Una contradicción amenaza la reforma del sistema de previsión social en Brasil, aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados y considerada por el gobierno indispensable para reducir el déficit público y permitir mayor crecimiento económico.
Una de las disposiciones más polémicas, aprobada en la votación final el miércoles de noche, fija una edad mínima para la jubilación de trabajadores del sector privado: 48 años para las mujeres y 53 años para los hombres.
Las autoridades estiman que esa exigencia representará un ahorro de 85 millones de dólares al mes para el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), considerado principal fuente del déficit en las cuentas del gobierno central, sin contar los intereses de la deuda.
Pero tal medida se propuso como transición para el régimen permanente, que establecería dos condiciones para la jubilación de nuevos inscriptos en el sistema: contribución al INSS durante 30 años los hombres y 35 años las mujeres, además de edades mínimas de 55 y 60 años.
Hasta ahora, las jubilaciones en Brasil pueden gestionarse a los 30 o 35 años de trabajo comprobado, con o sin contribución al INSS y sin importar la edad.
Pero la nueva exigencia de edad fue rechazada por la Cámara en la semana pasada, por la diferencia de un solo voto.
La votación separada de los distintos puntos condujo a la contradicción. Se aprobó "una transición hacia lo que no existe", argumentó el diputado Marcelo Deda, líder del opositor e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Por eso, la oposición reclama la anulación del punto que fija ese nuevo límite de edad, que se aplica de inmediato a los actuales contribuyentes del INSS.
Si el oficialismo no acepta corregir tal absurdo en la segunda instancia de votación, prevista para junio, los opositores lo requerirán ante el Supremo Tribunal Federal, la suprema corte brasileña, amenazó Deda.
El presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, afirmó que la regla aprobada es "incuestionable" y que su vigencia inmediata procura evitar las jubilaciones precoces que, según el gobierno, amenazan quebrar el sistema público de previsión social.
Es una disposición permanente, aunque el gobierno lo presentó como "transitorio" por contar con la aprobación de una edad más elevada para las jubilaciones de los trabajadores que aún ingresarán en el mercado, sostuvo Temer.
El Ministerio de Previsión Social espera ahorrar casi 3.000 millones de dólares anuales con esa y otras medidas aprobadas, a ser confirmadas en la segunda instancia.
Una de ellas reducirá la remuneración de funcionarios públicos que se jubilan ganando más de 1.200 reales (1.040 dólares). La reducción variará de cinco a 30 por ciento y será mayor para los salarios más elevados y los que tienen menos años de trabajo.
Otra dificultará las jubilaciones "proporcionales", requeridas por los que no cumplieron aún los 30 o 35 años de contribución al INSS. Se cobrará un "peaje", equivalente a 40 por ciento de la contribución que falta para completar el período.
La reforma de la previsión social es clave para consolidar la estabilidad de la moneda, al atacar la peor fuente del déficit público, reconoció el ministro de Hacienda, Pedro Malán.
Pero sus trámites en el Congreso Nacional se arrastran desde el año pasado. La Cámara de Diputados, en una primera discusión, modificó radicalmente el proyecto del Poder Ejecutivo. Luego el Senado, más a tono con el oficialismo, restableció las reglas consideradas fundamentales por el gobierno.
Debido a los cambios en el Senado, el proyecto tuvo que volver a la Cámara de Diputados para nueva votación, iniciada en marzo y solo concluida en primera instancia el miércoles.
La segunda está amenazada por la cercanía de las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre y la Copa Mundial de Fútbol, que suele paralizar el país.
El INSS registró un déficit de unos 3.500 millones de dólares, o más elevado según estimaciones no oficiales, y que tiende a agravarse aunque los cambios en discusión se pongan en ejecución en los próximos meses.
Una nueva reforma será inevitable dentro de algunos años, según Reinhold Stephanes, ministro de Previsión Social hasta el mes pasado que dejó el cargo para intentar la reelección como diputado en octubre.
La crisis actual fue prevista por Stephanes en un libro de 1982 y por los demógrafos, preocupados por el rápido envejecimiento de la población brasileña. El acelerado aumento de los jubilados y pensionistas del INSS contrasta con el estancamiento o la reducción de la cantidad de contribuyentes.
Para agravar la situación, en Brasil hay tres millones de jubilados con menos de 50 años y la mitad de los funcionarios públicos se retiran en esa baja edad, ganando igual o más que sus pares en actividad.
Brasil es el "único país de economía relevante" que no exige edad mínima para la jubilación y solo otros seis en todo el mundo, mantienen esa situación, según el ministro Malán. (FIN/IPS/mo/mj/if/98
