Con acciones legales y campañas de boicot internacional, los sectores ecologistas de Chile mantendrán su rechazo a un megaproyecto para la explotación de bosque nativo en Tierra del Fuego, aprobado por el gobierno tras un largo debate.
Dos diputados anunciaron una demanda legal contra la venta de los bosques, en tanto los ecologistas dijeron este sábado que impedirán las certificaciones ambientales internacionales que requerirán las futuras exportaciones de astillas de lenga.
El proyecto Río Cóndor, para la explotación de 257.000 hectáreas de milenarios bosques de lenga al sur del Estrecho de Magallanes, fue siempre respaldado por el presidente Eduardo Frei, a raíz de la inversión prevista de 200 millones de dólares.
Los grupos ecologistas y los diputados de la llamada bancada verde se opusieron en cambio al megaproyecto de la transnacional estadounidense Trillium por su impacto sobre un ecosistema frágil y una especie forestal en peligro de extinción, como la lenga.
La empresa planea fundamentalmente procesar los árboles para producción de astillas (chips) que se emplean para fabricar maderas aglomeradas y embalajes "ecológicos", mediante un plan que impide hacer talas rasas del bosque.
Las objeciones técnicas y acciones legales con que la comunidad ambientalista mantenía bloqueada la aprobación del proyecto fueron finalmente desechadas este viernes por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).
El consejo de esta entidad gubernamental, integrado por 12 ministros, dio finalmente luz verde a Trillium, aunque le planteó 100 condiciones para los efectos del manejo del bosque y los recursos naturales del área durante un plazo de 110 años.
La mayor novedad es que por primera vez en Chile se exigirá a un inversionista el llamado seguro ecológico, obligándolo al pago de una garantía en caso de que no cumpla con las especificaciones ambientales del plan de explotación.
La resolución del consejo de Conama estableció igualmente la existencia de auditorías independientes sobre la marcha del proyecto y medidas de protección para los cursos de agua dulce y una numerosa población de guanacos en los bosques.
El proyecto de Trillium debió someterse durante un año al nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), instituido desde que en 1997 se aprobara el reglamento de la Ley Marco de Medio Ambiente, expedida en marzo de 1994.
El reglamento fue tramitado precisamente a raíz de una resolución de la Corte Suprema, que acogió un recurso de los grupos ecologistas acerca de la falta de normas para garantizar derechos ambientales previstos en la Constitución.
La oposición al proyecto Río Cóndor fue encabezada por la bancada verde, la Fundación para el Desarrollo de Magallanes, la red de Defensores del Bosque Chileno y la filial para el Pacífico Sur de la organización ecologista internacional Greenpeace.
Los ambientalistas sostienen que el gobierno de Frei privilegia la atracción de inversiones para la explotación de recursos naturales por sobre los objetivos del desarrollo sustentable consagrados por las Naciones Unidas.
Sostienen que la ley ambiental y su reglamento tienden a favorecer a los intereses empresariales y a menoscabar la participación del Estado y de los derechos de la comunidad en el análisis de megaproyectos, sobre todo en el SEIA.
La empresarial Corporación de la Madera y los representantes de Trillium aplaudieron la decisión de Conama, aunque estos últimos señalaron que en el curso de los próximos días se pronunciarán sobre las condiciones impuestas por el consejo.
La decisión que tomaron los ministros tras una reunión de dos horas fue acogida con alegría por la gobernadora subrogante de la provincia de Tierra del Fuego, cuyos habitantes esperan que el proyecto cree unas 150 nuevas plazas de trabajo.
Los diputados Guido Girardi y Arturo Longton anunciaron que la próxima semana presentarán una querella criminal "contra quienes resulten responsables de la venta ilegal" de las 257.000 hectáreas compradas por la transnacional Trillium.
Los bosques fueron vendidos inicialmente bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) al irrisorio precio de un dólar por hectárea y el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990- 94) logró renegociarlos a tres dólares por hectárea.
Girardi sostuvo que ese precio fue "un fraude" porque cada pulgada de lenga en los mercados internacionales se vende a más de 20 dólares. Cada año, según la resolución de Conama, Trillum intervendrá sobre 543.000 metros cúbicos de madera.
Los diputados de la bancada verde afirmaron igualmente que la transnacional engañó al país al sostener que ha invertido ya 100 millones de dólares en Chile, porque sólo ha internado unos 30 millones, según cifras del Comité de Inversiones Extranjeras.
Carmen Rodríguez, dirigente de Greenpeace, dijo que la autorización del proyecto es "una falta de responsabilidad de las autoridades" y anunció una campaña internacional para que Trillium no consiga certificaciones ambientales.
"Nuevamente primaron los intereses económicos antes que la preservación ambiental. El boicot contra Trillium es legítimo", afirmó Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, que integra la red de Defensores del Bosque. (FIN/IPS/ggr/en/98
