El gobierno de Chile descartó subsidios o créditos especiales para garantizar el pluralismo en la prensa, luego de que la Cámara de Diputados advirtiera la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación.
La posición de los dos últimos gobiernos democráticos en esta materia difiere con la ayuda financiera que la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) prestó a los dos grandes consorcios periodísticos, se recordó este miércoles.
El ministro Secretario General de Gobierno, José Joaquín Brunner, dijo el martes en el Parlamento en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, que la prensa en las democracias "no funciona ni con créditos ni con subsidios especiales".
Brunner fue invitado a una sesión especial de la Cámara de Diputados, motivada por la crítica situación que atraviesa el diario La Epoca, único rotativo de circulación nacional considerado independiente de grupos empresariales.
Si desaparece La Epoca, el mercado periodístico quedaría controlado casi sin contrapeso por la cadena El Mercurio y el Consorcio Periodístico (Copesa), que en conjunto representan alrededor de 80 por ciento del tiraje de la prensa escrita.
Diputados de la coalición gubernamental de centroizquierda y de la oposición derechista aprobaron un proyecto de resolución en que solicitan a las autoridades el estudio de "medidas que propendan a garantizar el más pleno pluralismo informativo".
Los parlamentarios coincidieron en que la actual normativa constitucional garantiza las libertades de expresión e información y la libertad de todo sector político o de otro carácter a crear medios de comunicación.
Advirtieron, sin embargo, que esas libertades consagradas en la letra no se traducen en una situación de igualdad por factores como el poderío empresarial, el control de los canales de distribución y la discriminación en el reparto de la publicidad.
Diputados de los partidos Demócrata Cristiano (PDC), Socialista (PS) y Por la Democracia (PPD), que forman la coalición de gobierno, abogaron por mecanismos que obvíen esas limitaciones y aseguren una efectiva pluralidad de medios.
En ese sentido citaron experiencias de España, Francia, Gran Bretaña y otros países europeos donde se establecieron límites a los porcentajes de propiedades que un grupo económico o persona puede tener sobre los medios de comunicación.
Plantearon igualmente la posibilidad de reproducir en Chile sistemas de subsidio, de créditos especiales y de asignación de cuotas de publicidad del sector público para apoyar la existencia de una oferta informativa pluralista.
En la Ley de Prensa que se comenzó a discutir bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-1994), la coalición oficialista introdujo mecanismos para controlar la propiedad e impedir la monopolización de los medios.
Las propuestas al respecto fueron, sin embargo, rechazadas en el Senado, donde hay mayoría de derecha, y ahora el proyecto pasará al estudio de una comisión mixta (de ambas cámaras) donde se buscarían fórmulas de consenso.
Pero el presidente Eduardo Frei es contrario a reglamentaciones sobre la propiedad y la publicidad y mantiene una política de prescindencia y no interferencia con la oferta de los medios privados.
Aylwin declaró "medios públicos y no gubernamentales" a la televisión estatal y al diario La Nación, controlado por el Poder Ejecutivo, y vendió toda la cadena de Radio Nacional, emisora controlada por el Ejército durante la dictadura de Pinochet.
Según Brunner, el proceso de concentración de la propiedad de los medios es un fenómeno universal y las políticas para diversificar la prensa que en algún momento se adoptaron en Europa fueron por lo general dejadas de lado.
La resolución de los diputados recomendó al Estado el estudio de medidas "como las que se adoptaron en el pasado reciente" para apoyar a medios que enfrenten situaciones críticas y garantizar así una oferta pluralista.
Se aludió así a los créditos estatales que el régimen de Pinochet concedió a comienzos de la década del 80 a los consorcios de El Mercurio y Copesa para ayudarlos a superar una profunda crisis de endeudamiento.
El Mercurio recibió unos 100 millones de dólares y Copesa otros 60 millones, recordó la diputada socialista Isabel Allende, quien recordó que esos créditos fueron virtualmente condonados en vísperas de la instalación del gobierno democrático de Aylwin.
La directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Faride Zerán, indicó que con el "blanqueo" de las deudas con el Banco del Estado se impidieron posibles cambios en la propiedad de los consorcios una vez restablecida la democracia.
El ministro Brunner no aludió a ese antecedente, pero refirmó la política del gobierno de Frei en cuanto a que las leyes especiales no son el mecanismo más adecuado para garantizar el pluralismo y la libertad de información.
"No conozco país democrático alguno que implemente una economía de mercado donde el sistema de diarios sostenga el pluralismo por mecanismos distintos a los del mercado", dijo el ministro ante la Cámara de Diputados.
El diputado derechista Maximiano Errázuriz sostuvo que existe un amplio pluralismo en los medios de comunicación en Chile, con 92 órganos de prensa escrita, 700 concesiones de radio, 60 señales de televisión por cable y siete canales de televisión abierta.
Parlamentarios oficialistas advirtieron que, al contrario, existe una concentración evidente en la propiedad de la prensa escrita, con la absorción de medios de provincia, y que este fenómeno se está trasladando también a la radiotelefonía. (FIN/IPS/ggr/mj/ip cr/98
