran Bretaña el mes pasado de vender armas ligeras a más de 100 países.
"Los controles actuales no sólo son inadecuados, sino que la información es imprecisa y una mala base para erigir el control de armas que pregona el gobierno" británico, objetó el director de Oxfam, David Bryer.
Las organizaciones no gubernamentales esperan que los países del G-8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), unan sus esfuerzos para reprimir al menos la transferencia ilegal de armas. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/aq- mj/ip/98
