El 3 de junio comenzará en Costa Rica un proceso de concertación de resultado impredecible, pero el llamado de diversos sectores en este sentido revela un ambiente propicio para superar intereses partidistas y gremiales.
La Iglesia Católica lanzó en diciembre la idea de un diálogo nacional con el fin de buscar una solución a los problemas económicos del país, protegiendo y mejorando los programas sociales.
Tras las elecciones, en febrero, el actual presidente, Miguel Angel Rodríguez, del conservador Partido Unidad Social Cristiana, designó una comisión que realizó una amplia consulta para determinar el interés de todos los sectores en el diálogo.
El diputado Carlos Vargas, coordinador de la Comisión, aseguró que todos los sectores compartían la urgencia de emprender un camino de negociación que culmine en acuerdos efectivos.
La iniciativa parece nacer del cansancio de la población de promesas de programas que no se ejecutan, porque usualmente los partidos que llegan al gobierno no cuentan con mayoría parlamentaria para concretar sus propuestas.
"La historia de los últimos 15 años demuestra, sin equívoco, que a la fuerza no ha sido posible que este país avance con la velocidad requerida", apuntó Vargas.
En las elecciones de febrero se repitió la situación. El Partido Unidad Social Cristiana no obtuvo mayoría parlamentaria y, además, las fuerzas emergentes asumieron un papel protagónico, al conquistar siete de los 57 curules.
En la Asamblea Legislativa instalada el día 1, el partido de gobierno obtuvo 27 diputados y el socialdemócrata Liberación Nacional, segunda fuerza del país, 23.
El ex ministro de Hacienda Thelmo Vargas consideró que este escenario es propicio para la concertación, porque los partidos requieren de acuerdos para hacer aprobar sus proyectos.
Los temas del diálogo, que se determinaron de acuerdo con los resultados de la consulta, se dividen en tres grandes capítulos: fortalecimiento de la democracia, educación para el desarrollo y productividad.
Dentro de esos tres grandes capítulos se encuentran temas como el rescate de valores, la ética en la función pública, el papel del Estado, la seguridad social, salud y pensiones, infraestructura o seguridad ciudadana.
En el área de productividad las prioridades las tienen el equilibrio fiscal, la generación de empleo, la deuda interna, la privatización de empresas públicas, las libertades sindicales y la incorporación de los excluidos.
La polarización es mayor en los temas relacionados con la privatizacion de las empresas del Estado, posiblemente porque, como dice Vargas, "Costa Rica es un pais con una visión de futuro fragmentada".
"La sociedad costarricense está dividida en tres segmentos. El primero, de los que tienen una visión intervencionista del Estado, con un tinte socialdemócrata a la antigua. El segundo, los que tienen una visión globalizante, de apertura, neoliberal y privatizadora, con menos énfasis en contenido social", afirmó.
El tercer segmento, agregó, es el de aquellos que piensan que "los políticos y liderazgos sociales que se esconden en los primeros dos son falsos y corruptos". Por esa razón, indicó Vargas, la concertación debe ser amplia y profunda.
Las reglas del juego ya están definidas. Habrá seis órganos encargados de facilitar el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, y a la vez garantizar el cumplimiento de normas de comportamiento básicas, que partan del principio de que el que participa lo hace por su propia voluntad.
Entre esas normas destaca, por ejemplo, que los participantes se abstendrán de usar medidas de fuerza para hacer prevalecer sus intereses y se prohiben las negociaciones paralelas.
Pese al optimismo del gobierno por el proceso que se avecina, algunos sectores todavía muestran recelos.
Mario Mondol, secretario general de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, teme que no se llegue a ningún acuerdo e incluso rechaza un Foro Nacional para la Concertación que cuente con representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno.
En tanto, el diputado José Manuel Núñez, del partido Fuerza Democrática, con tres representantes en el parlamento, dijo que esa organización no participará en el proceso si sospecha que el gobierno pretende imponer sus puntos de vista. (FIN/IPS/mso/ag/ip/98
