El debate sobre la política oficial de población de Perú tenía hasta esta semana solo dos protagonistas: el gobierno, que la defendía, y el sector conservador junto con la Iglesia Católica, que en base a supuestos excesos reclamaban su total anulación.
Las organizaciones feministas peruanas hicieron conocer el jueves pasado, Día Mundial de Acción por la Salud de la Mujer, su esperada opinión sobre el asunto, y demandaron que los programas de control de la natalidad respeten los derechos humanos, en especial de las usuarias de los servicios de salud.
La Iglesia Católica y otras organizaciones opuestas al control de la natalidad denunciaron hace tres meses que 10 de las 130.000 mujeres esterilizadas en 1997 en el marco de la campaña Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) habían muerto a causa de la intervención.
Partiendo de esta denuncia concreta, los dirigentes católicos pidieron la cancelación de todos los programas oficiales de paternidad responsable, que incluyen la difusión de diversas técnicas de anticoncepción y la aplicación y distribución gratuita de espirales y preservativos.
"En una política errónea y genocida con el pretexto de luchar contra uno de los factores de pobreza, se ha desatado una guerra contra las mujeres pobres, porque el programa AQV se desarrolla en las áreas sociales y geográficas más deprimidas", dijo Rafael Rey, parlamentario vinculado a la organización católica Opus Dei.
El ministro de Salud, Marino Costa, replicó que "las muertes son siempre un riesgo quirúrgico, la cifra de muertes es mínima y las 130.000 intervenciones realizadas en 1997 evitaron muchas muertes, pues en Perú mueren 254 mujeres cada 100.000 alumbramientos".
La campaña desplegada por los sectores contrarios al control de natalidad ganó los principales espacios periodísticos e hizo retroceder a organizaciones civiles que apoyaban los programas de planificación familiar, pues temieron ser vinculadas a una política de aparente esterilización masiva forzosa.
El Movimiento Amplio de Mujeres, integrado por instituciones y activistas en materia de derechos femeninos, terció esta semana en el debate "para dar línea", según una de sus dirigentes, y demandó que se priorice el respeto de los derechos humanos, en especial los de las usuarias de los servicios de salud.
"En los últimos meses vimos con asombro e indignación la serie de atropellos que se realizaron en aplicación de la política de salud reproductiva del gobierno. Exigimos la reformulación de los programas, que no pueden seguir basándose en cuotas de esterilización", declaró María Esther Mogollón.
El movimiento exigió la participación de las organizaciones femeninas en el debate, elaboración y fiscalización de las politícas referidas a la reproducción humana, dijo Mogollón. "Las mujeres estamos directamente involucradas en el problema y nos afecta el modo en que se ejecutan los programas", agregó.
"En la década del 80, las organizaciones de mujeres dimos la batalla contra la violencia familiar, y conseguimos leyes adecuadas, cuya correcta aplicación vigilaremos siempre. Ahora estamos enfrentando a la violencia de los funcionarios públicos que aplican un programa compulsivo de esterilizaciones", dijo.
Guilia Tamayo, del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), precisó que las organizaciones feministas no están contra la adopción de metas demográficas sino contra el sistema de cuotas burocráticas establecidas por el actual gobierno para alcanzar esas metas.
"El año pasado se fijaron 130.000 esterilizaciones y el gobierno se propone efectuar 160.000 este año. Para alcanzar esa cifra, se fijaron cuotas a cada hospital, centro de salud y a cada médico del Sistema Nacional de Salud, bajo incentivos de premios y amenazas de despido", señaló Tamayo.
El testimonio de Delia Zamudio, dirigente de una "Casa de Refugio de la Mujer", en el barrio limeño de Lurigancho, revela la forma como los hospitales públicos cumplieron el año pasado sus cuotas de esterilizaciones supuestamente voluntarias.
"Fui a un hospital para que me extirparan un quiste. El médico me dijo: morena, cuántos años y cuántos hijos tienes. Cuando le dije que tenía cuarenta años y dos hijos contestó: hay que hacerte un AQV, y me la hicieron a pesar de mis protestas", narró Zamudio.
"Creí que, como había rechazado la operación, no me la iban a hacer, pero cuando estaba con anestesia me la hicieron nomás… Y encima la hicieron mal, pues me dejaron una gasa que me provocó una infección que casi me mata", concluye.
Tamayo señaló, por su parte, que "las esterilizaciones no solo deben ser voluntarias sino rodeadas de todas las garantías y en establecimientos dotados con equipos e insumos adecuados".
"Por razones de facilidad para imponer las esterilizaciones forzadas y tal vez también para reducir costos, se emplean anestesias generales no adecuadas, como la Ketina, no aconsejable porque provoca alucinaciones de las que no se advierte a las usuarias del servicio", precisó la dirigente del CLADEM.
María Isabel Rozas, de DEMUS, estudio jurídico para la Defensa de los Derechos de la Mujer, criticó la falta de respuesta del Ministerio de Salud ante las denuncias de excesos y el carácter compulsivo del programa de esterilizaciones.
"Hay una falta de autocrítica total. Solo se nos ha respondido prometiendo un reglamento, pero se mantiene el criterio de la cuota de 160.000 esterilizaciones para este año, cuota que no podrán cumplir porque las denuncias han asustado a las mujeres y alertado a sus familias", dijo Rozas.
Tamayo comentó al respecto que las organizaciones feministas defienden el programa de control de natalidad pero reclaman que se ajuste al respeto de los derechos humanos y la libertad de opciones, para que los programas oficiales de salud reproductiva no se sigan desacreditando.
"Si el gobierno, en lugar de reformularlo, mantiene sus excesos y provoca el descrédito del programa, las mujeres de los sectores más pobres dejarán de concurrir a los establecimientos públicos de salud, y aumentará no solo la tasa de nacimientos, sino también la de mortalidad materna", comenta.
Dentro de esa óptica, el CLADE promovió el lanzamiento de su campaña sobre el asunto y el jueves, Día Mundial de la Salud de la Mujer, 2.000 activistas de organizaciones feministas y de comedores populares de barriadas se movilizaron por diversos hospitales de Lima.
Provistas de pequeños mandiles de color violeta, las activistas distribuyeron en los hospitales una cartilla de información basada en la legislación peruana y en recomendaciones internacionales, destinada a las usuarias de los servicios públicos de salud, para que reclamen e impongan sus derechos. (FIN/IPS/al/mj/hd he/98
