Presuntos paramilitares masacraron al menos a 17 personas en una zona rural del municipio de Mapiripán, en el sudeste de Colombia, y arrasaron el lugar, informaron organismos humanitarios que llegaron a la zona.
Los hechos ocurrieron el lunes pasado en la sección administrativa de Puerto Alvira, donde, según informó el párroco Ernesto Díaz, llegaron cerca de 200 hombres armados que después de destruir la pista aérea, el embarcadero fluvial y los establecimientos comerciales dieron muerte a unos campesinos e hirieron a otros.
Una comisión de la Cruz Roja y del Comité Internacional de Derechos Humanos del Meta (Sudeste de Colombia) llegó el martes a la localidad, que sólo está comunicada con el resto del país por un teléfono público.
Puerto Alvira está localizada a dos horas por vía fluvial y a seis horas por tierra de la cabecera municipal de Mapiripán, una región que según el ejército tiene fuerte presencia de grupos de la guerrilla y el narcotráfico.
Los campesinos que sobrevivieron al ataque afirmaron que los atacantes les dieron un plazo de ocho días para que abandonaran la localidad o de lo contrario volverían para exterminarlos.
El presidente Ernesto Samper condenó el martes el ataque a la población civil en Puerto Alvira y anunció el traslado de un grupo de élite del ejército para capturar a los responsables de la masacre.
Samper declaró que el gobierno "condena de manera enérgica estos hechos" y no permitirá que "la guerra sucia vuelva a Colombia".
Organismos humanitarios habían alertado sobre el posible recrudecimiento de la "guerra sucia" (ataques contra líderes sociales y activistas de izquierda) el 18 de abril, tras los asesinatos del abogado Eduardo Umaña, defensor de los derechos humanos, y de María Arango, ex dirigente del Partido Comunista.
Para impedir el retorno de la "guerra sucia", Samper pidió "el concurso de todos los colombianos para decirle un no rotundo a la violencia y un sí a la paz".
Según el director de la Cruz Roja de Colombia, Walter Cote, la situación en Puerto Alvira "es muy grave, pues se han encontrado ya 17 cadáveres, hay un número indeterminado de heridos y la población esta atemorizada".
Para socorrer a la población la Cruz Roja, envió un grupo de médicos y paramédicos acompañados de un delegado del Comité Internacional del organismo, y el gobierno anunció que se tomarán medidas para evitar que la población sea nuevamente atacada.
El martes, los habitantes de la localidad atribuyeron la acción a grupos paramilitares que se disputan con la guerrilla el control territorial de la zona.
Para Libardo Madero, representante del no gubernamental Comité para los Derechos Humanos del Meta, la de Puerto Alvira fue "una masacre anunciada".
Madero afirmó que desde el pasado el 17 de enero el Comité había pedido al gobierno disolver grupos de autodefensa privada que operan en la región.
"Alertamos al gobierno sobre la inminencia de nuevas masacres si no ordenaba la disolución de estos grupos, pero no fuimos atendidos", afirmó Madero.
A fines de julio del año pasado, más de 100 hombres armados llegaron hasta la sección administrativa La Cooperativa, también en jurisdicción del municipio de Mapiripán, y durante seis días realizaron una silenciosa labor de exterminio contra la población civil.
En esa oportunidad, fueron asesinadas al menos 30 personas y se produjo el éxodo de cerca de 200 campesinos que representaban más de 50 por ciento de la población de la localidad.
El ataque de La Cooperativa fue reivindicado por el grupo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que lidera el jefe paramilitar Carlos Castaño.
Una fuente del no gubernamental Centro de Investigaciones y Cultura Popular, que pidió el anonimato, dijo a IPS que la estrategia de las ACCU es aniquilar la base social de la guerrilla y por eso arremeten contra los campesinos, a los que consideran colaboradores de los insurgentes.
Según las cifras del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, durante 1997 se cometieron 185 masacres (asesinatos de más de cuatro personas en el mismo hecho) con motivaciones políticas.
Las denuncias presentadas a este comité señalaron como responsables de 85 por ciento de estos hechos a grupos paramilitares, de 14 por ciento a la guerrilla y del resto al ejército.
Así mismo, el 28 de abril otros 22 campesinos fueron asesinados por presuntos paramilitares en la localidad de Urrao, en el noroeste del país. (FIN/IPS/yf/ml/hd/98
