Amnistía Internacional (AI) y un grupo de estudiantes y académicos de Estados Unidos pidieron al gobierno de Colombia medidas para paliar la crítica situación de los derechos humanos.
En una carta al presidente Ernesto Samper, el secretario general de AI, Pierre Sané, dijo que la comunidad internacional observa "con creciente horror e indignación" la sistemática ofensiva de que han sido víctimas defensores de los derechos humanos sin que el gobierno intervenga para detenerla.
Sané observó en la carta conocida el lunes pasado, 24 horas antes de una jornada nacional contra la impunidad en Colombia, que en los últimos cuatro años se asesinó en este país a más defensores de los derechos humanos "que en cualquier otro gobierno anterior".
A pesar de que se comprometió a proteger a estos activistas, Samper "ha preferido ocultarse tras eufemismos" para explicar estas agresiones, agregó el activista en su misiva.
AI llegó a la conclusión "sobre la base de pruebas irrefutables, que la inmensa mayoría" de las violaciones de derechos humanos, en especial los ataques contra activistas, son cometidos por "agentes estatales o fuerzas paramilitares que actúan con su aquiescencia o complicidad".
Para AI, que cerró sus oficinas en Colombia el año pasado a causa de las amenazas de muerte que recibieron sus miembros, el gobierno ha intentado explicar estas violaciones "como hechos aislados" ante sus denuncias y las de otras organizaciones no gubernamentales internacionales.
Pero, en opinión de Sané, si la situación se somete a un mínimo análisis objetivo resulta "más que evidente" que estos ataques integran "una campaña sistemática y calculada para eliminar por medios ilegales a aquellos percibidos como opositores".
Para Sané, por condenable que parezca, a los defensores de los derechos humanos en Colombia se les considera cada vez más "en ciertos sectores como un grave obstáculo para las operaciones de contrainsurgencia" de las fuerzas militares y su silenciamiento deja el camino expedito para acciones reprobables.
AI dio a conocer su pronunciamiento al cumplirse el lunes un mes del asesinato de Eduardo Mendoza, abogado de presos políticos, y en víspera del primer aniversario de la muerte de Mario Calderón y Elsa Alvarado, en memoria de quienes se realizó el martes la Jornada Nacional contra la Impunidad.
Según investigaciones de la Fiscalía, Calderón y Alvarado, investigadores del Centro de Educación y Cultura Popular (CINEP), fueron asesinados por grupos al mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, jefes paramilitares que viven en la clandestinidad.
A la jornada se sumaron también académicos y estudiantes de varias universidades de Nueva York, Boston y Washington, que realizaron manifestaciones pacíficas en esas tres ciudades.
En un documento firmado, 160 estudiantes y académicos de las tres ciudades estadounidenses señalan que, conscientes de los inmensos valores y potencialidades de la sociedad colombiana y "dolidos por el abuso a que se encuentra sometida", se unen al clamor internacional para que cesen los asesinatos en Colombia.
"Solicitamos respetuosamente pero con profunda convicción al gobierno colombiano cumplir con su deber de protector de los derechos a la vida y la justicia", señala el documento que coincide el lunes con una nueva masacre de 11 personas ocurrida en la ciudad de Barrancabermeja (nordeste de Colombia).
Habitantes de esa localidad, uno de los principales centros de procesamiento de petroleos, declararon que las víctimas fueron asesinadas por cerca de 50 hombres enmascarados, "presuntamente paramilitares apoyados por el ejército", que se llevaron como rehenes a otras 40 personas.
Según un dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO) del sector petrolero, con sede en Barrancabermeja, resulta "gravemente sospechoso que un grupo tan grande de hombres armados se hayan podido movilizar en la ciudad y cometer la masacre sin haber sido detectado por la fuerza pública".
La masacre es la tercera que ocurre en este mes atribuida a paramilitares de derecha, que, según algunos analistas, es parte de una nueva estrategia de estos grupos de derecha para desplazar a la guerrilla de territorios en los que tradicionalmente han tenido presencia.
Según informes de organizaciones de derechos humanos, en 1997 se cometieron en el país 185 masacres. Se atribuye a grupos paramilitares 85 por ciento de estas acciones, 12 por ciento a la guerrilla y dos por ciento a miembros de la fuerza pública.
En su ofensiva contra los paramilitares la fiscalía ha expedido 389 órdenes de captura en los últimos 12 meses, pero sólo uno de los presuntos jefes, el empresario de esmeraldas Víctor Carranza, ha sido detenido.
Diversos estudios indican que la violencia en Colombia tiene en parte sus raíces en la impunidad, que asciende a 97 por ciento de los crímenes. (FIN/IPS/yf/mj/hd/98
