La corrupción en la policía de Honduras parece no acabar, tras destaparse nuevos hechos que involucran a su cúpula y ponen en entredicho su credibilidad.
Organizaciones de derechos humanos de Honduras informaron el martes pasado que Roberto Ayala, ex sargento de la Fuerza de Seguridad Pública (FSP, policía preventiva), fue sacado del país luego de que trascendió su testimonio sobre participación de colegas suyos en actos de corrupción, robo y ejecuciones extrajudiciales.
Ayala, a quien sus superiores califican de "farsante delincuente", acusó ante el no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) al jefe del Estado Mayor Policial, Andrés Urtecho, de encabezar una banda de ladrones de automóviles y asaltante de bancos.
Además, atribuyó a Urtecho la orden de ejecución extrajudicial de dos personas, supuestos cómplices suyos con quien tenía diferencias por el reparto del dinero producto de sus delitos.
El ex policía implicó también a los coroneles Manuel Urbina, David Mendoza y Arnoldo Cabrera de liderar una banda de asaltantes y secuestradores conocida como "Santa Rita", que operaba en el norte del país.
Ayala citó fechas, lugares y movimientos de estos oficiales en sus declaraciones al CODEH. "Mis superiores intentaron involucrarme y, al ver de lo que se trataba, decidí retirarme. Desde entonces soy objeto de persecución", dijo.
La muerte de un colega suyo que participaba en operativos delictivos promovidos por sus superiores fue uno de los motivos que llevó al ex policía a brindar su testimonio. El CODEH le dio protección y lo sacó del país por comprobarse que había sido amenazado de muerte.
La revelación del testimonio de Ayala "nos obligó a sacarlo del país, porque tememos por su vida, pero al mismo tiempo complica la investigación al alertar a los delincuentes (que pueden) modificae sus acciones", dijo el presidente del CODEH, Ramón Custodio.
La cúpula policial implicada en estos actos "procederá a arreglar las cosas a su manera, intimidando gente como es su estilo, pero seguiremos investigando porque el testimonio de Ayala es sólido y él es para nosotros un 'archivo viviente' de la corrupción policial", agregó Custodio.
Urtecho acusó el martes a los grupos humanitarios de querer "desprestigiarlo" y dejar así sin efecto sus aspiraciones para dirigir la nueva policía civil, que entrará en funcionamiento a fines de mes.
El funcionario dijo que el ex sargento Ayala es uno de los "delincuentes más temibles que existen". "No me explico porqué lo protegen los (organismos de) derechos humanos y la Fiscalía del Estado", declaró.
"Hay un complot para destruirme. Yo no soy asesino ni delincuente, soy un oficial honrado que me defenderé porque me considero una persona digna y honrada", agregó.
Urtecho ha sido acusado en tres oportunidades en los tribunales de ejecuciones extrajudiciales. Grupos de derechos humanos recogieron denuncias en su contra por amenazas de muerte, abuso de autoridad, planificación de robos, secuestros y asaltos, entre otros delitos.
Juan Carlos Díaz, fiscal de los derechos humanos en Honduras, dijo el martes que procederá a investigar la denuncia del ex sargento Ayala, al tiempo que negó que su oficina desarrolle "campañas" contra la FSP y su cúpula.
Díaz recomendó a Urtecho a "dirimir sus actos en los tribunales".
Las denuncias de Ayala se producen cuando el país se apresta a "estrenar" una policía civil, cuyas estructuras militares quedaron intactas, según la ley que se aprobó la semana pasada, que unifica las ramas preventivas y de investigación bajo un mando único.
Esta característica es cuestionada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, que ven en ese esquema el retorno de la impunidad y la corrupción, similar a la estructura policial que rigió los años 80, cuando se cometieron numerosas y graves violaciones de derechos humanos.
Denuncias similares a las expuestas por el ex sargento Ayala dieron origen a la Fiscalía del Estado y su policía de investigación criminal, que en tres años de labor develó actos de corrupción de políticos y militares y ha sido aplaudida por grupos de la sociedad civil.
Sin embargo, analistas locales coinciden que estas acciones provocaron "miedo" en la clase política del país, que decidió unificar de nuevo las policías investigativas y de prevención y seguridad, por temor a ser "investigados".
Una junta civil interventora de la FSP con miras a su depuración anunció que investigará las denuncias contra Urtecho y el resto de los oficiales. (FIN/IPS/tm/mj/hd/98
