La comunidad ambientalista de Honduras se declaró esta semana en "alerta permanente" a causa del asesinato del dirigente político y ambientalista Ricardo Luna.
Luna, regidor de la municipalidad de Catacamas, fue muerto el lunes pasado junto a su secretaria en la nororiental ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho.
Pertenecía al izquierdista Partido de Unificación Democrática (PUD), que en menos de seis meses ha sido golpeado por el asesinato de dos de sus dirigentes.
La primera víctima fue Carlos Escaleras, muerto en la norteña ciudad de Tocoa, quien se postulaba a la alcaldía de esa localidad y promovía una fuerte lucha contra grupos privados que se habían apoderado ilegalmente de tierras de campesinos.
Escaleras, según aseguraron dirigentes del PUD, fue muerto por "encargo" y su crimen sigue aún sin esclarecerse. Igual suerte corrió Luna, un líder popular identificado con la causa ecologista.
Luna y su secretaria fueron asesinados por varios desconocidos cuando salían de la alcaldía de Catacamas, tras concluir una reunión entre los regidores y el alcalde sobre problemas de la ciudad.
Antes de la reunión, había anunciado que pediría la aprobación de una asamblea abierta para denunciar a madereros de la zona que, según dijo, depredan los bosques de Olancho.
Por su campaña de denuncias había sido amenazado de muerte por terratenientes y madereros, según afirmó a la Fiscalía del Estado.
Mauricio Torres, vinculado a la organización indígena Mopawi, de la costa atlántica, dijo el miércoles que la comunidad ambientalista "está de luto, porque mataron a un gran defensor del ambiente, que dio fuertes golpes a los madereros de Olancho".
El asesinato de Luna fue perpetrado cinco días después de que organizaciones ecologistas se reunieran en Catacamas para analizar y condenar el proyecto gubernamental crear una central enérgetica en la región atlántica de la Mosquitia, una de las zonas de mayores recursos naturales del país y de América Central, dijo Torres.
Conocido como "Patuca II", el proyecto contempla fuertes inversiones en materia de generación de energía y turismo. Luna era uno de los principales opositores" a esa iniciativa, destacó Torres.
"Por su honestidad, la gente creía en él y le seguía en sus acciones". Luna se proponía organizar "una marcha en todo el departamento de Olancho contra el proyecto Patuca II", y denunciar "a varios importantes madereros", agregó.
Torres agregó que el asesinato de Luna determinó a la comunidad ambientalista a declararse "en alerta permanente".
Por su parte, la fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía del Estado, Clarissa Vega, dijo este miércoles que el asesinato obedece a "una escalada para intimidar los que defendemos el ambiente, pero no claudicaremos y vamos a investigar a fondo la muerte de Luna". (FIN/IPS/tm/ff/hd en/98