La pena de muerte, abolida en Uruguay hace 91 años, comenzó a ser reclamada por estudiantes avanzados de derecho como una forma de combatir los delitos violentos, que aumentaron en la última década.
La postura de los estudiantes acompasa la más reciente encuesta sobre el tema, según la cual casi la mitad de los uruguayos estuvo de acuerdo con aplicar la pena de muerte para determinados delitos.
La opinión de estudiantes que abogan por la pena de muerte surge de "una mala formación de la base jurídica" de la Universidad, dijo a IPS el catedrático de Derecho Penal Gonzalo Fernández, quien subrayó su preocupación por esto, en un país en el que la pena de muerte fue abolida el 23 de septiembre de 1907.
Fernandez destacó que los estudiantes a esa altura de la carrera "jamás fueron a una cárcel donde los reclusos viven en condiciones tales de hacinamiento que las penas se ven multiplicadas".
También opinó que en los trabajos pueden existir gestos de "rebeldía reactiva" de los alumnos hacia los profesores, que siempre se han manifestado en contra de la pena de muerte.
Beatriz Scapusio, profesora de la cátedra de Derecho Penal que solicitó la tarea a los estudiantes de cuarto año, dijo a IPS que la preocupación debe centrarse en que quienes realizaron los trabajos están a dos años de graduarse.
"Es necesario ayudarles a pensar el Derecho Penal y la razón por la que cada Estado tiene implementada una política criminal determinada y a qué intereses responde", afirmó Scapusio.
Los trabajos, anónimos y voluntarios, se realizaron en la estatal Universidad de la República y revelaron que casi un tercio de los estudiantes se manifestó partidario de la pena de muerte para los delitos graves.
La más reciente encuesta sobre el tema, realizada en 1995 por Equipos Consultores, la principal empresa especializada del país, indicó que 46 por ciento de los uruguayos estaba de acuerdo con aplicar la pena de muerte para delitos graves.
Ese porcentaje marcó un crecimiento del número de los que estaban a favor de la pena capital. En muestras de 1987 y 1992, los porcentajes eran de 36 y 42 por ciento, respectivamente.
En todos los casos, la reacción parece estar ligada a la inseguridad que se registra en Uruguay y que se ha convertido en el centro de debates públicos y políticos.
El gobierno y varios sectores políticos impulsan proyectos de ley que incluyen desde el aumento de las penas hasta la rebaja de la edad de la imputabilidad, actualmente en 18 años.
Según datos del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, en la última década los delitos de rapiña (asalto a mano armada), de homicidio, de lesiones graves y de violación registraron un aumento en promedio de 10 por ciento.
Otra encuesta de Equipos Consultores indicó que el 83 por ciento de los uruguayos reclama un endurecimiento de las penas y que el 39 por ciento de los encuestados atribuye el aumento de la delincuencia a una "crisis moral de la sociedad".
Mientras tanto, el 27 por ciento atribuyó el aumento de la delincuencia a la crisis económica y el 18 por ciento al consumo de drogas y alcohol.
En los trabajos de los estudiantes a los que accedió IPS éstos dijeron que debe aplicarse la pena de muerte como "única forma de curar a estos enfermos morales" y que a los homicidas y a los violadores "hay que eliminarlos".
"Hay que tomar una medida drástica para terminar con los abusos de los niños, jóvenes y de todo ser humano (…) creo que es necesaria en nuestro país la pena de muerte", señaló uno de ellos.
Una estudiante católica rechazó la pena de muerte con el argumento de que sólo "Dios da vida y quita la vida", pero consideró necesario que se ponga un límite y propuso el trabajo forzoso y la tortura para "los casos de extrema gravedad".
La mayoría de los estudiantes se manifestaron en contra de la pena de muerte porque viola un derecho humano fundamental y la Constitución, y desde el punto de vista jurídico, se corre el riesgo de errores judiciales irreparables luego de aplicada la pena capital.
Scapusio atribuyó al deficiente sistema carcelario una de las razones que impiden reeducar a los delicuentes como establece la Constitución. Las cárceles están superpobladas, los reclusos no tienen posibilidad de realizar estudios curriculares ni de trabajar y la asistencia sanitaria es deficiente.
La penalista advirtió en un trabajo realizado el año pasado con Raquel Landeira, que si no cambia el sistema carcelario la sociedad "comenzará a recorrer el camino del descreimiento en la Justicia Penal y en el Derecho, principal instrumento de la convivencia pacífica en el contexto democrático". (FIN/IPS/rr/ag/ip/98
