La masacre de Puerto Alvira, en la que 22 campesinos fueron asesinados esta semana, confirmaría la tesis de que grupos paramilitares de Colombia en lucha contra la guerrilla izquierdista procuran conquistar las selvas del sur del país.
Alfredo Rangel, asesor de la Presidencia en materia de seguridad, cree que los paramilitares tratan de "penetrar en la retaguardia estratégica que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen en esa zona", y que por eso desataron una ofensiva brutal de la que es víctima la población civil.
"Su máxima aspiración es penetrar los dominios de las FARC" y disputarle los enormes ingresos económicos que obtiene "de los 'impuestos' que cobra a los narcotraficantes por el procesamiento de coca y la protección que les prestan para sus actividades", dijo Rangel a IPS.
Si los paramilitares se apropian de los recursos que la guerrilla obtiene del narcotráfico "la situación puede llegar a un punto sin retorno a su favor", agregó el experto.
Los grupos paramilitares fueron creados a comienzos de los años 80 con apoyo del ejército y los terratenientes para enfrentar a la guerrilla.
Pero el gobierno los declaró ilegales en 1989 por sus nexos con el narcotráfico y porque su actividad se desbordó con ataques contra líderes sociales y activistas de izquierda a los que acusaban de apoyar la insurgencia.
Sus centros de operación estaban situados en los departamentos del norte y el noroeste de Colombia, pero desde comienzos de 1997 desarrollan una sistemática ofensiva en dominios de la guerrilla que ha producido numerosas muertes y un aumento de los desplazamientos entre la población civil.
Esta etapa del enfrentamiento, al que algunos llaman "la guerra de la coca", se intensificó en julio cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), organización liderada por el jefe paramilitar Carlos Castaño, atacaron la población de la localidad de Mapiripán, en el sudeste.
En esa oportunidad, los hombres de Castaño asesinaron al menos a 30 personas por sus supuestos nexos con la guerrilla y forzaron al éxodo a 250 campesinos que se sumaron al millón de desplazados que ha dejado el conflicto interno en los últimos cinco años.
El ataque a Mapiripán, efectuado por 120 hombres armados, dio base para el cuestionamiento sobre el papel que deben cumplir las Fuerzas Armadas en la protección a la población civil y sobre la posible complicidad de algunos de sus miembros con estos grupos armados irregulares que se mueven con libertad por el país.
Castaño reconoció que su grupo fue responsable del ataque y anunció, en base a la lógica en que inscribe su proyecto paramilitar, que se producirían "muchos Mapiripanes más".
En una entrevista con representantes de la Consejería de Paz de la Presidencia, el jefe paramilitar informó que las ACCU consideran que "las masacres de sospechosos son una notificación eficaz a la población para que corte sus lazos de apoyo con la guerrilla".
La estrategia de las masacres lleva a que muchos colaboradores de la guerrilla "se asusten y huyan", luego de lo cual "los que quedan se organizan en redes de autodefensa y la región queda recuperada", explicó Castaño.
Al ataque dentro del perímetro urbano de Mapiripán le siguió la masacre de La Cooperativa, localidad rural del mismo municipio, donde fueron asesinadas siete personas el 17 de agosto de 1997.
El último ataque a ese municipio se produjo el día 4 en la localidad de Puerto Alvira, a donde llegaron 200 hombres armados en lo que Teófilo Vásquez, del no gubernamental Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP), definió como la "crónica de una masacre anunciada".
El ataque a Puerto Alvira había sido anunciado a comienzos de este año por grupos paramilitares que consideraban esa localidad "un foco de narcoguerrilleros".
Mapiripán se sitúa en el departamento de Meta, uno de los más grandes productores de hoja de coca en el que operan varios frentes de las FARC.
Vasquez señaló que Puerto Alvira era hasta "hace algún tiempo uno de los centros de cultivo y comercialización de hoja de coca, en el que se daba una alianza de intereses entre campesinos y guerrilleros".
Alfredo Molano, sociólogo y asesor de paz del gobierno, cree que el ataque a Puerto Alvira es un mensaje de los paramilitares para anunciar "que están dispuestos a dar la batalla".
Camilo González, coordinador del Mandato Ciudadano, movimiento que promueve la condena a todas las formas de violencia, sostuvo que los paramilitares quieren demostrar con su ofensiva que "pueden modificar el escenario político o militar del país".
Para otros analistas, los paramilitares procuran a través de las masacres reconocimiento como actores políticos en el conflicto armado, con el objetivo de ganar un espacio en un eventual diálogo de paz.
Según CINEP, en 1997 se registraron en el país 187 masacres, 85 por ciento de las cuales fueron atribuidas a grupos paramilitares, 14 por ciento a la guerrilla y dos por ciento al Ejército. (FIN/IPS/yf/mj/hd ip/98
