La "Operación Casablanca", con la que Estados Unidos detectó lavado de dinero del narcotráfico en bancos de México, dejó en evidencia que, detrás del amable discurso de la cooperación, persiste en Washington una profunda desconfianza frente a su vecino.
Tres meses después de la firma de una estrategia bilateral antidrogas calificada de histórica por los mandatarios de los dos países y presentada como ejemplo al mundo, Estados Unidos informó el lunes que los últimos tres años realizó una investigación unilateral y encubierta para combatir el lavado de dinero.
Directivos bancarios y altos funcionarios del gobierno de México, calificados por Washington de excelentes socios y efectivos luchadores contra las mafias, reconocieron el martes no conocer nada sobre la Operación Casablanca, que comprometió judicialmente a funcionarios de tres grandes bancos nacionales.
Aunque la investigación dejó al descubierto que Washington prefirió no informar a México de sus actividades, pues temía filtraciones, ningún funcionario del país latinaomericano cuestionó la operación o su carácter unilateral. Por el contrario, ofrecieron todo su apoyo.
Desde marzo de 1996, cuando Estados Unidos y México crearon el Grupo de Contacto de Alto Nivel, que reúne a los funcionarios encargados de combatir a las mafias, se ha afirmado que "apoyo mutuo" y "confianza total" eran conceptos centrales de la relación.
En los últimas reuniones bilaterales, las autoridades estadounidenses declararon que las suspicacias generadas por la detención en febrero de 1997 del jefe antidrogas de México general José Gutiérrez, a quien se le acusó de proteger a las mafias, estaban superadas.
Según indicaron el secretario del Tesoro, Robert Rubin, y la secretaria de Justicia (procuradora), Janet Reno, en la Operación Casablanca se comprobó que funcionarios de los bancos mexicanos Confía, Bancomer y Serfin, con oficinas en Estados Unidos, lavan dinero de narcotraficantes.
La operación permitió detener a 26 mexicanos u decomisar unos 100 millones de dólares, cantidad ínfima si se considera que la policía estadounidense estimó en 1995 que en México se lavan más de 30.000 millones de dólares anuales de las mafias.
El presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez, lamentó que algunos "funcionarios menores", como gerentes de sucursal que figuran entre los detenidos, se hayan involucrado en actividades ilícitas, y afirmó que el sistema bancario nacional, donde trabajan 140.000 personas, está limpio.
Para combatir el lavado de dinero, los bancos adoptaron en abril regulaciones que los obligan a informar sobre movimientos superiores a los 10.000 dólares. Estados Unidos capacitó a personal mexicano con el objetivo de establecer una cuerpo de inteligencia financiera.
Además, en la Procuraduría General mexicana se creó la Unidad de Investigaciones de Lavado de Dinero, cuyos funcionarios tampoco tenían idea de las investigaciones que realizaba Washington.
La Operación Casablanca fue el mayor operativo contra el lavado de dinero realizado por Estados Unidos, pues comprendió a México, Colombia, Italia, Canadá y Aruba, según voceros del gobierno de Bill Clinton.
Analistas mexicanos como Jorge Castañeda e Ignacio Catalán se declararon sorprendidos por los alcances de la operación, pues capturó poco dinero y no implicó a ningún banco de Estados Unidos, el país con más alto consumo de drogas del planeta.
Diversas investigaciones e informes de autoridades filtrados a la prensa indican que las mafias tocaron las fibras del sistema político mexicano y están involucradas en el asesinato de algunas figuras públicas, entre ellas el del candidato presidencial Luis Colosio en 1994.
Hasta el momento, sin embargo, ninguna autoridad importante o funcionario ha sido detenido por acusaciones de narcotráfico.
Se afirma que algunos gobernadores colaboran con las mafias, entre ellos el general retirado Jorge Carrillo, que este lunes dejó su cargo en el estado de Morelos luego de soportar acusaciones de corrupción, que lo llevaron a pedir una licencia.
Investigaciones de la Universidad Autónoma de México señalan que las bandas de traficantes de drogas que operan en el país obtienen ganancias anuales de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares, de los cuales unos 800 millones serían "invertidos" en sobornos que se pagan a las autoridades. (FIN/IPS/dc/mj/ip/98
