Nigeria no logra superar las sucesivas crisis políticas generadas a partir de que su presidente de facto, el general Sani Abacha, anunció que será el único candidato presidencial en las próximas elecciones.
La situación política pareció agravarse nuevamente luego de que el teniente general Oladipo Diya y otros cinco altos funcionarios de gobierno fueran sentenciados a muerte por una supuesta conspiración para derrocar a Abacha.
Diya, quien hasta su detención era el funcionario número dos en la dictadura militar que rige a Nigeria desde hace seis años, aguarda ahora una decisión presidencial que confirme o conmute su sentencia de muerte por una pena de prisión.
Mientras la nación espera ansiosa la decisión de Abacha, los nigerianos comunes, en especial los más pobres, intentan seguir adelante con su vida en medio de una economía que se derrumba.
Entre otros males, la población sufre la escasez de combustible, de agua potable, de energía eléctrica y líneas telefónicas defectuosas. Las tarifas del transporte aumentaron cerca de 200 por ciento desde que se instrumentaron las filas para la compra de combustible, supervisadas por policías y militares.
La mayoría de los conductores pasan la noche esperando su turno. "Estuve en una fila desde la noche del miércoles y no me atendieron hasta la mañana del día siguiente, porque los soldados se hacían atender primero mientras nosotros mirábamos impotentes", relató la semana pasada Adedipe Adeyinka, un comerciante de Lagos.
La principal causa de la crisis de combustible es el colapso de las cuatro refinerías del país y la desviación de productos importados, como la gasolina y el gas-oil, hacia el mercado paralelo.
La escasez causó pánico entre los dueños de vehículos y desesperación en el propio gobierno, que la semana pasada convocó a los administradores de los 36 estados del país para discutir la crisis del combustible. La situación, no obstante, continúa incambiada.
Pero el problema más grave es sin duda la crisis política. Esta semana, mientras la nación aguarda el veredicto presidencial sobre el caso de Diya y otros supuestos conspiradores golpistas, agentes de seguridad detuvieron al menos a cuatro destacados activistas por la democracia.
Se desconoce el paradero de Bola Ige, abogado y ex gobernador civil del estado occidental de Oyo, de Ayo Opadokun, secretario de la Coalición Nacional Democrática (principal grupo opositor) y de otros dos activistas.
"Nos preocupa que esta ola de arrestos coincida con el temor, la indignación y la tensión reinantes debido a la escasez nacional de combustible, las fracasadas elecciones legislativas, la espera del veredicto y la ridícula adopción del general Abacha como único candidato presidencial", declaró Abdul Oroh, director ejecutivo de la Organización de Libertades Civiles, de Lagos.
Oroh expresó indignación por la masacre el 1 de mayo de "manifestantes desarmados" durante una demostración contra Abacha en Ibadan, 120 kilómetros al norte de Lagos, la capital comercial.
Según cifras oficiales, murieron siete personas en el incidente, tras el cual fueron destruidas la oficina del diario Monitor, propiedad del empresario Arisekola Alao (un aliado de Abacha), y varias casas pertenecientes a familiares del político Lamidi Adedibu.
Se cree que la detención de los cuatro activistas está relacionada con los disturbios de Ibadan, pero también asumió una dimensión étnica.
Ultimamente aumentaron las exhortaciones a la resistencia ante lo que se percibe como una persecución de los yoruba, el mayor grupo étnico del suroeste, al cual pertenecen la mayoría de los actuales presos políticos, incluidos Diya y el presunto ganador de los anulados comicios presidenciales de 1993, Moshood Abiola.
"La renovada represión del liderazgo de los yoruba es otra prueba de la persecución que padece esta comunidad por parte del actual gobierno militar", afirmó Wole Oke, secretario de Afenifere, una organización no gubernamental (ONG) yoruba.
Los comentarios de Adedeji se produjeron sólo un día después de que varias ONG se incorporaran a la campaña por la conmutación de la sentencia de Diya y los otros acusados. También reclamaron una reducción de las tensiones y respeto a los derechos humanos.
"Insistimos en que la crisis social, económica y política creada por el gobierno militar es la causa de la inquietud civil y los trastornos sociales que afectan al país", declaró el Frente Unido por la Democracia. (FIN/IPS/tra-en/ro/mn/ml/hd/98
