La fase de mayores ingresos para el programa de privatizaciones de Brasil comenzará en los próximos meses, con la venta de las compañías telefónicas, fijada para el 15 de julio, seguida de las primeras enajenaciones de generadoras eléctricas y otros activos.
Las 26 empresas telefónicas estaduales, reorganizadas en tres de telefonía fija, ocho de telefonía móvil y la de comunicaciones a larga distancia, deberán rendir unos 18.000 millones de dólares, estimó el nuevo ministro de Comunicaciones, Luiz Carlos Mendonza de Barros.
Ese es el resultado obtenido por el gobierno central en la venta de 56 de sus empresas desde el comienzo de las privatizaciones en 1991, que sumó 17.956 millones de dólares, según el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), ejecutor del programa.
El gobierno venderá toda su participación en el capital del sistema telefónico hoy controlado por la holding Telebrás, que es de solo 21 por ciento.
De acuerdo con la cotización actual de las acciones, el valor total de las empresas sumaría unos 50.000 millones de dólares, pero se espera un sobreprecio de más de 60 por ciento, en base a experiencias anteriores. Eso explica la previsión de Mendonza de Barros.
Con la venta de las telefónicas y generadoras de electricidad, y sumándose las privatizaciones de gobiernos estaduales, la recaudación debe alcanzar 50 millones de dólares en este y el próximo año, calculó José Pio Borges, vicepresidente del BNDES.
De esa forma se alcanzará en dos años la misma suma de ingresos obtenidos y deudas transferidas al sector privado en los siete primeros años del programa de privatizaciones en Brasil, comparó Borges, encargado de la ejecución práctica de las subastas.
Las privatizaciones estaduales son parte importante del proceso. Hasta ahora sumaron casi 20.000 millones de dólares, producto principalmente de la venta de empresas distribuidoras de electricidad en los dos últimos años.
Los gobiernos de los 27 estados brasileños poseen bancos, empresas energéticas y de transportes y se piensa incluir las de saneamiento básico, cuya venta puede contribuir a la amortización de sofocantes deudas acumuladas en las últimas décadas.
Además, en un caso singular, el estado de Río Grande do Sul es dueño de una telefónica, la Compañía Riograndense de Telecomunicaciones, que será privatizada el 16 de junio. En 1996 ya había vendido 35 por ciento de sus acciones a la Telefónica de España asociada a un grupo brasileño. Ahora venderá el resto.
El gobierno federal ampliará sus ingresos con la venta de participaciones minoritarias que mantuvo en algunas empresas privatizadas antes.
Espera, por ejemplo, obtener unos 2.000 millones de dólares por 25 por ciento de las acciones que conservó en la Compañía Vale do Rio Doce, gigante minera cuyo control pasó a manos de un grupo privado nacional en mayo de 1997 por 3.299 millones de dólares.
Para el próximo año está prevista la venta de 31 por ciento de las acciones de Petrobrás, petrolera que seguirá bajo control del estado. Expertos del mercado estiman que los ingresos podrán llegar a 5.000 millones de dólares.
Pero la gran estrella del programa es el sector de las telecomunicaciones, por las altas sumas involucradas y porque su privatización fue preparada de forma considerada impecable, por el ex ministro de Comunicaciones Sergio Motta, muerto el 19 de abril.
El gran interés que despierta el sector se comprobó en las licitaciones promovidas desde el año pasado para creación de nuevas empresas de telefonía móvil.
Las concesiones obtuvieron sobreprecios por encima de los esperados, llegando a 341 por ciento en Sao Paulo y 201 por ciento en Río de Janeiro. Los ingresos ya superan 7.000 millones de dólares, y falta licitar la región norte, que no tuvo interesados.
En todas las regiones en que se dividió el país para los servicios telefónicos, habrá dos empresas tanto para telefonía móvil como para la fija, con lo que se evitará el monopolio y se promoverá la competencia.
La adquisición de las telefónicas estatales impone reglas y compromisos que protegen a los usuarios. Los consorcios ganadores de la licitación tendrán que "universalizar" los teléfonos fijos. La meta es duplicar hasta los particulares hasta alcanzar 33 millones y los públicos a 1,25 millones en el 2001.
Hasta el 2005, los concesionarios tendrán que llevar teléfonos a todos los poblados de más de 300 personas. "Habrá teléfono incluso en cualquier aldea con cien indígenas", aseguró Mendonza de Barros, el sucesor de Motta.
El nuevo ministro no teme que esas rígidas exigencias alejen capitales interesados. Lo que se ofrece es un mercado de gran expansión, con "una demanda reprimida de 20 millones de teléfonos", además de una estructura operadora organizada y experiente, argumentó. (FIN/IPS/mo/mj/if/98
