Amnistía Internacional (AI) introdujo al denunciar el recrudecimiento de las desapariciones en México, un nuevo motivo de fricción en las ásperas relaciones entre organizaciones humanitarias y el gobierno de Ernesto Zedillo.
En su último informe, difundido el jueves pasado en Londres, AI informó que los secuestros y desapariciones se producen en operaciones contrainsurgentes y antinarcóticos desarrolladas por el ejército y la policía.
El asunto, al que el gobierno ha restado importancia las últimas tres décadas, surge cuando unos 100 observadores italianos visitan el estado de Chiapas, en el sur de México, donde los funcionarios les limitan el acceso a sitios donde militares habrían detenido y desaparecido a indígenas.
AI incluyó en su informe anual un apartado especial titulado "México: las desapariciones, un agujero negro en la protección de derechos humanos", según el cual los casos de desapariciones en este país se incrementaron de forma significativa en los últimos cuatro años.
Miembros de AI intercambiaron en octubre de 1997 acusaciones con Zedillo por una audiencia que, según la organización, habría sido concertada pero nunca se produjo. El mandatario afirmó que esa cita nunca había sido acordada y atribuyó a AI la intención de causar escándalo al difundir el desencuentro.
Ojalá el informe lleve a aclarar desapariciones recientes y antiguas, y haga reflexionar al gobierno sobre la guerra de baja intensidad que desarrolla contra la guerrilla zapatista en Chiapas, coincidieron grupos humanitarios y de familiares de desaparecidos mexicanos.
México es, desde la matanza de 45 indígenas de Chiapas en diciembre, objeto de un amplio escrutinio internacional, que incluye visitas de observadores como los italianos que esta semana se reúnen con indígenas de este estado y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Las autoridades aseguran que están abiertas al análisis, pero advierten que impedirán la injerencia política de extranjeros y el "turismo revolucionario".
Desde enero hasta hoy, el gobierno expulsó de Chiapas a unos 20 extranjeros, entre ellos un sacerdote que trabajó 30 años en la zona, acusados de involucrarse en asuntos internos.
Igual que en ocasiones anteriores en que AI, Human Rights Wacht o la Federación Internacional de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por la situación en México, portavoces del gobierno señalaron que el informe difundido este jueves es exagerado, aunque prometieron considerarlo.
AI sostuvo que la impunidad reina en México tanto en materia de desapariciones como en materia de tortura.
"La impunidad que reciben los responsables (especialmente militares) es un complemento espeluznante del aumento de la práctica atroz de las desapariciones", apunta AI.
Las detenciones, torturas y desapariciones, delitos cuyas víctimas son en su mayoría miembros de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantes y profesores, aumentaron en 1994, cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), informó la organización humanitaria.
Para evitar que continúen esas prácticas, AI recomendó al gobierno mexicano realizar una declaración firme de condena, garantizar el fin de la impunidad y dictar leyes para enfrentar el problema.
La Federación Latinoamericana de Desaparecidos, grupos creado en Costa Rica en 1981, denunció en diciembre que entre 1995 y 1997 las fuerzas de seguridad de México habrían desaparecido a unas 400 personas, si bien algunos casos ya se habrían aclarado.
Agniezka Raczynska, representante de AI en México, afirmó en febrero que en el país hay actualmente 90 hombres y mujeres presos o desaparecidos por causas políticas.
La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sostiene que solo en 1997 se documentaron más de 40 denuncias de desapariciones. Casi todas corresponden a dirigentes campesinos, maestros y estudiantes detenidos en operativos contrainsurgentes.
Los grupos rebeldes activos en México son el EZLN, que mantiene en suspenso el diálogo de paz con el gobierno desde 1996, y el Ejército Popular Revolucionario, que no realiza acciones militares desde 1997.
Investigaciones independientes afirman que además de esos grupos existen al menos 10 más, que tendrían vínculos con los movimientos políticos y armados hace 30 años.
El Comité Eureka, fundado en 1977 por familiares de desaparecidos en la década de los años 60 y 70, sostiene que el número de desaparecidos en México asciende hoy a más de 500. (FIN/IPS/dc/mj/hd/98
