Con 130.000 sospechosos de genocidio que aguardan juicio en prisiones en Ruanda, las autoridades promueven un programa de confesiones para aliviar una carga legal imposible de superar para el sistema judicial de este país africano.
Expertos legales y funcionarios recorren las prisiones explicando la forma en que los prisioneros pueden beneficiarse con una confesión, con sentencias reducidas y la posibilidad de una más rápida reintegración a la sociedad civil.
Pero, a excepción de una ola de confesiones en prisiones de Rurima y Gikongor, en el sur del país, sólo una fracción de la población carcelaria aceptó la oferta.
Según el secretario general del Ministerio de Justicia, Gerald Gahima, uno de los principales problemas es la continuada cadena de mando y subordinación entre los detenidos.
"Las principales prisiones aún están bajo control de elementos duros opuestos al programa de confesiones", reconoció Gahima. "Estas son personas educadas que estuvieron al frente de la organización del genocidio y no resulta fácil para los otros desafiarlos".
Más de medio millón de ruandeses murieron en 1994 durante tres meses de masacres organizadas por extremistas de la mayoría étnica hutu, donde las víctimas fueron en general de la minoría tutsi y moderados hutu.
Bajo la propia Ley Orgánica sobre genocidio, adoptada en 1996, los sospechosos caen en cuatro categorías.
Primero los líderes, organizadores y quienes cometieron crimenes particularmente brutales, le siguen aquellos que cometieron homicidio o tortura sexual, luego los que hicieron grandes saqueos, y en cuarto lugar los responsables de delitos contra la propiedad.
Los prisioneros en las categorías tres y cuatro son los que el gobierno quiere hacer pasar por las cortes y sacar de las prisiones cuanto antes. Pero los que pertenecen a la categoría uno, que enfrentan la pena de muerte, obstruyen el proceso.
Bajo la legislación existente, las confesiones deberían ser amplias, con detalles claros sobre los delitos cometidos e información sobre otros individuos que actuaron como cómplices.
Un grupo de 230 prisioneros confesó en la prisión de Gikongoro, pero en una población carcelaria de 2.500, sólo representan 10 por ciento.
Gahima reconoció que una pequeña proporción de los prisioneros podría probar su inocencia, pero subrayó la posible culpabilidad de la gran mayoría. (FIN/IPS/tra-en/cs/kb/lp/ip/98
