El hallazgo de dos cadáveres en una tumba secreta, nuevas denuncias sobre Colonia Dignidad y un fallo judicial reactivan en Chile la atención sobre los desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Las diligencias judiciales en torno al entierro clandestino en Pisagua, 1.900 kilómetros al norte de Santiago, continuaron esta semana, tras la visita al lugar que dos jueces hicieron el martes pasado, ya que no se descarta la presencia de más cadáveres.
El diputado socialista Juan Pablo Letelier dijo que el nuevo hallazgo de posibles víctimas de la dictadura en Pisagua, donde en 1990 se encontraron restos de 20 desaparecidos, muestra que el problema de las violaciones de derechos humanos no está cerrado.
"Es hora de que los uniformados asuman los errores del pasado y pidan perdón", dijo el parlamentario, hijo del ex canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1996 por mandato de la policía secreta de Pinochet.
Pero el ex dictador, senador vitalicio desde el 11 de marzo, rechazó el emplazamiento y replicó que "primero pidan perdón esos caballeros", aludiendo a los socialistas.
Pinochet sostiene que las 2.000 desapariciones denunciadas durante los primeros años del régimen militar ocurrieron en el contexto de una "guerra subversiva" y corresponden en muchos casos a guerrilleros izquierdistas sepultados por sus compañeros.
El Ejército, que Pinochet encabezó desde agosto de 1973 hasta marzo de este año, insiste en que la justicia debe cerrar todos los casos por violaciones a los derechos humanos, aplicando una ley de amnistía expedida en abril de 1978.
Desde comienzos de la década del 80 hasta la fecha se ha podido encontrar e identificar los restos de solo unos 200 desaparecidos y la mayoría de los procesos sobre esos casos fueron cerrados por jueces militares que invocaron la amnistía.
En el caso del último hallazgo de Pisagua resta determinar los datos exactos sobre la muerte de las dos personas cuyos cadáveres se hallaron, así como hacer nuevas excavaciones en un área donde se ha denunciado la presencia de los restos de tres dirigentes socialistas desparecidos en 1974.
En Pisagua funcionó un campo de prisioneros políticos en los primeros años de la dictadura. El diputado socialista Felipe Valenzuela señala que en sus alrededores estarían sepultados unos cien izquierdistas detenidos originalmente en Valparaíso, en el centro del país.
La cuestión de los desaparecidos retomó también actualidad esta semana en torno a Colonia Dignidad, predio manejado por alemanes y situado unos 350 kilómetros al sur de Santiago, cuyo líder, Paul Schaefer, está prófugo de la justicia.
El semanario Ercilla y la televisión estatal difundieron fotografías de tres trabajadores chilenos de la colonia que corresponderían a personas desaparecidas y que aún estarían con vida, según aseguraron sus familiares.
Las fotografías fueron tomadas durante los 40 días en que la colonia permaneció virtualmente ocupado por la policía, por disposición del juez a cargo de la captura de Schaefer, un ex cabo del ejército nazi acusado de violación de niños.
Colonia Dignidad sirvió de centro de detenciones, torturas y desapariciones a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de Pinochet, de acuerdo con denuncias en foros internacionales y en el Parlamento alemán.
El abogado Humberto Lagos adelantó hace 14 días la hipótesis de que algunos detenidos-desaparecidos permanecieron con vida en la colonia bajo un régimen de trabajos forzados y habrían perdido la memoria al ser sometidos a "lavados de cerebro".
Familiares de Oscar Saldías, Luis Rivera y Enrique Carreño, tres militantes del Partido Socialista desaparecidos en los primeros años del régimen de Pinochet, aseguraron que los identificaron en las fotografías difundidas por Ercilla.
El juez Jorge Norambuena, de la ciudad de Parral, convocó el martes a los familiares autores de la denuncia y a los supuestos desaparecidos, quienes resultaron ser trabajadores externos de la colonia identificados como Manuel González, Ramón Zavala y Héctor Muñoz.
Los familiares, sin embargo, afirmaron que las tres personas que llegaron hasta el tribunal no son las que aparecen en las fotografías e insistieron en seguir adelante con la querella judicial por secuestro que presentaron el lunes.
La Corte Suprema, en tanto, estableció un nuevo precedente en materia de procesos por violaciones de derechos humanos al ordenar por primera vez a la policía de Carabineros la entrega de una nómina de personal implicado en detenciones en 1973.
El caso alude a una persona asesinada el 23 de septiembre de 1973 y a dos desaparecidos los días 6 y 18 de octubre de ese mismo año en Santiago.
Hasta ahora, tanto la policía de Carabineros como las tres ramas de las Fuerzas Armadas se habían amparado en normas de la seguridad del Estado y de la defensa nacional para negarse a entregar nóminas de sus dotaciones a los jueces.
El general y abogado Fernando Torres, auditor (fiscal) del Ejército, advirtió que tras este fallo de la Corte Suprema los tribunales podrían reactivar numerosas causas de violaciones de derechos humanos cubiertas por la amnistía de 1978. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/98
