La Iglesia católica de Chile vuelve a adoptar los derechos humanos como prioridad, de acuerdo con las primeras actuaciones de su nuevo primado, el arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz.
"En nuestro país hay heridas que tienen que ser sanadas para enfrentar el futuro", dijo Errázuriz acerca del esclarecimiento de los casos de detenidos-desaparecidos, luego de visitar el martes pasado al presidente Eduardo Frei.
Errázuriz asumió su cargo el domingo 17 en una solemne ceremonia litúrgica, y al otro día, en su primer contacto con la prensa como arzobispo capitalino, dijo que la defensa de los derechos humanos es un principio cristiano intransable.
El nuevo primado de la Iglesia chilena recalcó la necesidad de que quienes tengan informes sobre lugares en que estén sepultados restos de detenidos-desaparecidos los den a conocer, para aliviar así la prolongada angustia de sus deudos.
Tras su entrevista con Frei, Errázuriz admitió la posibilidad de que la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas sirvan de nexo con las autoridades para recibir y transmitir datos confidenciales sobre la suerte de los desaparecidos.
Estas declaraciones son un implícito llamado a las Fuerzas Armadas, y en particular al Ejército, que hasta la fecha se han negado a informar sobre el paradero de unas 2.000 víctimas de desapariciones forzadas bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El asunto se reactivó en los días previos a la asunción del nuevo arzobispo de Santiago con el hallazgo de nuevas fosas clandestinas en las cercanías de Pisagua, un puerto del extremo norte en que funcionó un campamento de prisioneros políticos.
La Iglesia Católica como institución fue la principal defensora de las víctimas de crímenes represivos durante los primeros años de la dictadura de Pinochet, con el cardenal Raúl Silva Henríquez como primado.
Bajo la conducción de Silva Henríquez se creó la Vicaría de la Solidaridad, bajo cuyo alero se organizó la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) y se prestó asistencia humanitaria y judicial a los perseguidos políticos.
En 1983, el cardenal Silva Henríquez debió jubilarse y el papa Juan Pablo II designó como su sucesor al arzobispo Juan Francisco Fresno, un conservador moderado que buscó aminorar los frecuentes choques con la dictadura.
En la década del 80, la jerarquía eclesiástica se orientó sobre todo a promover acuerdos entre líderes políticos de distinto signo para facilitar una apertura política que condujera al retorno al estado de derecho.
Fresno fue uno de los principales impulsores del Acuerdo Nacional, un entendimiento de políticos de derecha, centro e izquierda no comunista que creó las condiciones para el plebiscito presidencial de octubre de 1988, en el cual Pinochet fue derrotado.
El restablecimiento de la democracia, en marzo de 1990, coincidió con el retiro de Fresno y la llegada a la máxima jerarquía católica del cardenal Carlos Oviedo, que este año dejó el cargo por razones de salud.
Oviedo, también un conservador moderado, puso el acento en la labor social de la iglesia y en los llamados temas valóricos, relativos a la familia, la educación, la sexualidad de los jóvenes y otros temas de connotación moral.
En los últimos años la Iglesia endureció su discurso contra la posibilidad de que Chile cuente con una ley de divorcio vincular y contra el uso de anticonceptivos, incluyendo su rechazo al condón en las campañas de prevención del sida.
La preocupación por los derechos humanos ocupó un lugar secundario en la agenda eclesiástica, lo cual reflejó de algún modo el predominio que fueron ganando en la Conferencia Episcopal nuevos obispos conservadores nombrados por el Vaticano.
La Iglesia se marginó así de la dinámica de la peculiar transición democrática chilena, que en marzo último tuvo uno de sus episodios fundamentales con el retiro de la comandancia del Ejército de Pinochet, que pasó a ser senador vitalicio.
La designación de Errázuriz como nuevo primado fue interpretada como una reafirmación del papel de las corrientes conservadoras moderadas, equidistantes del clero progresista y de obispos identificados con el pinochetismo.
En ese sentido, las actuaciones del arzobispo Errázuriz sorprendieron gratamente a los organismos humanitarios, y en especial a la AFDD, que agradeció públicamente sus llamados a informar sobre el paradero de los restos de desaparecidos.
En medios laicos se percibe que la Iglesia católica chilena está iniciando con Errázuriz una nueva etapa, en que sin bajar la guardia en sus planteamientos morales intenta retomar un cierto liderazgo en los temas humanitarios.
Con una visión de mediano y largo plazo, la jerarquía eclesiástica evalúa que la era de Pinochet, ya con 82 años, está llegando a su fin y que el país podrá buscar soluciones menos conflictivas para materias pendientes de la transición.
Entre estas materias ocupa un lugar preponderante el tratamiento de las violaciones de los derechos humanos, que a su vez es el punto clave para normalizar las todavía difíciles relaciones cívico-militares. (FIN/IPS/ggr/mj/hd cr/98
