/CIUDADES DEL MERCOSUR/ARGENTINA: Tribunales para proteger a los consumidores

Alrededor de 68 reclamos han recibido los tribunales para la defensa de los consumidores instalados hace un mes en Argentina por iniciativa de la secretaría de Industria, Comercio y Minería.

La medida, denominada Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, fue lanzada por el gobierno argentino con el objetivo de "brindar a los consumidores un medio idóneo, rápido, gratuito y efectivo de resolución de conflictos derivados de las relaciones de consumo", explicó Antonino Serra, uno de los cinco árbitros institucionales de ese sistema.

La norma respectiva encarga a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería la creación y administración de un registro nacional de representantes de consumidores, otro de asociaciones empresariales y un tercer registro de árbitros institucionales.

Los Tribunales Arbitrales de Consumo están constituidos por tres vocales, uno designado por las organizaciones de consumidores y otros por las asociaciones empresariales, en tanto que un tercero se escoge entre los inscriptos como árbitros institucionales.

Si la denuncia presentada es por una cifra inferior a los 500 dólares, el Tribunal se conformará sólo con un árbitro, y si la denuncia supera esa suma, los árbitros serán tres: un representante de los consumidores, otro de los empresarios y el tercero será un árbitro institucional.

Actualmente ya están designados 34 árbitros, cinco institucionales, 11 representantes empresariales y los restantes son miembros de organizaciones de consumidores.

Para que un arbitraje de consumo se ponga en marcha, la empresa o establecimiento comercial deberá estar adherida al sistema. Por ahora, y mientras lo hacen, el Tribunal invita al denunciado a acogerse al fallo.

Varios países han encauzado la problemática del consumo a través de mecanismos alternativos al estrictamente judicial.

Así ocurre en México, España, Portugal, Dinamarca, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Holanda e India, según se indica en los considerandos del decreto que crea los tribunales arbitrales de consumo. (FIN/Consumers International-IPS/98

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