Estados Unidos, uno de los mayores centros de lavado de dinero en el mundo, golpéo el sistema financiero de México y abrió heridas políticas al acusar a bancos mexicanos de trabajar con las mafias.
La "Operación Casablanca", realizada durante tres años sin formalidades diplomáticas ni el conocimiento del gobierno de México, país con el que Washington dice cooperar en el combate contra el narcotráfico, sacudió los mercados y despertó condenas generalizadas de parte de políticos y observadores.
Nadie cuestionó la necesidad de luchar contra el lavado de dinero, pero casi todos se quejaron de la arrogancia y unilateralidad con la que actuó el gobierno estadounidense. Las autoridades, en cambio, se limitaron a ofrecer mayor cooperación y pedir tranquilidad.
Agentes estadounidenses hicieron investigaciones encubiertas en México y buscaron culpables ofreciendo sobornos para detener a 26 funcionarios de bancos mexicanos.
Se trató, según Washington, de la "mayor operación jamás realizada contra las finanzas de los narcotraficantes", en la que se descubrió el lavado de unos 100 millones de dólares.
El escándalo contrastó con la ausencia de información en torno a investigaciones o detenciones contra autoridades de bancos de Estados Unidos, país donde, según la subsecretaría del Tesoro, se lavan anualmente unos 300.000 millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Como en ocasiones anteriores, cuando Washington anuncia que certificará la lucha antidrogas de México, en esta oportunidad los políticos acusaron al vecino de medir con doble vara el problema del narcotráfico y en actuar como juez, a pesar que nadie le asignó ese papel.
Caricaturistas y columnistas de los diarios exhortaron en tono irónico al gobierno de Ernesto Zedillo a realizar en Estados Unidos la operación encubierta "Los Pinos" (nombre de la casa de gobierno) para desbaratar las redes de lavado de dinero en ese país, el mayor consumidor de drogas del planeta.
El secretario (ministro) de Hacienda, José Gurría, llamó a los políticos mexicanos a no enturbiar las relaciones con Washington, que, según dijo, permiten actualmente investigar en forma conjunta 260 casos de lavado de dinero.
No obstante, reconoció que la "Operación Casablanca" fue encubierta, fabricó escenarios para atraer a los participantes del ilícito negocio e indujo a empleados bancarios mexicanos a la comisión de algunos delitos.
A pesar de mantener periódicas reuniones bilaterales para coordinar la lucha contra las mafias, Washington nunca informó a México sobre su investigación. El silencio se extendió hasta el lunes, cuando los funcionarios llegaron a enterarse del asunto a través de los medios de comunicación.
Como consecuencia de las acusaciones contra los bancos, situación que se sumó a los efectos del nerviosismo reinante en mercados asiáticos, la moneda local sufrió presiones esta semana, aumentaron las tasas de interés y hubo movimientos bruscos en la Bolsa de Valores.
Además, algunas corredurías internacionales como Standar & Poor's advirtieron que retirarán la buena calificación que asignaron a bancos y empresas mexicanas si se comprueba que lavaron dinero.
La Asociación de Banqueros lamentó que Estados Unidos haya dado la impresión de que son los bancos como instituciones y no algunos de sus funcionarios los que están involucrados en el ilícito.
Para el frágil sistema bancario, al que el gobierno de México entregó los tres últimos años más de 40.000 millones de dólares para evitar su quiebra tras la crisis estallada a fines de 1994, las acusaciones de Washington fueron un golpe sobre las heridas.
La operación de Washington también afectó al gobierno del Zedillo, pues añadió tensión al proceso de aprobación, en el Congreso, de un conjuntos de reformas al sistema financiero, que incluye nuevas regulaciones bancarias.
Los partidos de oposición cuestionaron al secretario de Hacienda, al gobernador del Banco Central, Guillermo Ortiz, al procurador Jorge Madrazo, y a la canciller, Rosario Green, por permitir el lavado de dinero y mantenerse al margen de las investigaciones de Estados Unidos.
Algunos funcionarios deberían renunciar, pues demuestran ineptitud y sumisión en las relaciones con Washington, dijo el líder opositor Porfirio Muñoz. (FIN/IPS/dc/mj/ip/98
